Excepciones privilegiadas en materia laboral en Guatemala

Ana Cristina Orozco

Ana Cristina Orozco

El Código de Trabajo guatemalteco contempla excepciones dilatorias, perentorias y privilegiadas, así como las reglas para su procedencia. Para las perentorias es muy clara la norma al establecer que deben interponerse junto con la contestación de la demanda o reconvención; esto significa que, si no se formulan en ese momento, se pierde la oportunidad de volverlas a plantear en etapas procesales posteriores. En cuanto a las excepciones privilegiadas, contienen un beneficio especial, y es que pueden plantearse en cualquier estado del proceso.

En específico, el citado cuerpo legal contempla, en su art. 342 que, Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia”.

En ese sentido, de conformidad con la naturaleza y el procedimiento que dicha norma determina para las excepciones, el momento procesal oportuno para interponer aquellas que nacen con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción es en cualquier momento del proceso, siempre y cuando se cumpla con el requisito de no haberse dictado sentencia de segunda instancia.

En la actualidad, tanto las autoridades de Trabajo y Previsión Social como la Corte de Constitucionalidad han considerado que las excepciones privilegiadas no pueden ser opuestas en cualquier momento del proceso, aún y cuando la ley así lo determina, y ello porque debe cumplirse con el elemento fundamental que habilita la oportunidad de interponerlas dentro del juicio ordinario laboral, el cual consiste en que los hechos alegados por el interponente hayan surgido con posterioridad a la contestación de demanda.

La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado al respecto en la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve dictada dentro del expediente de amparo 1920-2018 en la que expresa en su parte conducente lo siguiente:

“(…) para que las excepciones de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, puedan plantearse en un juicio ordinario luego de superadas las etapas procesales a las que hace referencia la norma (contestación de la demanda o la reconvención), incluso hasta antes de que sea proferido el pronunciamiento definitivo del tribunal que conoce en alzada, debe necesariamente un hecho o circunstancia sobrevenida que provoque que surja la posibilidad de oponerlas (…) debido a que las excepciones de prescripción y de la falta de personalidad que interpuso la ahora postulante, no se sustentaron en hechos que hayan surgido con posterioridad a la contestación de la demanda, requisito ineludible que debe observarse para acceder a analizar el planteamiento según lo considera en párrafos anteriores, y que se estimaran como argumentos que pudo oponer oportunamente (…)”.

Dichas consideraciones, a nuestro criterio, resultan contrarias a derecho. Para comprender de una mejor manera los motivos por los cuales esas autoridades violentan los derechos del interponente al momento de rechazar una excepción privilegiada, es necesario ubicarse en las reglas de interpretación que establece la ley.

De esa cuenta, el art. 10 de la Ley del Organismo Judicial regula que, “Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu (…)”.

Esto quiere decir que los órganos jurisdiccionales, en cada uno de los asuntos que les competen, no pueden apartarse de la literalidad y el sentido de la norma que aplicarán a un caso concreto puesto que el legislador, al momento de crear las leyes, observó circunstancias muy especiales en las que resulta necesario privilegiar para la interposición, en cualquier estado del proceso, la excepción de pago, transacción, cosa juzgada y prescripción, ya que tales excepciones afectan la esencia de la discusión sometida al conocimiento y resolución de un Juez de Trabajo y Previsión Social.

Ahora bien, si lo anterior fuera poco y al atender las reglas gramaticales que no pueden abandonarse al momento de realizar una labor hermenéutica del art. 342 del Código de Trabajo, se debe entender que, la función de la “y” dentro del citado artículo es establecer que, las excepciones de pago, transacción, cosa juzgada y prescripción no forman parte de las excepciones nacidas con posterioridad que contempla dicha norma.

En otras palabras, cuando ese artículo del Código de Trabajo se refiere a las excepciones privilegiadas, éste genera dos supuestos, el primero de ellos a aquellas excepciones nacidas con posterioridad y el segundo, las excepciones de pago, prescripción, transacción y cosa juzgada.

Lo anterior derivado que las autoridades de Trabajo y Previsión Social no pueden ceñirse a un mero formalismo que es aplicable para una excepción perentoria, cuando el sentido de la norma aludida es que no haya un doble pago a favor de quien reclama ese derecho.

Es decir, se tiene una condición privilegiada porque con todos esos supuestos antes enlistados (pago, transacción, cosa juzgada y prescripción) se pretende extinguir una determinada obligación y que, del análisis anterior, debe entenderse que se encuentra amparada por la ley para ser interpuesta en cualquier etapa del proceso, con la única limitación que debe ser planteada previo a que sea dictada la sentencia de segunda instancia.

En especial, con la excepción de prescripción se pretende la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo; con la excepción de cosa juzgada, evitar el conocimiento de dos procesos sobre el mismo hecho; con la excepción de pago, evitar el doble pago a favor de una persona y; con la excepción de transacción, asegurar el respeto a la voluntad de las partes.

Por lo anterior, es posible afirmar que las autoridades de Trabajo y Previsión Social, derivado de la doctrina asentada por la Corte de Constitucionalidad, al no dar trámite a las excepciones privilegiadas que hayan nacido con posterioridad a la contestación de la demanda, permiten que se violenten garantías esenciales de carácter constitucional, tales como, el doble pago, la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo y el respeto a la voluntad de las partes.

En otras palabras, lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad en reiteradas resoluciones resulta contrario a las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial al establecer que, si no se invoca la excepción privilegiada en la contestación, obliga al doble pago, lo que también fomenta el enriquecimiento sin causa.

Además, dichas consideraciones externadas por las autoridades jurisdiccionales violentan, a nuestro entender, el derecho de defensa que le asiste al interponente de una excepción privilegiada.