Contratos de distribución exclusiva bajo la lupa de la ley de competencia en Guatemala

Los Contratos de Distribución Exclusiva para ambas partes son una herramienta clave para muchas empresas, ya que les permite fortalecer la relación con sus distribuidores, fomentar su lealtad y proteger las inversiones realizadas en el mercado. Si bien se trata de acuerdos comunes y generalmente aceptados en la práctica comercial, el nuevo marco legal de competencia en Guatemala exige evaluarlos con mayor cuidado para evitar riesgos legales.

En este contexto, este artículo plantea dos preguntas fundamentales:

¿Puede un contrato de distribución exclusiva para ambas partes considerarse una práctica anticompetitiva? y, ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas con esta nueva normativa?

Un contrato de distribución puede contener exclusividad para el distribuidor, para el principal o para ambos. En el caso de la exclusividad para ambos, el contrato de distribución es un acuerdo en el que un proveedor designa a un solo distribuidor para comercializar sus productos o servicios dentro de un territorio o mercado específico, y este distribuidor, a su vez, se compromete a no vender productos de marcas competidoras. Este tipo de contratos ofrece importantes ventajas para ambas partes. Para el proveedor, permite asegurar su presencia en el mercado con un socio comprometido, alinear las estrategias comerciales, proteger su marca mediante un control más uniforme sobre la calidad y las condiciones de venta, y fomentar la lealtad del distribuidor. Para el distribuidor, brinda seguridad frente a la competencia directa, mejores condiciones para planificar y recuperar su inversión, incentivos económicos o comerciales preferenciales y la posibilidad de enfocarse en desarrollar la marca sin el riesgo de competir contra otros distribuidores del mismo producto.

En conjunto, estas ventajas fortalecen la relación comercial y contribuyen al crecimiento sostenido en el mercado. Ahora bien, ¿cómo se integra este concepto dentro de la nueva Ley de Competencia en Guatemala?

La Ley de Competencia en Guatemala tiene como objetivo principal promover mercados abiertos y equitativos, garantizando que las empresas compitan en condiciones justas y que los consumidores puedan acceder a más opciones y mejores precios.

Para alcanzar este objetivo, la ley establece un marco para identificar y sancionar conductas empresariales que puedan afectar negativamente la competencia. Distingue entre las prácticas absolutas, que son acuerdos entre competidores para fijar precios, limitar producción o repartirse mercados y que están prohibidas de manera categórica. Sin embargo, la ley de Competencia contempla la defensa por eficiencia de dichas prácticas y las prácticas relativas, como las cláusulas de exclusividad o descuentos condicionados, que no son ilegales per se, pero pueden ser sancionadas si generan efectos contrarios a la competencia. En este contexto, prácticas como la distribución exclusiva deben analizarse cuidadosamente para asegurar que no generen barreras de entrada ni exclusiones indebidas en el mercado bajo el nuevo marco normativo.

Considerando el concepto del contrato de distribución exclusiva y el objeto y marco regulatorio de la ley de Competencia en Guatemala, para que un contrato de distribución exclusiva se pueda considerar como una práctica anticompetitiva se requiere que sean realizadas por sujetos que tengan una posición de dominio en el mismo mercado relevante, que se realice respecto a bienes y servicios relacionados a ese mercado relevante y tengan por efecto desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Por naturaleza, las cláusulas de exclusividad para el Principal estarán dentro de esta prohibición, es decir, nombrar un único distribuidor obligándose a evitar la entrada de otro distribuidor de manera activa, califica en esta prohibición.

En la exclusividad para el distribuidor, es decir, que únicamente puede vender esa marca o esos productos, podrá ser prohibida cuando llene los requisitos anteriores. Sin embargo, en ambos casos podrá buscarse justificarlo comercialmente, como una defensa por eficiencia, es decir, que no impliquen (art. 10 numeral 8) cerrar el mercado a otros competidores o limitar indebidamente las opciones para los consumidores. La nueva Ley de Competencia no prohíbe los Contratos de Distribución Exclusiva de manera expresa, si bien estas prácticas se podrían encuadrar como prácticas prohibidas, en caso de encontrarse dentro de un proceso ante la autoridad de competencia, como fue mencionado anteriormente, estás pueden justificarse por la excepción de eficiencia argumentando las razones comerciales y cumpliendo los criterios de excepción. Esto obliga a las empresas a evaluar si, en conjunto con su posición en el mercado, podrían generar efectos negativos para la competencia.

Para reducir riesgos, es recomendable que las empresas analicen, bajo el marco legal y los parámetros establecidos en la Ley de Competencia, que sus cláusulas de exclusividad no causan los siguientes efectos:

    1. Sean llevadas a cabo por uno o más agentes económicos que tengan posición de dominio en el mismo mercado relevante en que se realiza la práctica;
    2. Se realicen respecto de los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el mercado relevante de que se trate;
    3. Tengan por efecto desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos;
    4. En el país de la otra parte, si fuere extranjera, no se caen en limitaciones o prohibiciones que se han incumplido localmente.

Por último, contar con asesoría especializada es imprescindible para guiar a las empresas a implementar estos acuerdos de forma segura y alineada con los principios de la ley.