En un artículo anterior pudimos conocer de los efectos y alcances de los requerimientos de información en materia tributaria con el objeto de dimensionar su importancia (ver el artículo aquí). Debido a lo anterior, es muy probable que se produzcan contingencias pecuniarias y/o penales en dado caso no se defiendan correctamente, por lo que resulta importante analizar los medios de defensa idóneos en contra de dichas actuaciones administrativas y judiciales.
Sin más introducción, analizaremos lo que prescribe la ley, doctrina y criterios jurisprudenciales firmes, en cuanto a la idoneidad de los medios de defensa que pueden ser presentados en contra de:
- Requerimientos de información administrativos;
- Resoluciones emitidas dentro de los procesos cautelares de providencias de urgencia tributarios (requerimiento de información judicial).
I- De los medios de defensa en contra de requerimientos de información tributarios realizados en fase administrativa.
El requerimiento de información tributario se encuentra regulado en el art. 21 “A”, inciso 17, del Código Tributario el cual dispone que: «(…) Toda solicitud de información que haga la SAT a los contribuyentes o a terceros, con fines de fiscalización, deberá hacerla en el requerimiento de información que origina el proceso administrativo».
De acuerdo con lo considerado en el artículo antes analizado, el requerimiento de información origina el procedimiento o expediente administrativo en materia tributaria, por lo que, dicho requerimiento de información, al constituirse como una providencia de trámite y no resolver cuestiones de fondo, debería poder ser impugnada a través del recurso de nulidad que contempla el art. 160 del Código Tributario.
Lo anterior, debido a que estos requerimientos de información, en el ámbito administrativo, pueden presentar vicios sustanciales, como la omisión de datos esenciales —por ejemplo, el período impositivo o el tipo de impuesto a fiscalizar— o la solicitud de información que el contribuyente no está legalmente obligado a proporcionar, ya que esta constituye:
- Información que no existe o materialmente es imposible contar con ella;
- Información que se encuentra prescrita;
- Información que constituye secreto empresarial de acuerdo con el 174 de la Ley de Propiedad Industrial. La tesis anterior se robustece al existir casos en los cuales la propia Administración Tributaria anula o enmienda los requerimientos de información administrativos para corregir tales falencias, por lo que nuevamente se reitera que debería ser posible impugnarse a través de nulidad. (si la SAT lo hace, el contribuyente también podría impugnarlo).
Para dar mayor exposición a la tesis antes señalada, merece la pena citar una resolución jurisdiccional, en la cual se establece que la información solicitada de forma judicial constituye secreto empresarial, por lo que, con la información presentada, la Administración Tributaria pudo realizar la verificación correspondiente: «Antes de resolver que se aclare lo referente lo último requerido por la parte actora con fecha nueve de septiembre del dos mil quince, constituye secreto empresarial, según lo establece el apartado uno de resultados de la ampliación del informe circunstanciado de fecha diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, toda vez que es incongruente con el apartado dos de conclusiones de dicha ampliación, al indicar que con la documentación presentada antes del respectivo requerimiento es factible realizar la verificación para determinación de las obligaciones tributarias y aduaneras, en consecuencia no existió razón para iniciar la presente demanda, si con los documentos presentados era posible la verificación según lo manifestado por la actora, por lo que hágase la petición conforme a derecho.» (Resolución emitida por el Juzgado Tercero de lo Económico Coactivo dentro del expediente de providencias de urgencia número 01054-2015-00698. Posteriormente el Juzgado tuvo por desistida la providencia cautelar)
De lo anterior, es claro resaltar que los requerimientos de información administrativos pueden tener falencias, y en tal razón, ser susceptibles de ser impugnados a través del recurso de nulidad administrativo. No obstante, lastimosamente, la Corte de Constitucionalidad ha limitado por completo la interposición de medios de impugnación administrativos en contra de requerimientos de información tributarios, y en tal razón, le ha concedido a dicha providencia administrativa la calidad de ininmpugnable.
La doctrina legal se cita a continuación:
«Debido a esta elemental razón, ha concluido que la nulidad no es idónea para objetar el contenido de un requerimiento de información. Este criterio legal lo ha sostenido la Corte en múltiples precedentes, entre los cuales se citan alguno: sentencias de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictadas en los expedientes 1645-2018, 1047-2019 y 3654-2022, respectivamente. Doctrina legal no ha sido innovada, por lo que continúa siendo de observancia obligatoria por virtud de los artículos 43 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.» (Expediente número 7431-2023 de la Corte de Constitucionalidad)»
En conclusión, la Corte de Constitucionalidad mantiene la inimpugnabilidad del requerimiento de información tributaria en fase administrativa, por lo que el único medio de defensa idóneo que puede promoverse es la acción constitucional de amparo.
II- De los medios de defensa en contra de resoluciones emitidas dentro de providencias de urgencia (requerimiento de información judicial).
Por su lado, el proceso cautelar de providencias de urgencia se encuentra regulado en el art. 170 y 170 “A” del Código Tributario, el cual faculta a la Administración Tributaria a solicitar a los Juzgados de lo Económico Coactivo las medidas cautelares correspondientes que permitan la debida verificación y fiscalización que manda la ley, cuando exista resistencia por parte del contribuyente durante la fase administrativa.
El trámite de la providencia de urgencia es el siguiente:
- La Administración Tributaria realiza la solicitud de providencias ante el Juzgado, luego de un informe administrativo preliminar en el cual se concluye que el contribuyente no presentó la información;
- El Juzgado debe determinar si la providencia requerida es favorable o desfavorable;
- Si es desfavorable se debe denegar la providencia de urgencia, por información que el contribuyente no está obligado a presentar (información prescrita; secreto empresarial; o aquella información que materialmente es imposible contar, entre otros muchos ejemplos);
- Si es favorable el Juzgado otorga un plazo de 10 días para que el contribuyente presente la información, y de ser entregada, se tiene por finalizado el proceso; y,
- En dado caso el contribuyente no presente la información, el Juzgado debe certificar lo conducente por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria en el plazo de 10 días.
En palabras más sencillas, la providencia de urgencia es un proceso cautelar judicial que busca garantizar a la Administración Tributaria su facultad fiscalizadora para que cuente con la información y documentación que el contribuyente no presentó en fase administrativa. Las resoluciones que pueden afectar derechos son, entre otras:
- Resolución que declara favorable la providencia de urgencia y ordena presentar la documentación en el plazo de 10 días; y,
- La certificación de lo conducente por no entregarse la información requerida en fase judicial.
Las resoluciones antes indicadas, a criterio del presente autor, deberían poder ser impugnables a través de los medios de defensa que contempla la Ley del Organismo Judicial utilizado de forma supletoria, tales como la revocatoria, nulidad y apelación (arts. 23, 138, 140 y 146 de la Ley antes referida); y, asimismo, a través de los mismos medios de impugnación que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil (art. 534 del Código antes referido) el cual puede ser utilizado de forma análoga conforme al art. 10 de la Ley del Organismo Judicial. Lo anterior, pues el proceso cautelar de la providencia de urgencia regulado en los arts. 170 y 170 “A” del Código Tributario no contemplan ningún tipo de medio de defensa o impugnación.
Se reitera que las providencias de urgencia deben de ser consideradas impugnables, pues resulta contrario a derecho que exista un procedimiento judicial completo que afecte los derechos de los contribuyentes, en el cual no exista ningún medio de impugnación a presentarse. Inclusive el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece la necesidad de la existencia de medios de impugnación ordinarios: «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, (…)»
No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha considerado que dichas providencias de urgencia, y toda aquella resolución que resulte del trámite de esta, reviste el carácter de INIMPUGNABLE, tal y como se indica a continuación.
A- De la admisión y declaración favorable de las providencias de urgencia.
La doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad señala lo siguiente en cuanto a la impugnabilidad de las providencias de urgencia en materia tributaria: «Al respecto y por el tipo de diligencias de que se trata, este Tribunal, en reiterados fallos, ha sostenido el criterio de que lo resuelto en las providencias de urgencia no puede ser objeto de impugnación, por no constituir un proceso de conocimiento en el que se resuelva el fondo del asunto, si no uno de naturaleza cautelar, cuya única pretensión es asegurar el cumplimiento de una obligación. [En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal, entre otras, en las sentencias de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, veintitrés de enero y diecisiete de mayo, ambas de dos mil diecisiete y tres de julio, veintidós de julio y doce de agosto, todas de dos mil quince, dictadas dentro de los expedientes 4743-2016, 3283-2016, 2684-2016, 5595- 2014, 1973-2015 y 2571-2015, respectivamente].» (Sentencia emitida dentro del expediente 1251-2022 de la Corte de Constitucionalidad)» -El resaltado y subrayado es propio.
En tal razón, la Corte ha considerado que la resolución que admite y declara favorable las providencias de urgencia en materia tributaria no pueden ser impugnadas, por lo que el único medio de defensa idóneo es la acción constitucional de amparo, por medio de la cual Consortium Legal – Guatemala, ya ha obtenido fallos favorables.
B- De la certificación de lo conducente en materia de providencias de urgencia.
Anteriormente, la Corte de Constitucionalidad había establecido que la certificación de lo conducente realizada por un órgano jurisdiccional no podía generar agravio constitucional, por lo que dicha actuación judicial no debía analizarse a través del amparo, pues resulta posible presentar la defensa correspondiente en el proceso penal (Sentencias de la Corte de Constitucionalidad expedientes 2038-2011; 2797-2011 y 3080-2012).
Dicha doctrina legal ha encontrado una excepción a la regla, y consiste en aquella certificación de lo conducente que se emite en base a consideraciones totalmente irrazonables y arbitrarias que no son congruentes con las actuaciones que figuran en un expediente judicial.
En tal razón, pese a que en un inicio la Corte de Constitucionalidad estableció que no procedía ningún medio de defensa en contra de la certificación de lo conducente, en el siguiente criterio jurisprudencial generado por Consortium Legal – Guatemala, se otorga el amparo ante una actuación totalmente arbitraria: «De las constancias procesales y de los hechos expuestos anteriormente, esta Corte considera inicialmente, que la entidad contribuyente el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno [página electrónica 39 del tomo cuatro de la pieza judicial], entregó en sede administrativa los cinco documentos faltantes del requerimiento realizado en su momento y que fueron objeto de la solicitud de diligencias de urgencia, situación que la Administración Tributaria reconoció al remitir informe circunstanciado de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno [página electrónica 47 del tomo cuatro de la pieza judicial], dentro del proceso judicial relacionado. Por tal razón, resulta absolutamente improcedente y arbitrario por parte de la autoridad impugnada, certificar lo conducente por “Resistencia a la Acción Fiscalizadora de la Administración Tributaria” cuando es claro que los documentos fueron entregados, por lo que, la providencia debió haber sido declarada sin lugar y no ordenar certificar lo conducente a la vía penal.» (Sentencia emitida dentro del expediente 407-2024 de la Corte de Constitucionalidad)» -El resaltado y subrayado es propio-
De acuerdo con el criterio jurisprudencial constitucional antes citado, se concluye que el medio de defensa idóneo en contra de la certificación de lo conducente emitida dentro de un proceso cautelar de providencia de urgencia tributario es la acción constitucional de amparo.
III- Conclusión
En conclusión, los únicos medios de defensa que pueden presentarse en contra de requerimientos de información tributarios realizados en fases administrativas y judiciales (providencias de urgencia) son las acciones constitucionales de amparo; lo cual, a criterio del presente autor, desnaturaliza por completo el carácter subsidiario y extraordinario de la garantía constitucional de amparo, más aún, cuando sí existen medios de impugnación administrativos y judiciales que pueden ser interpuestos para corregir las falencias y errores de los órganos administrativos y judiciales correspondientes, y sin embargo, los mismos se encuentra limitados por la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad.
De tal forma, resulta válido cuestionarse si la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad es correcta, y sí convencionalmente se encuentra apegada a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos, pues todos los administrados deberíamos de contar con un recurso sencillo y rápido que verifiquen lo actuado en fase administrativa y judicial, pues es claro que existen errores en los requerimientos de información administrativos y judiciales que pueden ser corregidos, tal y como se ha demostrado a través del presente artículo.
En un tercer y último artículo estaremos analizando los métodos alternativos para defender los requerimientos de información administrativos y judiciales, y así evitar contingencias pecuniarias y/o penales.
