Leyes Fintech en El Salvador

José Ruano

José Ruano

Aunque el ecosistema Fintech está en crecimiento en El Salvador, siguiendo la tendencia mundial, aún no existe un marco legal específico para ellas. La falta de una regulación específica ha llevado a que estas actividades se desarrollen dentro del libre mercado, respetando las normativas financieras generales establecidas para los participantes financieros tradicionales. Sin embargo, esto ha generado incertidumbre para inversores y consumidores, quienes pueden sentirse inseguros debido a la ausencia de un marco jurídico claro.

A pesar de la ausencia de una regulación específica, existen diversas leyes relacionadas con estas actividades y que, en conjunto, representan el marco legal vigente para su actuación. Entre ellas se incluyen:

    1. La Ley de Protección al Consumidor (2005);
    2. La Ley para Facilitar la Inclusión Financiera (2015):
    3. La Ley de Firma Electrónica (2015);
    4. La Ley de Comercio Electrónico (2020).

Más recientemente, se han promulgado la Ley Bitcoin (2021) y la Ley de Emisión de Activos Digitales (2023) con el propósito de regular las operaciones vinculadas con estos giros. En 2023 también se aprobó la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías que busca, entre otras, promover la generación de productos y servicios tecnológicos avanzados, fortaleciendo así la participación en las cadenas de suministro esenciales para el desarrollo de la industria tecnológica a nivel global.

El interés de El Salvador por convertirse en un referente regional e internacional en el ámbito Fintech es evidente. Se busca atraer inversores extranjeros y fomentar el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y disruptivas para los usuarios locales. En este contexto, se ha otorgado especial relevancia a los criptoactivos y tecnologías relacionadas, como lo demuestra la promulgación de las leyes mencionadas en el párrafo anterior.

1- La Ley Bitcoin

Fue promulgada con el propósito de facilitar la inclusión financiera de los salvadoreños, estimular el crecimiento económico y brindar beneficios a la población del país. Esta legislación establece al bitcoin como moneda de curso legal, cuyo valor se determina en el libre mercado. Entre sus disposiciones, esta ley permite el pago de contribuciones tributarias en bitcoin, exime los intercambios en bitcoin de impuestos sobre las ganancias de capital y obliga a los agentes económicos a aceptar esta criptomoneda como forma de pago. Para garantizar su implementación efectiva, la ley se complementa con el Reglamento de la Ley Bitcoin y las Normas Técnicas para Facilitar la Participación de Entidades Financieras en el Ecosistema Bitcoin (NRP-29), que regulan principalmente a los proveedores de servicios de Bitcoin bajo el Sistema de Regulación y Supervisión del Sistema Financiero.

2- La Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD)

También tiene como objeto promover y fomentar el desarrollo económico, así como generar las condiciones adecuadas para que la economía del país crezca. Esta ley busca otorgar seguridad jurídica a las operaciones relacionadas con los activos digitales, tanto a los proveedores de servicios de activos digitales, como aquellas ofertas públicas realizadas en el país. La aplicación de la LEAD está a cargo de la Comisión Nacional de Activos Digitales, entidad adscrita al Ministerio de Economía. Esta ley regula a tres actores fundamentales: los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD), los Emisores y los Certificadores. En este sentido, la LEAD establece los requisitos de registro, los estándares que deben cumplir y los beneficios fiscales que se otorgan a cada uno de estos sujetos.

      • Los PSAD ofrecen y prestan este tipo de servicios. La ley determina qué tipo de actividades pueden desarrollar, entre ellas se encuentra el intercambio de activos digitales por dinero fiduciario, operar una plataforma de intercambio, comercialización de activos digitales, suscripción de las emisiones de activos digitales y colocar activos digitales en plataformas o billeteras digitales. Asimismo, el Reglamento de Proveedores de Servicios de Activos Digitales desarrolla los requisitos y procesos que estos proveedores deben de seguir para su inscripción, así como las obligaciones y estándares que deben de cumplir.
      • Los Emisores realizan las ofertas públicas o privadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la LEAD. Los Emisores también son regulados por el Reglamento de Registro de Emisores y Emisiones Públicas y Privadas, el cual determina los requisitos de información para su inscripción y operación, los requisitos y procesos para la habilitación, suspensión y cancelación de las emisiones de las ofertas públicas y las normas de protección de los adquirientes de los activos digitales relacionados con la emisión.
      • Los Certificadores son encargados de realizar un análisis integral de las ofertas públicas de activos digitales, los cuales emiten un informe favorable o desfavorable para ser presentado ante la Comisión Nacional de Activos Digitales. Los requisitos para su registro se encuentran dentro de la LEAD y, tanto sus obligaciones como Certificadores, como la información que debe de contener el informe, se encuentra dentro de la LEAD y el Reglamento de Registro de Emisores y Emisiones Públicas y Privadas.

3- La Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías

Su objetivo principal es promover el desarrollo económico a través de industrias de innovación tecnológica que contribuyan al crecimiento de la productividad y la economía nacional. Esta ley busca también busca impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible mediante el fomento de la innovación y la fabricación de tecnología desarrollada localmente, con el fin de generar productos y servicios tecnológicos avanzados y relacionados con el ecosistema Fintech. Dentro de las actividades incentivadas por esta ley se encuentran la programación, el mantenimiento, el análisis de sistemas informáticos o software, el desarrollo y la comercialización de servicios de computación en la nube y de flujo de datos, la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, así como soluciones de ciberseguridad, entre otras.

Los beneficiarios de esta legislación son aquellos que realicen nuevas inversiones en proyectos de innovación o manufacturas tecnológicas detallados en la ley, y podrán – con previo acuerdo de calificación vigente emitido por el Ministerio de Economía – acceder a una serie de beneficios fiscales, como la exención total del Impuesto sobre la Renta en relación con las actividades incentivadas, la exención total de impuestos municipales sobre el activo neto, la exención del pago de la Ganancia de Capital, y la exención total del pago de los derechos arancelarios a la importación, así como de los impuestos que gravan la importación de bienes, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades incentivadas.

Finalmente, bajo la iniciativa del Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero, se ha creado la Oficina de Innovación Financiera (OIF), la cual se encuentra al servicio de emprendimientos Fintech desarrollados en el país y busca promover el desarrollo de la industria y mejorar la inclusión financiera. Recientemente, la OIF ha diseñado e impulsado un documento denominado “Estrategia Nacional Fintech” con la finalidad de crear una ruta estratégica que sirva para el establecimiento de un ecosistema financiero y tecnológico adecuado para impulsar la inclusión financiera.

En resumen, El Salvador está trabajando para posicionarse como un centro de referencia en el ámbito Fintech mediante la implementación de regulaciones y la promoción de incentivos fiscales para atraer inversiones y fomentar la innovación.