Tratamiento de la solicitud de medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica en Guatemala

Nuestro Código Procesal Penal en sus artículos 255, 257, 259, 264 y 278 contempla medidas precautorias de carácter personal y medidas precautorias reales. La primera de ellas (medidas precautorias personales) tienen como propósito asegurar la presencia del sindicado dentro del desarrollo del proceso penal en todas sus etapas, figurando como tal la prisión preventiva, el arraigo, el arresto domiciliario, caución económica, etc. Las medidas precautorias reales tienen como propósito asegurar los resultados del proceso con relación a una eventual reparación digna y o que no se obstaculicen la obtención de medios probatorios, que estos no se pierdan o se alteren, dentro de estas medidas están la clausura de locales, embargo, secuestro y intervención judicial.

En cuanto al tema que es motivo del presente artículo, esto es “la suspensión provisional de una persona jurídica”, en el Código Penal solamente figura la cancelación definitiva de tales personas cuando cualquier delito que cometa su representante apareja beneficios a la persona jurídica (véase art. 38 del Código Penal), existiendo reincidencia. No se contempla ni en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal una medida como la que es objeto de estudio. No obstante, a partir del año 2006 surge la figura de “suspensión provisional de las personas jurídicas” al entrar en vigor la Ley contra la Delincuencia Organizada, cuyo objeto es establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales y a la vez lograr prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada.

En consecuencia, la medida precautoria de suspensión provisional de una persona jurídica solo tiene aplicabilidad a aquellos delitos que se encuentran contenidos en la referida Ley y que hayan sido cometidos del año 2006 en adelante. Tales delitos propios de la Ley contra la Delincuencia Organizada se encuentran delimitados en los artículos del 3 al 11 de la citada ley, figurando entre ellos, delitos contra la narcoactividad, lavado de dinero u otros activos, los contenidos en la Ley de Migración, peculado, financiamiento del terrorismo, evasión y el terrorismo.

Por lo anterior, nuestra primera conclusión es que la suspensión provisional de la persona jurídica no es aplicable como medida precautoria dentro de un proceso penal que conozca la comisión de cualquier delito, por el contrario, dicha medida precautoria únicamente procede cuando el proceso penal va dirigido a la investigación y eventual sanción de los delitos contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

El enfoque que se da en este artículo, y que será motivo de discusión, es determinar en qué circunstancias y en qué condiciones es aplicable la medida precautoria de “suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas” contenida en el art. 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada; por ello es procedente conocer la naturaleza de esa medida precautoria. Sin perjuicio de mencionar que, a nuestro criterio, la suspensión provisional de las personas jurídicas es una medida sui generis no aplicable a la totalidad del catálogo de delitos contemplados en el Código Penal y otras leyes penales. Se reitera que solo es aplicable al catálogo de delitos previstos en los artículos del 3 al 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Bajo las consideraciones anteriores, es procedente que nos formulemos las siguientes interrogantes:

    1. ¿Cuál es la finalidad de la medida precautoria de la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica?
    2. ¿Esta medida busca asegurar la presencia de una persona dentro del proceso penal, busca garantizar las resultas del proceso, o busca resguardar medios de investigación?

Para responder a esas interrogantes es imperativo acudir al art 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada que preceptúa que podrán ser suspendidas con autorización judicial las inscripciones de personas jurídicas cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los contemplados en esa ley. Bajo lo conceptuado en el art. 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, entonces es válido afirmar que esta medida es una medida precautoria de naturaleza real cuya finalidad es “sui generis” pues a través de ésta se busca impedir o suspender que por medio de una persona jurídica se continúe con una supuesta actividad ilícita independiente y diferente a la que motivó el proceso penal.

Ahora bien, es deber tanto de la fiscalía a cargo de la investigación sustentar indicios de que existe una conspiración para suponer la existencia de “delincuencia organizada”, como del juez contralor, asegurarse que esos indicios tengan sustento racional para decretar la medida requerida. Esta medida no debiese exceder del plazo de un año y la ley no contempla que este plazo pueda ser prorrogable (véase art. 84 de la Ley contra la Delincuencia Organizada).

Por lo anterior se concluye que la finalidad de la suspensión provisional de la persona jurídica no tiene como propósito asegurar la presencia del sindicado dentro del proceso ni mucho menos las resultas de este, tendientes a una reparación digna, que no se pierdan medios de investigación, etc. Más bien la finalidad de esta medida precautoria “sui generis” es impedir que por medio de la persona jurídica se continúen cometiendo hechos ilícitos sancionados penalmente.

La segunda interrogante que nos formulamos es la siguiente, ¿es procedente que en cualquier persecución penal se solicite la medida precautoria de suspensión provisional de inscripción de la persona jurídica? No. La medida precautoria objeto de análisis se encuentra contenida en el art. 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y su aplicación se verá limitada a aquellos grupos estructurados de tres o más personas, que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos contenidos en los artículos del 3 al 11 de esa ley.

Una vez declarada procedente la medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica por parte del juez competente, el sindicado puede manifestar su inconformidad en la vía de los incidentes o en su caso denunciar que el plazo de vigencia de la medida ha excedido el año previsto en ley.

En conclusión, la medida precautoria de suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica únicamente debiese ser procedente en aquellos casos en los cuales la fiscalía competente cuenta con suficientes indicios para acreditar que a través de la persona jurídica se han cometido hechos ilícitos, sin perjuicio de que esta medida no puede exceder del plazo previsto en ley, el cual es de un año, sin existir en ley la facultad de prorrogarse ese plazo.

Es importante tomar en consideración el plazo de suspensión de la inscripción de la persona jurídica, pues esta como “medida precautoria”, por lo que no debe ser confundida con una resolución condenatoria en donde eventualmente podría resolverse cancelar de forma definitiva a la persona jurídica.

La tercera interrogante que nos formulamos es la siguiente: ¿es legal que un juez dentro de un proceso penal resuelva cancelar definitivamente la personalidad de una persona jurídica? Nuestra respuesta es que sí es procedente, sin embargo, con fundamento en el principio de legalidad que rige el derecho penal, esa sanción jurídica solo recaerá sobre una persona jurídica que tenga reincidencia, esto quiere decir que sea condenada en sentencia firme por dos o más veces.

Por último, y a manera de aclaración, es importante tomar en cuenta que a nuestro criterio el sentido de la suspensión provisional de la persona jurídica, además de evitar que se continúen realizando hechos delictivos a través de ésta, trae aparejada la imposibilidad de que esa persona continúe con sus operaciones de giro ordinario, mientras el juez no levante la medida.

En otro artículo se despejarán la siguiente interrogante: ¿Qué efectos legales y económicos conlleva esta medida precautoria de frente a las personas vinculadas laboralmente con esta entidad o de frente a cualquier acreedor de esa persona jurídica?