Proyecto de Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica

El miércoles 5 de junio de 2024, se presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley denominado “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, bajo el expediente 24.364. Este proyecto, según su exposición de motivos busca mejorar las capacidades para desarrollar proyectos de infraestructura pública, así como de fortalecer las competencias de fiscalización y control sobre la Hacienda Pública. Las reformas que se proponen están enfocadas al ejercicio de fiscalización y control, así como a precisar el uso de figuras ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico como las alianzas estratégicas o la compra y arrendamiento de bienes inmuebles para lograr el desarrollo de proyectos de infraestructura fundamentales. 

Es importante recordar, que este proyecto es el que el Gobierno desea enviar a referéndum, para lo cual de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política “El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa” y que de conformidad con la misma norma “Los resultados del referéndum serán vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa por mayoría calificada.”

Las normas legales que se proponen modificar son las siguientes:

1. Capítulo I: Sobre el “Fortalecimiento del Control y de la Fiscalización superior de la Hacienda Pública”

Este capítulo pretende la reforma de varios de artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N°7428 de 1994):

Artículo 1. Reforma del artículo 4 inciso d) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Actualmente este artículo establece que este órgano contralor tiene competencia facultativa respecto a las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, de conformidad con la presente Ley.  La reforma establecería que esta competencia se ejercería sobre las participaciones paritarias del Estado o de otros entes públicos en sociedades mercantiles, tanto nacionales como extranjeras.

Artículo 2. Reforma del párrafo primero del artículo 11 de la misma ley 

Actualmente el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece que “Los fines primordiales del ordenamiento contemplado en esta Ley, serán garantizar la legalidad y la eficiencia de los  controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República, de conformidad con esta Ley”  La reforma pretende que en adelante se indique que los fines de este ordenamiento serán garantizar la eficiencia de los controles internos y la legalidad en el manejo de los fondos públicos.

Artículo 3. Reforma del primer párrafo del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

La reforma propuesta pretende introducir un párrafo en el que se establece: “De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política es claro que la Contraloría General de la República en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa.”

Artículo 4. Modificación del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Actualmente este artículo establece: “Potestades de control de eficiencia. La Contraloría General de la República ejercerá el control de eficiencia, previsto en el artículo 11 de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos, para lo cual rendirá los informes con las conclusiones y recomendaciones pertinentes, efectuará las prevenciones y dictará las instrucciones y las órdenes procedentes.”  El proyecto pretende que en adelante indique: “Potestades de fiscalización sobre la eficiencia de los controles internos. La Contraloría General de la República ejercerá la fiscalización de la eficiencia de los controles internos, previsto en el artículo 11 de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos, para lo cual rendirá los informes con las conclusiones y recomendaciones pertinentes.”

Artículo 5. Adición de un párrafo final al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Dicha reforma pretende introducir un párrafo que indicaría lo siguiente: “En ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso.”

Artículo 6. Modificación del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Este artículo regula actualmente la jerarquía y relación entre el Contralor General y el Subcontralor.  En esencia, la reforma pretende establecer que “mediante resolución razonada, asignará al Subcontralor, transitoria o permanente, desde el inicio de la gestión del Subcontralor, las funciones o competencias que conjuntamente acuerden” y en cuanto al cumplimiento de las funciones asignadas al Subcontralor elimina el apartado en el que se indica que queda sujeto a la supervisión del Contralor General.

Artículo 7: Modificación del artículo 9 de la Ley General de Control Interno. 

La diferencia principal de dicha reforma radica en que el primer artículo especifica que la Contraloría General de la República solo podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad.

2. Capítulo II: Sobre el ” Fortalecimiento de la Gestión Contractual del Sector Público”

Artículo 8. Modificación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. 

Este artículo regula actualmente la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.  Con esta reforma se pretende que en donde se indica que se requiere un “Estudio de mercado que lleve a determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar”, en adelante el estudio se refiera a las cuotas o eventuales cuotas de arrendamiento.  Adiciona que los arrendamientos pueden ser hasta por 30 años.

Indica igualmente que “La calificación contable del contrato de arrendamiento deberá cumplir con las normas y principios de contabilidad según corresponda. Cuando se trate de un arrendamiento financiero, será aplicable lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley”, que “En estas compras o arrendamientos, la Administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general”.

También se agrega lo siguiente:

Es permitido el arrendamiento de bienes por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, sean éstos propiedad de la administración arrendataria o de cualquier otra entidad pública. En ningún caso, la propiedad de un terreno público, bajo este supuesto, pasará a ser del arrendante durante el plazo del contrato o cuando éste finalice. 

Las entidades públicas propietarias de los terrenos podrán otorgar derechos de uso a terceros, a fin de satisfacer el interés público. Estos derechos de uso no deben exceder el plazo de 30 años”.

3. Sección II: Sobre la “Ejecución de Alianzas Estratégicas por JAPDEVA: Alcances de su Habilitación”

La reforma establece lo siguiente: 

Artículo 9. Modificación al artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica). 

Artículo 5° bis. JAPDEVA tendrá dentro de sus competencias: 

a) Acordar alianzas estratégicas y cualquier otra forma de asociación empresarial, con entidades públicas o privadas para desarrollar inversiones de infraestructura, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y cualquier otra actividad relacionada con las competencias de JAPDEVA. 

b) Incluir bienes inmuebles propiedad o bajo administración de las partes en las alianzas estratégicas, con excepción del patrimonio natural del Estado, así como el desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar los objetivos de la alianza. 

Los términos y las condiciones generales de las alianzas estratégicas se definirán reglamentariamente por parte del Consejo de Administración de JAPDEVA. El plazo máximo de cualquier alianza estratégica será de 50 años. 

La reglamentación que emita el Consejo de Administración de JAPDEVA deberá regular los procedimientos y requisitos para seleccionar los aliados estratégicos.”

Ver el documento completo del Proyecto de Ley en el siguiente enlace