Les informamos que el día de hoy, 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión relevante en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, relacionada con la imposición de aranceles por parte del Poder Ejecutivo estadounidense.
I- Resumen de la sentencia
La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que el Poder Ejecutivo de ese país no tiene facultad legal para imponer aranceles utilizando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), en español Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales. En particular, determinó que la facultad otorgada por dicha ley para “regular la importación” no es suficiente para autorizar la imposición de aranceles.
Asimismo, la Corte reafirmó que la potestad de imponer aranceles corresponde exclusivamente al Congreso de los Estados Unidos, y que una declaración de emergencia nacional no sustituye una autorización expresa del Congreso para establecerlos.
II- Utilización de CAFTA-DR para exportaciones
Mediante un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, se ha resaltado que las exportaciones costarricenses hacia los Estados Unidos continúan rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR), conforme a las reglas y beneficios actualmente vigentes.
III- Posibles implicaciones
Entre las principales implicaciones de esta decisión se destacan las siguientes:
- Inaplicabilidad de los aranceles recíprocos impuestos con base en la IEEPA, los cuales, en el caso de Costa Rica, correspondían a un 15 %.
- Posibles respuestas del Congreso o del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, mediante la utilización de otros mecanismos legales distintos de la IEEPA, para mantener o reintroducir aranceles.
- Mayor certeza jurídica para las empresas exportadoras, al limitarse el uso de facultades de emergencia para imponer aranceles de manera unilateral.
- Posibilidad de solicitar la devolución de los impuestos pagados, sujeto a los procedimientos y requisitos que establezcan las autoridades competentes.
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