La importancia del silencio administrativo positivo dentro del proceso administrativo en Nicaragua

En esta ocasión vamos a abordar las generalidades de una figura jurídica de vital importancia en los procesos administrativos ante la Administración Tributaria Nicaragüense, me refiero al denominado “Silencio Administrativo Positivo”.

La Ley No. 350 “Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” regula el siguiente concepto:

Silencio Administrativo: Es el efecto que se produce en los casos en que la Administración Pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración hubiere dictado. ninguna resolución, se presumirá que existe una aceptación de lo pedido a favor del interesado.

En otras palabras, nos encontramos ante una figura jurídica que tutela los derechos y garantías al debido proceso del contribuyente ante una situación en la cual la autoridad administrativa competente omite resolver las peticiones del administrado dentro del plazo de ley. En este sentido, es importante aclarar que, no en todos los casos el plazo para que opere el silencio administrativo es de 30 días, ya que se debe aplicar en orden de prelación el plazo establecido en la ley especial para el caso concreto.

Esta figura es de vital importancia dentro del proceso administrativo ante las autoridades fiscales; por ejemplo, en la interposición de un recurso de reposición en contra de una resolución determinativa emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI), la autoridad fiscal tiene un plazo de 30 días hábiles para dictar su resolución, caso contrario, opera el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente y el efecto consiste en que se tendrá lo solicitado por el contribuyente como resuelto a su favor. No obstante, en el caso del Recurso de Apelación, el Código Tributario de la República de Nicaragua le otorga un plazo de 90 días hábiles al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) para emitir su resolución.

En virtud de lo anterior, siempre que nos encontremos dentro de un proceso administrativo ante un ente público, es importante conocer los plazos legales aplicables al tipo de procedimiento en curso, así como la forma del cómputo de plazos, con la finalidad de identificar cuál es la fecha exacta en la cual la autoridad administrativa tiene que resolver las peticiones formuladas por el contribuyente vía recurso.

Advertimos que, el silencio administrativo tiene una serie de requisitos para su configuración, por lo que, para materializar ese efecto de que se tenga por admitido lo solicitado ante una eventual omisión de los plazos legales de parte de la autoridad, es importante contar con la asesoría legal pertinente durante todas las etapas del proceso administrativo para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales.

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