Falta de certeza jurídica para los nuevos generadores de energía en Honduras

Honduras, al igual que muchos países en desarrollo, ha estado trabajando en la modernización y expansión de su infraestructura energética para satisfacer las crecientes demandas de electricidad y fomentar el desarrollo económico. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos, y uno de los mayores obstáculos que enfrentan los nuevos generadores energéticos en el país es la falta de certeza jurídica derivada de las modificaciones en los contratos de energía.

En los últimos años, Honduras ha realizado cambios significativos en su marco regulatorio y contractual en el sector energético con el objetivo de promover la competencia, atraer inversiones y garantizar la sostenibilidad del suministro eléctrico. Estas modificaciones han incluido la introducción de nuevas políticas de subsidios, la implementación de mecanismos de mercado más transparentes y la revisión de los contratos de energía existentes.

Sin embargo, estas reformas también han generado incertidumbre entre los nuevos generadores energéticos, especialmente aquellos que están ingresando al mercado con inversiones significativas y expectativas de largo plazo. Uno de los principales problemas radica en la falta de claridad y estabilidad en los términos y condiciones de los contratos de energía, lo que dificulta la planificación financiera y la toma de decisiones estratégicas por parte de los inversionistas.

En primer lugar, la inconsistencia en las políticas energéticas y regulatorias puede generar dudas sobre la viabilidad económica de los proyectos de generación de energía. Los cambios repentinos en los incentivos fiscales, los precios de la electricidad y otros aspectos clave pueden alterar drásticamente los rendimientos esperados de la inversión, lo que disuade a los inversores potenciales y ralentiza el desarrollo de nuevas capacidades energéticas.

Además, la falta de claridad en los contratos de energía puede llevar a disputas legales prolongadas entre los generadores y las autoridades regulatorias o las empresas de servicios públicos. Las ambigüedades en los términos contractuales, como las disposiciones relacionadas con los precios de la energía, los plazos de los contratos y las condiciones de rescisión, pueden crear un terreno fértil para litigios costosos que perjudican a todas las partes involucradas y afectan la confianza en el mercado.

Han existido pequeños avances con relación a la renegociación de los contratos de energía entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los generadores que iniciaron en 2022, sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo. La postura de reducir el costo del kilovatio esta siendo analizado por el gobierno y la ENEE. Ambas partes están abiertas al dialogo y a escuchar propuestas en las que se puedan beneficiar ambas partes, pero aún queda mucho camino que recorrer y puntos a acordar.