Las deducciones en materia laboral en Nicaragua

Al ser el salario la retribución que paga el empleador como contraprestación por el servicio prestado y, en muchísimos casos, la única fuente de ingreso de los trabajadores asalariados, la legislación laboral ha regulado el tema de las deducciones a este, estableciendo la regla general en el art. 88 del Código del Trabajo referida a que del salario serán hechas las deducciones legales correspondientes, siendo éstas el monto que corresponde pagar al trabajador como contribución al seguro social y el impuesto sobre la renta (en los  casos en que éste es aplicable). A esto se le suman las deducciones ordenadas tanto por los jueces civiles como los de familia, en los que el empleador ha sido nombrado retenedor o depositario.

Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones quien ha ampliado el abanico de posibilidades respecto a las deducciones que pueden ser efectuadas al salario del trabajador adicionales a los ya señaladas anteriormente.

En el ámbito de las relaciones laborales, es frecuente que, por política de la empresa, por decisión unilateral del empleador o por estar pactada en los convenios colectivos, en determinadas circunstancias, se concedan préstamos a los trabajadores para la atención de ciertas necesidades, amortizándose los mismos a través de cuotas mensuales deducidas de nómina. De igual forma, siendo que dichos préstamos son concedidos para ser amortizados a mediano o largo plazo, también es común que, en el documento del préstamo, que suscriben los empleadores y trabajadores al respecto, se establezca que, en caso de terminación de la relación laboral, el trabajador autoriza al empleador a deducir el saldo de la liquidación final.

El ser una deducción consentida, el criterio jurisprudencial ha sido avalarla dado que no es unilateral, sino consentida desde el nacimiento del préstamo para honrar una deuda en caso de que se presente una circunstancia en la que cualquier de las partes decida concluir la relación laboral.

Este criterio está recogido, entre otras, en la sentencia del TNLA No. 410/ 2017 del 9 de mayo del 2017, en la que se dispuso “observamos que la trabajadora autorizó al patronal que debitara de su liquidación final el monto faltante del préstamo, lo cual se comprueba con el documento visible a folio 24, razón por la que no fue ilegal el valor deducido de la liquidación final…”

Las deducciones pactadas en los contratos de trabajo, autorizadas en el reglamento interno y/o autorizadas por el trabajador pueden realizarse sin que se consideren ilegales y/o realizadas en forma unilateral en perjuicio del trabajador.

En relación con los faltantes que se generen en el desempeño de las labores para el empleador, ya sean faltantes en efectivo o instrumentos de trabajo, existe la posibilidad de realizar una deducción siempre y cuando se demuestre a través de un proceso de auditoría realizado por un contador público autorizado, no sólo el faltante mismo, sino también la responsabilidad del trabajador en la existencia de este.

Si el empleador realiza una deducción al salario del trabajador, que no son de las legales u ordenadas por un juez, sin ajustarse a los criterios de cuáles son las deducciones permisibles de acuerdo con los criterios de la autoridad judicial laboral, dicha deducción será considerada ilegal y se ordenará la devolución del monto al trabajador.

Un tema adicional importante es que, si se interpone una demanda contra un empleador para restitución de un monto deducido, si el empleador no reconviene o contra demanda para su pago dentro del juicio en su momento procesal, perderá la oportunidad de lograr que se tenga por válida la deducción a pesar de haber sido consentida o estar regulada en los instrumentos que soportan la relación laboral.