Durante varios años, en la región centroamericana se han aunado esfuerzos para evitar actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero y activos. Inicialmente, en todos los países se promulgaron leyes que se encargaron de sancionar estos delitos para evitar su comisión y, en la actualidad, cada país ha procurado establecer normativas que regulen los aspectos vinculados a los beneficiarios finales, todo con el objetivo de identificar a las que, en última instancia, poseen o controlan los activos o las transacciones de una empresa o entidad.
En cada uno de los países centroamericanos la regulación del beneficiario final inició con el fin de alinearse a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Algunas naciones han avanzado con mayor rapidez que otras, pero todas se encuentran en un proceso constante de mejora.
En el caso de Costa Rica, desde el año 2018 se promulgaron leyes y normativas destinadas a regular el denominado Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. A través de la Ley número 9,416 “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal” y su reglamento, se ha establecido el mecanismo para registrar a los beneficiarios finales, siendo este registro una dependencia de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.
El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales de Costa Rica es un registro en línea, el cual permite acceder a consultar si la entidad especifica tiene la obligación de registrar a sus beneficiarios finales, estando incluidos en los sujetos obligados las sociedades mercantiles. Este registro abarca también a aquellas personas jurídicas a quienes el Registro Nacional les asigne un número de cédula jurídica, fideicomisos privados dentro de las categorías aplicables, administradores de recursos de terceros, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, asociaciones solidaristas y otros establecidos en la Resolución MH-DGT-RES-0020-2024/DG-336-2024.
La persona autorizada para efectuar el registro es el representante legal, quien debe contar con un certificado válido de firma digital para personas físicas. El cumplimiento de esta obligación es anual, o bien, en aquellos casos de inscripción, asignación de cédula jurídica o reinscripción, se deberá realizar dentro de los veinte días hábiles siguientes a dicho evento; en casos de transformación o fusión, se aplica el mismo plazo.
Asimismo, los criterios para determinar al beneficiario final han sido establecidos en el art. 18 de la Resolución MH-DGT-RES-0020-2024/DG-336-2024, los cuales son excluyentes entre sí. El primer criterio es el de participación accionaria sustantiva, que aplica a aquella persona natural con una participación igual o superior al 15% del total del capital social. El criterio de control corresponde a las personas físicas que tengan una influencia sustantiva (control por otros medios) sobre la persona jurídica, es decir, tener el derecho a designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, poseer la condición de control de esa empresa en virtud de sus estatutos, u otros; y por último, si no aplican los dos criterios anteriores, se procederá a declarar como beneficiario a la persona natural que ocupe el puesto directivo superior de la persona jurídica.
Por otra parte, Nicaragua actualmente se encuentra entre los dos países de Centroamérica que tiene una sólida regulación en temas de beneficiarios finales, junto con Costa Rica. A partir del año 2020, el país dio sus primeros pasos en materia de regulación de beneficiarios finales y en 2021 se formalizó la creación del Registro de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles, siendo una institución subordinada a la Dirección Nacional de Registros.
Inicialmente se promulgaron diversas circulares que regulaban las generalidades del registro, las cuales posteriormente se reforzaron y unificaron a través de la Normativa de Funcionamiento del Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles, misma que fue reformada en Julio del año 2023 y es la legislación que actualmente rige todos los temas relativos a esta materia.
De acuerdo con la reforma a la Normativa de Funcionamiento del Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles, art. 11, los criterios para determinar al beneficiario final son tres, debiendo aplicarse en el orden indicado e irse excluyendo en caso de no aplicabilidad:
- Criterio de Propiedad: Aquella persona natural con participación accionaria directa o indirecta igual o superior al 25%;
- Criterio de Control: La persona que, por medios distintos a la propiedad, tiene facultades para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión;
- La persona natural que ocupe el cargo de representante legal en la sociedad local.
Tanto en Nicaragua como en Costa Rica, los registros son totalmente en línea y utilizan criterios similares para la determinación de los beneficiarios finales.
En Panamá, a partir del 2020 se creó el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas a través de la Ley número 129, el cual es en línea y se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Con esta ley se genera la obligación de realizar todos los actos de debida diligencia para conocer y registrar al beneficiario final de las sociedades mercantiles y otras entidades obligadas.
De manera conjunta, es aplicable la Ley Número 23 del 27 de abril de 2015 y el Decreto Ejecutivo Número 35 del 6 de septiembre de 2022, en los cuales se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se establecen los criterios para determinar a los beneficiarios finales.
En el art. 3 del Decreto 35 se establecen 8 criterios para determinar a los beneficiarios finales, los primeros tres guardan similitudes con los establecidos en Nicaragua y Costa Rica, con diferencia en el porcentaje de participación accionaria, que en Panamá es del 10%. Los demás criterios corresponden a entidades especiales (que no son sociedades mercantiles) como fundaciones de interés privado, fideicomisos, personas jurídicas en proceso de liquidación e incluso herederos y albaceas de los accionistas que eran beneficiarios en sociedades mercantiles.
Un aspecto interesante en Panamá es el hecho de que la autoridad gubernamental se apoya en los abogados o agentes residentes para llevar a cabo los trámites de reconocimiento, determinación y registro de beneficiarios finales, ya que los profesionales del derecho, a través de las leyes especiales de la materia, tienen la obligación de identificar y facilitar el acceso a la información a la Superintendencia de Sujetos No Financieros sobre beneficiarios finales de personas jurídicas a quienes brindan servicios legales.
En países como Honduras y Guatemala no existe una ley o normativa específica que tenga como objetivo crear, regular o identificar a los beneficiarios finales, sino que regulan el tema de manera general a través de las leyes para prevención de lavado de dinero y regulaciones bancarias, pero a la fecha no han creado un registro o sistema que tenga como principal función recabar la información de los beneficiarios finales de las personas jurídicas para poder identificarlos.
Sin embargo, en Guatemala, mediante el Decreto 31-2024, se reformó el art. 120 del Código Tributario respecto a la inscripción de contribuyentes y responsables, el cual establece que los contribuyentes o personas responsables deberán presentar solicitud de inscripción al Registro Tributario Unificado presentando, entre otros requerimientos, la identificación de los accionistas o socios de la persona jurídica y su porcentaje de participación del capital social cuando corresponda antes de iniciar actividades. La modificación ha provocado que distintos sectores del país se pronuncien al respecto por temas de protección de la información y la constitucionalidad de la medida. Considerando que el Decreto 31-2024 entrará en vigor el 9 de abril de 2025 es necesario permanecer anuentes a las acciones y recursos legales que podrían presentarse en contra del Decreto para anular su implementación.
Asimismo, en febrero de este año se presentó la iniciativa de Ley en el Congreso de la República de la “Ley del Beneficiario Final”. Se presenta como parte del cumplimiento de los compromisos internacionales del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-. La iniciativa presenta un esquema de identificación y registro de beneficiarios finales de personas jurídicas constituidas bajo las leyes de Guatemala y/o extranjeras registradas en Guatemala. A pesar de que es únicamente un proyecto de ley que debe pasar por el procedimiento establecido para la formación de Ley será interesante analizar el desarrollo de la misma. Esto considerando que Guatemala ha tenido una tendencia de protección al anonimato y los datos de las personas jurídicas.
Asimismo, en Honduras actualmente se encuentran pendientes de discusión y aprobación por parte del Congreso Nacional diversas reformas tributarias, dentro de las cuales se encuentra un proyecto de Ley denominado Ley del Beneficiario Final, cuyo objetivo es regular esta figura.
En El Salvador, también son aplicables las leyes de prevención de lavado de dinero y no se ha promulgado una ley especial que regule la materia de beneficiarios finales, pero cuentan con el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para la prevención del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que fue reformado en el año 2023 y en el cual se establece la obligación para los encargados de cumplimiento y auditores externos de verificar el debido cumplimiento de los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero e identificar y verificar la identidad de los beneficiarios finales de las personas o estructuras jurídicas.
En general, a nivel centroamericano todos los países se encuentran en aras de garantizar la aplicación de medidas y creación de leyes que permitan identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas o entidades que desarrollan actividades económicas en cada país, con el objetivo de prevenir cualquier acto relacionado a los ilícitos de lavado de dinero y garantizar la transparencia en las actividades económicas y comerciales de su país.
