Responsabilidad de los administradores frente a los hallazgos de auditoría en El Salvador

Entre las diferentes atribuciones que conciernen a los responsables del gobierno de la entidad, (ejecutivos del consejo de administración, propietario, gerente, entre otros) está la gestión orientada a la creación de valor para el accionista ya que éstos esperan un retorno a su inversión.

El accionista esperaría ver el valor de su inversión en diversos indicadores financieros, entre ellos, la ganancia obtenida en un año; cifras que son reflejadas en los reportes financieros preparados desde las áreas de contabilidad de las empresas.

Ahora bien, estas cifras de ganancias son el resultado de una consolidación de operaciones detalladas de compras, ventas, cobros, pagos y un largo etcétera. Esto también incluye cifras de “gastos” e “ingresos” que no corresponden a operaciones que realmente se ejecutaron, sino a juicios y estimaciones que las políticas de contabilidad, que rigen a nivel mundial y las cuales son de aplicación obligatoria en El Salvador, requieren aplicar.

Estas operaciones traducidas a números en los reportes financieros deben estar razonablemente presentadas y sin sesgos para que el inversionista tenga la confianza que el valor de su inversión está bien presentado en estos.

No obstante, el mismo Código de Comercio requiere que estas cifras sean certificadas por un profesional de la materia (un auditor) quien, a través de un informe escrito dirigido a la máxima autoridad de la empresa, pretende aumentar ese grado de confianza en torno a las cifras reportadas en los estados financieros, y asegurar que estas están razonablemente presentadas conforme a las políticas de registro, valoración, presentación y revelación que la empresa utiliza al momento de preparar tales estados financieros.

Si el auditor detecta inconsistencias y sesgos en la preparación de esos reportes financieros (porque la política de registro y valoración, por ejemplo, no ha sido adecuadamente aplicada, o porque ha habido abuso en la aplicación de juicios o estimaciones para aumentar o disminuir valores de ingresos, gastos, activos y pasivos), el auditor tiene la obligación de comunicar, de manera objetiva e independiente a través de una carta a la gerencia, tales condiciones para que el Órgano de Dirección de la empresa proceda a evaluar lo reportado y decida los próximos pasos.

El Órgano de Dirección, como responsable del gobierno de la entidad, será quien ventile o justifique ante la máxima autoridad (el dueño, o la asamblea de accionistas) lo pertinente frente a tales hallazgos.

Lo aconsejable para estos casos, en los que se han comunicado hallazgos por parte del auditor, es:

    1. Subsanar las discrepancias, si éstas son notablemente evidentes o técnicas;
    2. Discutirlas con el auditor, en caso de que sean atribuidas a la aplicación inadecuada de juicios y estimados.

En materia de una auditoría fiscal, los hallazgos reportados por el auditor tienen una prevalencia aún mayor, puesto que al ser del conocimiento de la Administración Tributaria (pues se reflejan en el dictamen e informe fiscal remitido por la plataforma web del Ministerio de Hacienda), ésta puede iniciar un proceso determinativo o sancionador a partir de tales hallazgos, incurriendo la propia empresa en responsabilidad ante el fisco que puede derivar en un menoscabo patrimonial a través del pago complementario de tributos o pago de sanciones.

Por su parte, el órgano de dirección será responsable solidario de tales hallazgos, conforme lo definen los artículos 43, 230, 233 y 234 del Código Tributario.

Finalmente, en materia de prevención de lavado de dinero y activos, los hallazgos de auditoría pueden disparar las alertas que ayudarán a fortalecer el sistema de prevención y evitar incurrir en condiciones que puedan tipificarse como coparticipación o coautoría en delitos de lavado de dinero y activos e implicar a todos los responsables del gobierno de la entidad, en responsabilidad civil solidaria, según lo establecido en el art. 15 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y arts. 38 y 118 del Código Penal.

De ahí la suma importancia que cobra para los preparadores de la información financiera y para la máxima autoridad de las empresas:

    • Conocer los criterios técnicos con los que está siendo auditado/evaluado;
    • Acudir a la formación especializada permanente y actualizada de los criterios técnicos aplicables;
    • Responder a los hallazgos corrigiendo lo observado o discutiéndolos con su auditor;
    • Contratar asesores profesionales en materia de servicios de auditoría y otros servicios relacionados, que le acompañe durante el proceso de la preparación de los estados financieros, y durante el registro y valoración de las operaciones.

Para profundizar sobre el tema, o realizar cualquier consulta, favor comunicarse al correo electrónico taxelsalvador@consortiumlegal.com