En Guatemala, la solvencia fiscal se ha convertido en una pieza clave en la vida económica de los contribuyentes. Aunque jurídicamente no es más que una certificación emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que acredita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en la práctica se ha transformado en un requisito indispensable para operar en distintos ámbitos: contratar con el Estado, renovar licencias, participar en procesos de contratación pública o, incluso, mantener relaciones comerciales con determinados sectores regulados o entre empresas privadas, por la implementación de programas de cumplimiento (compliance).
Precisamente por ese impacto, la forma en que la SAT administra la emisión y denegatoria de la solvencia fiscal no es un asunto meramente técnico, sino que ha adquirido relevancia incluso de protección constitucional. La Administración Tributaria, cuando deniega la solvencia bajo la sola estimación de que el contribuyente está pendiente de cumplir obligaciones, sin que exista previamente un procedimiento sancionatorio que declare tal incumplimiento, vulnera de manera directa derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala.
El Código Tributario en el artículo 57 “A” regula la figura de la solvencia fiscal como el documento mediante el cual, la SAT, certifica que un contribuyente:
- Se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones tributarias formales;
- Ha pagado sus adeudos tributarios exigibles.
La propia norma aclara que la emisión de la solvencia es una constatación administrativa objetiva de cumplimiento, no de una declaración definitiva sobre la corrección de la situación tributaria.
La solvencia fiscal, desde el punto de vista jurídico, es una certificación administrativa. No es un beneficio discrecional, ni un premio, ni una gracia; es simplemente la constatación de que, al momento de su emisión, el contribuyente:
- No presenta omisiones de declaraciones exigibles;
- No mantiene deudas tributarias en mora que sean exigibles;
- No se encuentra en procesos de cobro coactivo respecto de obligaciones firmes;
- Ha atendido los deberes formales que le corresponden.
Por tanto, si los requisitos objetivos que la ley fija se cumplen, la SAT debe emitir la solvencia, si no se cumplen, la denegatoria debe estar fundada en hechos determinados y en formas legales aplicables, respetando el debido proceso cuando ello suponga una declaración de incumplimiento.
Es importante entender que todo incumplimiento tributario, ya sea a un deber formal o material, debe ser previamente determinado y declarado mediante un procedimiento que garantice al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa. La Corte de Constitucionalidad[1] ha sostenido que las infracciones formales también deben ser discutidas mediante un procedimiento legal, para establecer si se cometió o no la infracción, para luego, exigir su sanción.
De esa cuenta se puede considerar que resulta problemático y constitucionalmente reprochable que la SAT funde la denegatoria de la solvencia en meras estimaciones de incumplimiento, no declaradas a través de un acto administrativo debidamente motivado, notificado y susceptible de impugnación.
En la práctica, se han observado casos en los que la SAT deniega la emisión de la solvencia fiscal argumentando que el contribuyente:
- Está “pendiente de cumplir” con determinadas obligaciones, incluso formales;
- Presenta supuestas inconsistencias o diferencias detectadas por sistemas internos.
Todo lo anterior sin que medie un procedimiento sancionatorio previo, ni una resolución en firme que declare el incumplimiento, con lo cual el simple hecho de no otorgar la solvencia genera efectos gravísimos para el contribuyente:
- Se le impide participar en licitaciones o contratos con el Estado.
- Puede ser excluido de operaciones comerciales donde clientes o contrapartes exigen solvencia como condición para llevar a cabo estas.
- Se obstaculiza el ejercicio normal de su actividad económica.
La denegatoria de la solvencia, en otras palabras, se convierte en una sanción encubierta, una medida de hecho, impuesta sin proceso y sin la oportunidad real de discutir la supuesta infracción. Lo anterior provoca vulneración a derechos fundamentales de los contribuyentes derivados de esta práctica, en cuanto al debido proceso y derecho de defensa; tutela administrativa efectiva, principios de legalidad (administrativa como tributaria), libertad de industria y comercio.
En relación con el derecho de debido proceso y a la debida defensa, puede considerarse que se configura la infracción constitucional puesto que, debido a que la Constitución garantiza que ninguna persona puede ser sancionada o condenada sin que previamente se le haya seguido un procedimiento legal, por lo que, cuando la SAT deniega la solvencia fiscal por estimar que el contribuyente está en incumplimiento, sin haber tramitado un procedimiento sancionatorio ni emitido una resolución previa que declare ese incumplimiento, conforme lo dispone el artículo 12 constitucional y 146 del Código Tributario, se está condenando al contribuyente sin juicio. La pena es concreta: se le bloquea el acceso a actividades económicas que requieren la solvencia.
Esta práctica viola el derecho de defensa y el debido proceso, porque el contribuyente se ve afectado por una medida gravosa sin haber sido citado, oído mucho menos vencido, sin que exista un acto administrativo sancionador que pueda impugnar de manera directa.
La denegatoria “automática” —sin sustento en una resolución motivada— configura una medida de hecho. Es decir, no está contemplada en la ley ni fundamentada en una resolución administrativa por lo que, no cuenta con un sustento, solo el “sistema” de la SAT como soporte para el mismo. La Administración, de esa cuenta, en lugar de seguir los cauces que la ley le impone (fiscalizar, determinar, notificar, permitir defensa, resolver), utiliza un mecanismo indirecto de presión: no entregar la solvencia. De ese modo, vulnera la tutela administrativa efectiva, entendida como el derecho del contribuyente a que las pretensiones y decisiones administrativas que le afecten se adopten mediante actos formales, motivados y revisables, y no a través de decisiones fácticas que quedan, muchas veces, fuera de un cauce claro de impugnación.
El principio de legalidad (administrativa) exige que las autoridades actúen únicamente con base en las competencias, formas y procedimientos que ésta define. La SAT está facultada para establecer el incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, pero para ello debe seguir los procedimientos del Código Tributario. Cuando, en lugar de iniciar un procedimiento formal, la Administración opta por “castigar” al contribuyente negándole la solvencia, crea en los hechos una nueva consecuencia jurídica no prevista en la ley para la simple existencia de dudas, verificaciones preliminares o diferencias no determinadas.
Además, la legalidad en materia tributaria requiere que las obligaciones y cargas tributarias se establezcan en la ley, aprobada por el Congreso de la República. De este modo, la medida de denegar la solvencia se vuelve ilegal, pues no responde a un procedimiento ni a un efecto expresamente contemplado por la normativa, sino a una forma de coacción administrativa ajena al diseño legal, es decir, sin que cuente con un sustento legal.
Aunque la solvencia fiscal es, en principio, un documento administrativo, sus efectos económicos son profundos. En diversos sectores, contar con solvencia es requisito para: celebrar ciertos contratos; participar en procesos de contratación pública; mantener habilitaciones o licencias. De esa cuenta, negarla sin fundamento objetivo y sin procedimiento legal previo se traduce, en la práctica, en una restricción al ejercicio de la actividad económica del contribuyente, que no deriva de una sanción formal ni de una disposición legal clara, sino de una decisión discrecional y fáctica de la Administración. Ello viola la libertad de industria y comercio reconocida por la Constitución, la cual sólo puede limitarse mediante ley y en condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, no a través de actos administrativos carentes de sustento procedimental.
La Corte de Constitucionalidad[2], derivada de las infracciones constitucionales antes referidas, ha se pronunciado sobre el uso de la solvencia fiscal y de mecanismos similares como instrumentos de presión indebida. En su jurisprudencia ha señalado que:
- No es compatible con la Constitución Política de la República de Guatemala condicionar el ejercicio de derechos o la realización de actividades económicas al pago previo de supuestas deudas tributarias o a la obtención de una solvencia cuya denegatoria se basa en la sola presunción de incumplimiento.
- La lógica del denominado “solve et repete” (paga primero, reclama después) es inaceptable en el Estado de Derecho guatemalteco, porque vacía de contenido el derecho de defensa y la posibilidad real de impugnar actos administrativos.
En las decisiones relacionadas con la solvencia fiscal, la Corte de Constitucionalidad ha advertido que este documento no puede convertirse en una forma indirecta de sanción ni en un filtro para impedir el ejercicio de derechos, si no existe previamente una declaración firme de incumplimiento adoptada con respeto al debido proceso.
Así, la jurisprudencia constitucional confirma que la denegatoria injustificada de la solvencia se ubica en el terreno de las infracciones constitucionales, no en el de meras irregularidades administrativas.
Vías de defensa del contribuyente
Frente a la denegatoria de la solvencia fiscal basada en estimaciones o supuestos incumplimientos no determinados, el contribuyente no está indefenso. Existen, al menos, dos niveles de reacción:
- Ámbito administrativo
- Solicitar por escrito a la SAT que motive formalmente la razón de la denegatoria.
- Exigir que, si la Administración sostiene que existe incumplimiento, inicie el procedimiento correspondiente, notificando los cargos y permitiendo el ejercicio de defensa.
- Ámbito constitucional
- Cuando la denegatoria de solvencia acarrea efectos graves e inmediatos —por ejemplo, la imposibilidad de contratar o de continuar una actividad económica— y no existe una vía administrativa eficaz, el contribuyente puede plantear acción de amparo por violación de derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa, la legalidad administrativa y la libertad de industria y comercio.
- En muchos casos, la tutela constitucional se convierte en el mecanismo idóneo para corregir prácticas administrativas que, aunque amparadas en sistemas informáticos o criterios internos, carecen de un verdadero sustento legal y procedimental.
Aclaro, la solvencia fiscal, tal como la regula el artículo 57 “A” del Código Tributario, cumple una función legítima: certificar, de manera objetiva, que un contribuyente está al día con sus obligaciones tributarias exigibles. No debería ser demonizada ni eliminada del sistema, sin embargo, no debe ser instrumentalizada como una herramienta de hecho para doblegar a los contribuyentes al pago de obligaciones que no han sido discutidas en un procedimiento legal y cuyas resoluciones no estén firmes.
Conclusión
La denegatoria de la solvencia fiscal, cuando el supuesto incumplimiento tributario no ha sido discutido mediante un procedimiento legal, se convierte en una infracción constitucional por parte de la SAT, por lo que se debe recurrir ya sea vía administrativa o constitucional para corregir tal violación.
[1] Sentencias de apelación de amparo, emitidas por la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes: 5608-2024 y 7229-2024.
[2] Sentencia de fecha 12 de agosto de 2014 dictada dentro del expediente 680-2013. En el mismo sentido la sentencia dictada dentro del expediente No. 290-2013.
