El recurso de apelación en materia tributaria en El Salvador

El Código Tributario salvadoreño en su art. 188 dispone que, en materia de recursos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos.

Siendo competentes, para conocer de los recursos de apelación que interpongan los sujetos pasivos ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), de los actos administrativos emanados por la Dirección General de Impuestos Internos que se detallan a continuación:

    1. Resoluciones definitivas en materia de liquidación de oficio de tributos;
    2. Resoluciones de imposición de sanciones.

Respecto a los recursos administrativos, que comprende al recurso de apelación, señala el autor, José María Ayala Muñoz (2019), lo siguiente:

    • Los recursos administrativos pueden considerarse como una fase previa o como una condición, sin la cual, no será posible acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa; los cuales, tienen por finalidad anular o excluir de la vida jurídica aquellos actos que no son conforme a Derecho sin que exista la necesidad de incurrir en gastos y tiempo que supondría un procedimiento judicial, siendo esta la oportunidad para que, al administrado se le estime su pretensión.
    • Por otra parte, estos recursos resultarán beneficiosos, para la propia administración y para las finalidades que persigue la actuación administrativa, al permitir a la administración un medio idóneo para que el órgano superior pueda corregir los criterios erróneos del órgano inferior, precisar el contenido del acto, examinar cuestiones no consideradas con acierto en un principio y, en fin, corregir las deficiencias del acto originario (José María Ayala Muñoz, 2019 p. 171 a 173).

Es por esto que resulta importante para los administrados conocer los mecanismos de impugnación que el legislador ha previsto, a fin de hacer uso de los mismos en tiempo y forma.

El desarrollo del recurso de apelación se señala a continuación:

    1. Iniciará con la interposición del Recurso de Apelación dentro de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución liquidadora o sancionadora y se realizará por medio de escrito, señalando como lugar para recibir notificaciones y demás diligencias, dentro del radio urbano de San Salvador;
    2. El TAIIA solicitará el expediente administrativo a la DGII dentro del plazo de 3 días hábiles;
    3. Recibidos los expedientes, el TAIIA admitirá el referido recurso en caso de que proceda y mandará a pedir informe a la DGII, dentro del plazo de 15 días habiles contados a partir del día siguiente al de la notificación;
    4. Abrirá a pruebas por el término de 5 días hábiles a partir de la notificación;
    5. Vencido el término de pruebas, el TAIIA ordenará la producción de pruebas;
    6. Mandará el TAIIA a oír al apelante sus alegaciones finales en el plazo de 8 días contados a partir del día siguiente al de la notificación;
    7. Procederá el TAIIA a resolver el recurso de apelación y a notificar sentencia, cuyo plazo no podrá exceder de 9 meses a partir de la interposición del recurso.

Es importante señalar que el TAIIA podrá ordenar (de oficio) inspecciones y exhibiciónes de documentos o contabilidades y practicar toda clase de avalúos y diligencias necesarias para esclarecer los puntos reclamados. Asimismo, podrá decidir sobre todas las cuestiones que plantee el expediente administrativo sin importar si hayan sido alegados por los interesados.

El fallo que resuelve el recurso de apelación es el acto que se tendrá por definitivo en la sede administrativa (art. 188 del Código Tributario) y que permitirá al administrado ejercer la acción contencioso-administrativa, en virtud de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece la necesidad de que el administrado haya agotado la vía administrativa.

El hecho de agotar las vías administrativas se define como el acto que pone fin al procedimiento respectivo, o que resuelve el recurso de apelación, independiente de que este sea conocido por el superior jerárquico o por otro órgano previsto en virtud de ley (art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos).

Contemplando a los recursos administrativos como aquella fase previa para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa.