Cambio relevantes con la entrada en vigor de la Ley 1223 en Nicaragua

El 6 de noviembre del corriente año entró en vigor la Ley 1223, Ley de Telecomunicaciones Convergentes (la “Ley”), luego de vencerse el plazo previo de un año para entrar en vigor desde su publicación en la Gaceta, Diario Oficial Número 204.

Esta Ley representa una importante reforma estructural del marco jurídico que regía desde la Ley 200 “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales”, promulgada hace 30 años y que introdujo por primera vez un marco legal para regular los servicios de telefonía, radiodifusión y correos, estableciendo principios de competencia, concesión y supervisión técnica bajo la rectoría del ente regulador.

La Ley 1223, que es de orden público, reconoce la transformación digital y la convergencia tecnológica que caracteriza al ecosistema actual de comunicaciones, donde las fronteras entre radiodifusión, internet y servicios móviles prácticamente han desaparecido. Con un enfoque amplio y actualizado, la Ley 1223 procura integrar en un solo cuerpo legal todos los servicios de telecomunicaciones y contenidos digitales, fortaleciendo la potestad reguladora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Esta Ley redefine las reglas en telecomunicaciones en un entorno en que la comunicación ya no es solo un servicio, sino un espacio estratégico de gobernanza tecnológica.

Esta distancia temporal y conceptual evidencia la existencia de dos enfoques claramente diferenciados: uno orientado a la apertura y liberalización del mercado, y otro centrado en la regulación y supervisión integral del sector. En este contexto, y con el objetivo de ajustarse a la nueva Ley, se vuelve relevante examinar las principales diferencias o cambios entre ambas leyes, tales como las competencias institucionales, el régimen de licencias, el alcance tecnológico y el nivel de intervención del Estado en la gestión de las telecomunicaciones.

La Ley se anuncia como una modernización convergente (telefonía fija, móvil, internet, TV, satélites, etc.). Su preámbulo destaca objetivos como “convergencia tecnológica”, “acceso universal” y “proteger derechos de los usuarios”. A continuación, efectuamos un recorrido por los principales temas a destacar.

1- Régimen de licencias y concesiones: La Ley reúne tres tipos de licencias como títulos habilitantes de los servicios de telecomunicaciones, siendo las siguientes:

    • Licencia de servicios públicos de telecomunicaciones: Licencia mediante la cual se autoriza a personas naturales o jurídicas a la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones; de manera enunciativa, los servicios de telefonía fija y móvil, acceso a Internet fijo y móvil, servicio portador, transmisión de datos, radiocomunicación, servicios satelitales, así como cualquier otro Servicio Público de Telecomunicaciones que surja en el futuro como consecuencia de la evolución, convergencia tecnológica y de mercado. En este caso, se engloban varias autorizaciones o permisos que bajo el marco de la ley anterior – Ley 200 – se gestionaban de forma independiente o bien que, además de la licencia, requerían algún tipo de permiso o registro adicional.
    • Licencia de servicios de comunicaciones audiovisuales: Licencia mediante la cual se autoriza a personas naturales o jurídicas a la prestación de Servicios Públicos de Comunicaciones Audiovisuales; pertenecen a éstos, de manera enunciativa, la Televisión Abierta, la Televisión por Suscripción o de paga, la Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (AM) o en Frecuencia Modulada (FM), así como cualquier otro servicio de difusión de contenido audiovisual utilizando cualquier tecnología o medio de transmisión, incluyendo el Internet. La Ley 1223, define como “contenido”: “Información generada bajo cualquier modo o forma de expresión, que puede ser distribuida por cualquier medio electrónico y es parte de un mensaje que el medio o sistema de transferencia no examina ni modifica, salvo para conversión al formato apropiado para la transmisión del mismo”.
      • En este sentido, la Ley anterior – Ley 200 – no contemplaba disposiciones relacionadas a la generación de contenido. Por su parte, la Ley 1223 propone una regulación amplia sobre este tema. Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con información adicional oficial sobre regulación que complemente la aplicación de este tipo de licencia.
    • Licencia de derecho de uso del espectro radioeléctrico: Licencia dirigida a un operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones que utilice el espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones, la cual comprende a su vez el derecho de instalación, operación y explotación de las redes, equipos e infraestructura radioeléctrica necesaria para la prestación de dichos servicios. A diferencia de la Ley 200 que solo requería gestionar “permiso” para uso del espectro radioeléctrico, la nueva Ley 1223 eleva este requisito a una Licencia, respecto a la cual aún no se determinan los requisitos necesarios para su solicitud.

2- Plazo de las licencias: La nueva Ley determina un – rango en el plazo de vigencia de las licencias de entre 10 y 20 años prorrogables; las licencias pueden ser transferidas o cedidas previa autorización del ente regulador, a diferencia de la Ley 200 que expresamente lo prohibía.

3- Competencia y regulación del mercado: La Ley 200 reconocía la libre competencia como principio rector. Prohibía toda práctica monopolística o desleal y obligaba a los operadores dominantes a facilitar interconexión a tarifas competitivas. En el mismo sentido, la Ley 1223 mantiene el énfasis en la equidad en el mercado, en competencia y apertura, pero introduce principios rectores como “igualdad, no discriminación, competencia, inversión e innovación” y “neutralidad competitiva”, lo que procura que “ningún operador esté por encima de otro”, estableciendo criterios sobre interconexión y uso compartido de infraestructura, lo que no se regulaba de forma general en la Ley 200. Como otra novedad, la nueva Ley establece disposiciones relativas a la portabilidad numérica, a fin de que los usuarios puedan mantener su número asignado, aunque decida cambiar de operador, como una medida de empoderamiento al usuario.

4- Nuevos mecanismos: La Ley 1223 establece regulación específica sobre aterrizaje de señal satelital, aterrizaje y paso de cables submarinos, así como para la coordinación satelital internacional, determinando la necesidad de solicitar la autorización respectiva ante el ente regulador.

5- Inclusión: Una novedad en la Ley 1223 es que presenta regulaciones sobre la inclusión y el acceso para las personas con discapacidad y necesidades especiales, lo cual no se regulaba en la Ley 200.

6- Regulación sobre cánones: La nueva Ley establece que por la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y/o Servicios de Comunicaciones Audiovisuales por suscripción o paga, el titular respectivo deberá pagar a favor del ente regulador (TELCOR) un canon por regulación recurrente mensual cuyo monto se expresará como un porcentaje base de los Ingresos Brutos del mes correspondiente, por la prestación de todos los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y/o Servicios de Comunicaciones Audiovisuales por suscripción o paga, autorizados en su Licencia. Esta nueva metodología de cálculo no podrá ser mayor al tres por ciento (3%). TELCOR establecerá cánones diferenciados a partir del porcentaje base, con el objeto de que dichos cánones reflejen el nivel de participación de mercado de los Operadores y Proveedores, tomando como parámetro sus respectivos Ingresos Brutos Anuales.

7- Servicios postales: La ley 200 incluía un capítulo dedicado al servicio postal. Esta declaraba al servicio postal de “utilidad pública”, prohibía monopolios (salvo para la correspondencia oficial) y garantizaba la prestación universal de cartas y paquetes. Además, protegía la confidencialidad de la correspondencia postal y nombraba a Correos de Nicaragua como administrador estatal del servicio universal. En conjunto, la Ley 200 regulaba el correo postal como un servicio público básico, paralelo a la telefonía, a diferencia de la Ley 1223, la cual no aborda los servicios postales. Su nombre y texto refuerzan que sustituye a la Ley 200 de Telecomunicaciones y Correos Postales, pero se centra en telecomunicaciones convergentes. Es decir, los servicios postales quedan excluidos de esta ley.

La nueva Ley otorga la facultad al ente regulador de emitir todas las normativas que sean necesarias, con el objetivo de garantizar la aplicación de las disposiciones de la ley. En la práctica, aunque la Ley 1223 ya está en vigor, actualmente no se encuentra reglamentada en muchos aspectos. El ente regulador ha informado que se encuentran trabajando en una serie de normativas que complementarán y regularán la aplicación de dicha Ley, con las cuales se espera que los elementos que están regulados de forma general por la nueva Ley sean ampliados y definidos en detalle por las normativas adicionales que para tales efectos emita el ente regulador.

El ente regulador publicó en La Gaceta, Diario Oficial No. 215 del 18 de noviembre de 2025, las primeras seis de los diecinueve Acuerdos Administrativos con las Normativas previstas. Estas disposiciones amplían el marco operativo para la implementación de la Ley, con especial énfasis en los regímenes de Títulos Habilitantes, gestión y atención de reclamos, homologación e internación de equipos, así como en la estructura de cánones y tarifas. Asimismo, incorporan lineamientos reforzados para la protección de los derechos de los usuarios y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Ante un marco legal que exige adaptación técnica, cumplimiento normativo y estrategias de operación ajustadas a los nuevos estándares, resulta esencial contar con asesoría especializada para navegar con certeza en este entorno regulatorio. Desde Consortium Legal acompañamos a personas y empresas de cualquier naturaleza, así como a actores del sector de telecomunicaciones a interpretar, implementar y anticiparse a las implicaciones prácticas establecidas en la Ley 1223.