Contratos de no competencia en la compraventa de acciones en Costa Rica

Nikole Sánchez

Nikole Sánchez

Durante las transacciones de compraventa de acciones entre sociedades, es recurrente que compradores y vendedores celebren un contrato de no competencia. Este acuerdo busca imponer una obligación de “no hacer” a la vendedora para abstenerse de participar en el mercado en el que se desenvuelve la sociedad adquirida. Las cláusulas o contratos de no competencia representan restricciones accesorias acordadas entre las partes involucradas en la operación de compraventa de acciones. No obstante, es crucial destacar que estos acuerdos, al restringir o limitar la participación de un agente en un mercado específico, pueden considerarse ilegales desde la perspectiva del Derecho de Competencia.

En situaciones donde la compraventa de acciones resulte en una concentración y se cumplan algunos umbrales económicos, se requiere una autorización previa por parte de la Comisión para Promover la Competencia (Corpocom). Conforme al art. 88 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, las concentraciones son definidas como:

“La fusión, adquisición, compraventa del establecimiento mercantil, alianza estratégica u otro acto o contrato mediante el cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, capital social, fideicomisos, poderes de dirección o activos en general”.

Conforme al art. 89 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, las concentraciones deben notificarse previamente si cumplen con los siguientes criterios concurrentes:

    1. La participación de al menos dos agentes económicos que hayan realizado actividades con incidencia en Costa Rica en cualquier momento durante los dos períodos fiscales previos a la transacción.
    2. La suma de las ventas brutas o de los activos productivos en Costa Rica de los agentes económicos involucrados alcanza montos iguales o superiores al umbral establecido por Corpocom, es decir, treinta mil salarios base.
    3. Individualmente, al menos dos de los agentes económicos involucrados han generado ventas brutas o poseen activos productivos en Costa Rica durante el ejercicio fiscal anterior, por montos iguales o superiores al umbral establecido por Corpocom, es decir, mil quinientos salarios base.

Adicionalmente, en las solicitudes a Coprocom se debe divulgar la existencia de un acuerdo de no competencia firmado por las partes. Coprocom presta atención especial a aspectos particulares de esta limitación accesoria, como el mercado relevante, la naturaleza, el plazo, el propósito y los posibles efectos en el mercado. De igual manera, también puede solicitar información adicional para evaluar el alcance del contrato. Por ejemplo, generalmente se acepta un plazo de duración de tres años. Si las partes establecen un plazo mayor, deben justificar la razonabilidad de su extensión.

Coprocom ha señalado que las cláusulas de no competencia de hasta cinco años podrían ser aceptables excepcionalmente en casos que involucren simultáneamente ciertas circunstancias, tales como la alta complejidad técnica del negocio transferido, la falta de experiencia del adquirente en dicho negocio, la continuidad de negocios similares por parte del vendedor y una marcada lealtad de los clientes a la marca, nombre comercial o distintivo y la transferencia de know how.

En conclusión, los contratos de no competencia son herramientas comunes en transacciones de compraventa de acciones entre sociedades, pero es crucial tener en cuenta su posible ilegalidad desde la perspectiva del Derecho de Competencia. En el caso de concentraciones resultantes de dichas transacciones, es necesario notificar previamente a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) en Costa Rica, cumpliendo con los criterios establecidos.

Este ente examina detenidamente los acuerdos de no competencia, considerando diversos aspectos para evaluar su impacto en la competencia en el mercado. Es esencial para las empresas involucradas comprender y cumplir con las regulaciones antimonopolio para evitar posibles consecuencias legales y garantizar un entorno de competencia justo y equitativo.