El robo legal del crédito fiscal en Guatemala

Sé que suena fuerte el título, no obstante, es cierto. Las modificaciones a la ley en Guatemala han causado que el legislativo haya robado nuestro crédito fiscal, causando evidentes violaciones al principio de neutralidad, del cual ya hemos escrito previamente.

Es así como la ley originalmente indicaba, en el art. 22, lo siguiente:

Artículo 22. De la devolución del crédito fiscal.

El contribuyente que tenga remanente de crédito fiscal al finalizar dos períodos impositivos consecutivos podrá:

    • Solicitar, previa autorización de la Dirección, que el remanente acumulado en dichos períodos se impute a cualquier clase de tributo que esté adeudando, incluso retenciones de impuestos, intereses, multas y recargos, cuya recaudación corresponda a la Dirección.
    • Solicitar que tal remanente le sea reembolsado por la Dirección, siempre que esa fecha no esté adeudando suma alguna por concepto de los tributos, intereses, multas y recargos a que se ha hecho referencia.
    • Solicitar que se emita a su favor uno o varios vales tributarios aplicables al pago de cualquier impuesto o derechos arancelarios, siempre que esa fecha el contribuyente no esté adeudando suma alguna por concepto de los tributos, intereses, multas y recargos a que se ha hecho referencia. Dichos vales tributarios serán emitidos por la Dirección al portador y serán negociables.

Sin duda totalmente coherente con el principio de neutralidad, la redacción de la norma permitía la devolución del crédito fiscal corriente.

En 1994, dos años después, se modifica el artículo de la siguiente manera:

Artículo 22. – Del saldo del crédito fiscal. El saldo del crédito fiscal a favor del contribuyente que resulte mensualmente de la declaración presentada a la Dirección, lo que debe trasladar al periodo impositivo siguiente hasta agotarlo mediante la compensación de los débitos fiscales del impuesto, por lo que no procederá la devolución del crédito fiscal. Se exceptúan los casos a que se refiere el Artículo 23 de la presente ley.”

Ya acá, se establece como compensable ad Infinitum pero se elimina la devolución.

Para el año 2006 se introduce una nueva reforma:

Artículo 22. Saldo del crédito fiscal. El saldo del crédito fiscal a favor del contribuyente que resulte mensualmente de la declaración presentada a la Administración Tributaria, lo puede trasladar a sucesivos períodos impositivos siguientes, hasta agotarlo, mediante la compensación de los débitos fiscales del impuesto, por lo que no procederá la devolución del crédito fiscal. Se exceptúan los casos a que se refiere el articulo 23 de la presente ley.

La justificación de ambas reformas la encontramos en los “considerandos” de los decretos modificatorios.

La reforma de 1994 utilizó la justificación siguiente: “Considerando
que para obtener una mejor recaudación y administración en el Impuesto al Valor Agregado, se hace indispensable evitar las erosiones a la base imponible, provocadas, entre otros aspectos, por el uso indebido del comprobante y el crédito fiscal. Por lo que es necesario introducir reformas al Decreto número 27-92 del Congreso de la República, a fin de recaudar efectivamente el impuesto, aplicar correctamente el crédito fiscal y readecuar el régimen de exenciones,
” y con ello se autorizó el decreto.

El del año 2006, se justifica diciendo: “Considerando que resulta imperiosa la emisión de normas legales que le permitan al Estado de Guatemala, contar con los recursos tributarios necesarios para la atención a los problemas sociales que limitan el desarrollo integral del país, reduciendo los índices de pobreza, incentivando para ello la generación de empleos y actividades productivas.

Si bien las justificaciones son por intereses fiscales, debemos recordar que los límites constitucionales -principios constitucionales en materia tributaria- existen para garantizar un marco de Derecho de modo que el Estado no pueda sobrepasar esos límites en perjuicio del ciudadano.

Con las reformas mencionadas, el gobierno de Guatemala excede los límites constitucionales, dado que viola el principio de neutralidad, manifestación de la capacidad y justicia tributaria.

En un siguiente artículo trataremos las reformas al régimen de devolución del crédito, en este mismo sentido.