Bonos de carbono e incentivos fiscales

I- Antecedentes de los Bonos de Carbono:

Los Bonos de Carbono tienen sus inicios en el Protocolo de Kyoto en 1997, en donde los mismos se propusieron como un mecanismo para la lucha en contra del cambio climático, enfocado, principalmente, en evitar, capturar o reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esto último se logra con la conservación o la reforestación de bosques de largo plazo, equivalente a no emitir o capturar una tonelada métrica de CO2 en el ambiente.

La iniciativa iba enfocada a que las empresas, que generaban emisiones, tuvieran dos objetivos, reducir o compensar la emisión de GEI, adquiriendo los bonos que se emitieran y que tuviera la certificación de garantía de la mitigación al medio ambiente.

Algunos de los beneficios que perseguían la emisión de bonos era financiar estos proyectos. Por ejemplo, con los bosques, fomentar la conservación de los ya existentes o incentivar al uso de tierras para la siembra de nuevos bosques que capturen CO2. Para el caso de otros proyectos, como la generación de energía renovable o los que tienen como finalidad la recolección y uso de residuos, son un soporte financiero que pueden ser atractivos para los desarrolladores, ya que pueden optar, no solo a ese ingreso, sino que también a otros beneficios no necesariamente financieros para el desarrollo de los proyectos.

II- Mecanismo de los Bonos de Carbono actualmente:

En el territorio centroamericano, con el potencial de generación de energía renovable que tenemos, muchos desarrolladores y operadores han optado por la calificación de los proyectos con algunos de estos bonos de carbono. En los últimos años, y derivado de las metas que han sido propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas, muchos países que generan GEI han acordado reducir los mismos, y durante este tiempo, buscan compensar las emisiones con bonos verdes.

Dentro de los bonos más reconocidos se encuentran los Renewable Energy Certificates o RECs. Estos bonos representan 1000 kilovatios / hora de generación de energía de fuentes renovables los cuales conllevan un proceso de registro y de certificación para que el desarrollador pueda posteriormente vender estos bonos en los diferentes mercados donde sean necesarios para compensar los GEI.

III – De los incentivos en la región centroamericana:

También, como parte de los incentivos que pueden tener los proyectos de energía de fuente renovable en la región centroamericana, se encuentran los siguientes:

El Decreto 52-2003, Ley de Fomento de Energía de Fuentes Renovables, así como su reglamento, establecen que los generadores de energía de fuentes renovables tienen los siguientes incentivos:

  • Exención en el pago del impuesto al valor agregado (IVA), derechos arancelarios de importación (DAI), las cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de energía renovable;
  • Exención del pago del impuesto sobre la renta (ISR) por un período de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de entrega (FEI) y se otorgará únicamente a las personas individuales y jurídicas que desarrollen directamente los proyectos de fuentes renovables y solamente por la parte que corresponda a dicho proyecto;
  • Los certificados de reducción de emisiones pertenecerán a los propietarios de los proyectos, quienes de esa forma se beneficiarán de la comercialización de estos. Los certificados serán emitidos por el órgano competente, de conformidad a la cuantificación de las emisiones reducidas o desplazadas por el proyecto.

Como se expresó al inicio de este artículo, el 9 de mayo de 1992, en Nueva York, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la que se reconoce que el fenómeno del clima es real. En el evento se fija como objetivo estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero fue hasta en el Protocolo de Kioto (PK), celebrado el 11 de diciembre de 1997 en Japón y que entró en vigor en febrero de 2005, que se ponen en práctica los tratados acordados en el noventa y dos.

En este contexto, en El Salvador, así como en otros países signatarios, el sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir dióxido de carbono como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. Un bono representa el privilegio a expulsar una tonelada de dióxido de carbono y permite mitigar la generación de gases invernadero.

En igual medida, se han desarrollado los bonos sostenibles, que son un instrumento de deuda negociado en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), en el marco de la «Guía de bonos verdes, sociales y sostenibles para el mercado de valores en El Salvador», la cual fue publicada en agosto 2021.

Los requisitos para emitirlos son cumplir con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores de El Salvador, cumplir con los estándares de la guía y contar con la opinión de un tercero independiente acreditado para verificar el cumplimiento de estas.

Los proyectos que se pueden financiar con estos bonos son:

    • Generación de energía renovable;
    • Eficiencia energética;
    • Gestión del agua;
    • Transporte limpio;
    • Seguridad alimenticia;
    • Acceso a servicios y vivienda asequible.

Para los efectos de los bonos de carbón, El Salvador es considerado un mercado voluntario que ha adoptado el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), uno de los mecanismos de flexibilidad del PK y es el único que incluye a países que no están sujetos a compromisos formales de reducción de emisiones de GIE.

Desde la aparición de los Centros de Energía Renovables (CER) (también conocidos como bonos de carbono) como un nuevo elemento económico del patrimonio neto de la empresa, ha sido cuestionado, tanto en términos de legalidad como en la forma en que se registran en las cuentas de la entidad, especialmente en las erogaciones que se generan durante las etapas de un proyecto MDL y el criterio para la clasificación de los CER en los estados financieros para que facilite su registro.

La comercialización de los CER se documenta a través del contrato de compra de reducción de emisiones verificadas (Emission Reduction Purchase Agreement – ERPA), el cual es un acuerdo de compra vinculante firmado entre compradores y vendedores de compensaciones de carbono a precio de mercado. Por tanto, los CER son un título valor ya que representan en el comercio de carbono un medio eficaz para negociación y representan bienes con valor económico con certeza, cumpliendo con la literalidad y la autonomía para ejercer el derecho que incorporan.

El procedimiento de aprobación y registro de un proyecto MDL consta de dos instancias. Incluye una revisión nacional llevada adelante por una AND del país huésped del proyecto, y una instancia internacional a cargo de la junta ejecutiva (JE) del MDL.

Un proyecto que quiera participar en el MDL, previo a solicitar el registro ante la JE/MDL, deberá obtener de parte de la AND del MDL que en El Salvador es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la confirmación de que el proyecto contribuye al desarrollo sostenible y la participación voluntaria de las partes en el MDL, para lo cual la AND ha establecido una guía que consiste en los siguientes pasos:

    1. Elaboración de los documentos del diseño del proyecto;
    2. Aprobación por la autoridad nacional designada;
    3. Validación por una entidad operacional designada;
    4. Registro ante la junta ejecutiva del MDL;
    5. Monitoreo por el proponente del proyecto;
    6. Verificación y certificación de emisiones por la entidad operacional;
    7. Expedición de certificados de reducción de emisiones por la junta directiva.

Los precios en el mercado de carbono se rigen por los ofrecidos por el Banco Mundial y el Gobierno Holandés, quienes son los principales compradores de CER, estos precios están regidos por el comportamiento de la demanda y por las políticas de cambios climáticos y energía de los países anexos al protocolo de Kioto. La intervención de los costos de transacción es un factor decisivo en la determinación del precio de mercado de carbono.

1- Marco de incentivos e impuestos aplicables

  • Ley del impuesto sobre la renta

En relación con la Ley del impuesto sobre la renta, los costos de registro del proyecto MDL que serán capitalizados son: el diseño del proyecto, la validación por una entidad operacional designada y registro ante la junta ejecutiva MDL.

Dichos costos se amortizan por el método de línea recta en proporción a los CER o bonos recibidos, estos costos son no deducibles y necesarios para acreditar que el proyecto MDL ha reducido GEI.

Así mismo, los costos de verificación y certificación previa a la obtención de los bonos de carbono y gastos de comercialización no se capitalizan y son no deducibles del impuesto sobre la renta.

Se puede definir que, con relación a la territorialidad, se declaran los ingresos desde el país origen y con relación al régimen aduanero, es una exportación con ingresos domiciliados porque desde el país origen se genera la negociación de la venta de los CER.

La Ley de Incentivos Fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad en el art. 3 literal c) da la exención al impuesto sobre la renta. Los ingresos que se obtengan de la compraventa de los bonos se encuentran no gravados.

  • Ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. (IVA)

Para efectos de la Ley de IVA, los CER o bonos de carbono, se encuentran dentro del concepto de bienes muebles incorpóreos, tal como lo establece el art. 5 de la misma ley. Para la obtención de los bonos de carbono se ha incurrido en costos que se denominan “de transacción”. Estos sirvieron para el registro del proyecto en la JE/MDL y la verificación y certificación de la reducción de GEI por una EOD, la cual emite un informe para luego hacer la solicitud formal de los bonos ante la JE del MDL y esta expide un CER o bono por cada tonelada de reducción de CO2; por lo que se considera su obtención como una transacción a título gratuito.

La compraventa de los CER o bonos de carbono no constituye un hecho generador para efectos de IVA debido a que, según el art. 5 de la Ley, solo constituye un hecho generador del impuesto la transferencia de dominio a título oneroso de bienes muebles corporales y los CER no están dentro de esa categoría.

  • Ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad.

La Ley tiene por objeto promover la inversión en proyectos a partir del uso de recursos renovables para la generación de energía eléctrica. Las personas naturales o jurídicas que utilicen para ello fuentes renovables de energía, gozarán de los siguientes beneficios e incentivos fiscales:

    • Exención total del pago de todo tipo de impuestos sobre los ingresos provenientes directamente de la venta de las “Reducciones Certificadas de Emisiones” (RCE) en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) o mercados de carbono similares obtenidos por los proyectos calificados y beneficiados conforme a la presente Ley.

Para gozar de los beneficios a que se refiere el literal anterior, el beneficiario deberá cumplir con las siguientes condiciones:

    • Que los proyectos se encuentren debidamente registrados y certificados de conformidad con las modalidades y procedimientos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto;
    • Que los titulares de los proyectos calificados conforme a la presente Ley agreguen en su declaración de impuesto sobre la renta un detalle de las CER expedidas, ingresos obtenidos producto de su venta, haciendo constar el nombre de los adquirentes;
    • Presentar copia del contrato de compra de las reducciones certificadas de emisiones (siglas en inglés ERPA) en que conste la cantidad de dichas reducciones vendidas y el precio de su venta;
    • Presentar constancia de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la cantidad expedida de CER.

Aspectos Generales:

En noviembre de 2022, el Ingeniero Lucky Medina, Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), anunció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) la implementación de “créditos soberanos de carbono” orientados a construir infraestructuras resistentes al cambio climático, actividades de restauración y recuperación de ecosistemas y para cuidar las áreas protegidas.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que Honduras es uno de los países que menos emisiones de gases de efecto invernadero produce. Según información del Banco Mundial, el país produjo, en 2019, aproximadamente 22,390 toneladas de Gases de Efecto Invernadero, una cantidad considerablemente menor comparada a la producción de GEI de otras naciones como China con más de 12 millones de toneladas, Estados Unidos con más de 6 millones y la India con más de 3 millones ese mismo año.

Actualmente, a través del Congreso Nacional, se promueve la aprobación de una ley especial para que estas transacciones de carbono sean reguladas por el Estado, algo distinto al mercado de carbono voluntario que ya existe en el país y que es permitido. Esta legislación está a la espera de ser discutida en su tercer y último debate, según la información disponible que se ha investigado.

El proyecto de Ley denominado, “Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática”, como se le ha denominado, y aun en discusión ante el Congreso Nacional de la República, tiene como una de sus consideraciones acercar la realidad hondureña a la justicia climática y crear un mecanismo que contrarreste los efectos adversos del cambio climático y el control de la emisión de gases de efecto invernadero, distribuyendo, para tal efecto, los beneficios y recursos de manera equitativa y justa.

Sin embargo, a pesar de que este proyecto de ley aun no ha sido aprobado, existen algunas ideas generales sobre los tipos de proyectos que suelen generar bonos de carbono y que podrían ser implementados en Honduras:

    1. Proyectos de energías renovables: La implementación de fuentes de energía renovable, como parques eólicos, plantas solares o pequeñas centrales hidroeléctricas, puede generar bonos de carbono al reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
    2. Proyectos de eficiencia energética: Iniciativas que mejoran la eficiencia energética en edificios, industrias o procesos pueden generar bonos de carbono al reducir el consumo de energía y, por ende, las emisiones asociadas.
    3. Proyectos forestales: La conservación y restauración de bosques, así como la gestión sostenible de los recursos forestales, también pueden generar bonos de carbono. Estos proyectos contribuyen a la captura y almacenamiento de carbono.
    4. Tratamiento de residuos: La gestión adecuada de residuos como la captura y utilización de gases de vertedero, puede ser un área donde se generen bonos de carbono al evitar la liberación de metano, un gas de efecto invernadero potente.

A continuación, detallamos, de conformidad a la “La Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables mediante” (Decreto no. 130-2013) y sus reformas, la cual ofrece una serie de beneficios e incentivos fiscales para aquellos proyectos de generación de energía con recursos renovables nacionales. Estos proyectos gozaran de beneficios como:

    1. Exoneración al impuesto sobre ventas para todos aquellos equipos, materiales, repuestos, partes, y cualesquiera bienes y servicios que estén destinados directamente con la infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica con recursos renovables, incluyendo, pero sin limitarse a sistemas, materiales, maquinarias y equipos para turbinar, generar, controlar, regular, transformar y/o transmitir energía. Esta exoneración es aplicable a personas naturales y jurídicas que desarrollen, construyan u operen el proyecto de generación de energía eléctrica con recursos nacionales. El periodo de exoneración vence el día del vencimiento del contrato o licencia de operación, según corresponda;
    2. Exoneración del pago de todos los impuestos, tasas, aranceles y derechos de importación de equipos, materiales, repuestos, partes y demás que fueran adquiridos localmente o en el exterior destinados o relacionados directamente con la infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica con recursos renovables;
    3. Exoneración del pago del impuesto sobre la renta, aportación solidaria temporal, impuesto al activo neto, impuesto de ganancia de capital y todos aquellos impuestos conexos a la renta durante un plazo de 10 años, equivalente a 120 meses contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial del proyecto.

En Nicaragua no existe una normativa particular que regule los bonos de carbono. No obstante, existen diferentes normativas, incluyendo la misma Constitución Política, que si bien no regulan de forma específica, hacen alusión al deber del Estado de Nicaragua de fomentar un ambiente saludable, y que él mismo está orientado a la preservación y conservación a través de políticas estatales.

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, establece en su art. 4 que el desarrollo económico y social del país se rige por 8 principios rectores. Entre estos principios se establece que: “Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el ambiente, mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles”.

De igual forma, como parte de la gestión ambiental, se establecen los incentivos como instrumentos de esta (art. 11). A su vez, en el art. 42 del mismo cuerpo normativo, se establece que “El Estado establecerá y ejecutará una política de incentivos y beneficios económicos dirigidos a quien contribuyan a través de inversiones a la protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente”. En tanto, existe la posibilidad de obtener beneficios fiscales para las empresas que establezcan programas orientados a la captura de gases de efecto invernadero que contribuyan a mejorar la calidad medioambiental.

Mas allá de la materia relacionada con bonos de carbono, Nicaragua ofrece, de forma general, incentivos fiscales en materia de energías renovables. La Ley 532 “Ley de Promoción de generación eléctrica con fuentes renovables” publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 130 del día 14.07.2021 y que fue reformada mediante la Ley 1143 “Ley de Reforma a la ley No. 532 Ley para la Promoción de generación eléctrica con fuentes renovables”, establece que los proyectos de generación de energía con fuentes renovables y las nuevas ampliaciones de proyectos en operación con fuentes renovables podrán acogerse a los beneficios fiscales hasta el día 01-01-2028. Estos beneficios fiscales son:

    • Exoneración del pago de los derechos arancelarios de importación (DAI);
    • Exoneración del pago de impuesto al valor agregado (IVA);
    • Exoneración del pago del impuesto sobre la renta (IR);
    • Exoneración de todos los impuestos municipales vigentes;
    • Exoneración de todos los impuestos que puedan existir por explotación de riquezas naturales;
    • Exoneración del impuesto de timbres fiscales;

Cabe mencionar que aun sin existir normativas específicas que regulen lo derivado a los bonos de carbono y similares, el Estado de Nicaragua ostenta planes nacionales orientados al desarrollo sostenible del país que incluyen iniciativas a la variabilidad climática y al cambio climático:

    • Se implementará, con el Fondo Cooperativo de Carbono Forestal, el programa de reducción de emisiones en la costa caribe, que contribuirá en reducir aproximadamente 11 millones de toneladas de dióxido de carbono proveniente de la deforestación y degradación, así como otros programas y proyectos que garantizarán el manejo sostenible de los bosques y protección de los ecosistemas.
    • Se contribuirá con la mitigación de 15 millones de toneladas de CO2, mediante la implementación de acciones de protección, manejo, conservación y restauración de bosques y áreas degradadas.

Es importante mencionar que existen diferentes proyectos que hoy se están gestionando e implementando, por ejemplo:

    1. Bioclima: El proyecto “Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Reservas de Biosfera BOSAWÁS y Río San Juan (BIOCLIMA)”, por un monto de US $115.7 millones, tendrá un impacto de captura de 47.3 millones de toneladas de CO2 en 20 años y 51,100 beneficiarios directos, más de 614,721 indirectos, donde el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) actúa como entidad acreditada.
    2. Fondo cooperativo para el carbono de los bosques: Nicaragua recibió la aprobación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, mediante el cual las comunidades rurales y pueblos indígenas que viven en los bosques de la Costa Caribe, BOSAWAS e Indio Maíz, reducirán la deforestación y degradación forestal, reduciendo las emisiones de 11 millones de toneladas de dióxido de carbono en 5 años y se recibirá a cambio incentivos positivos por US $55 millones. Esta meta solamente representa el 50% del potencial que tiene la región del Caribe en la reducción de emisiones; el que se ejecutará a través del programa ENDE- REDD+ de MARENA, con la asistencia del Banco Mundial.

En cualquier caso, se conocen antecedentes aceptados en términos generales por el marco legal nicaragüense, relacionados con transacciones de Bonos de carbono entre particulares, resumiéndolo como un acuerdo de compra vinculante firmado entre compradores y vendedores de compensaciones de carbono a precio de mercado.

En Costa Rica la figura de los Bonos de Carbono, también conocidos como Créditos UCC (Unidades Costarricenses de Carbono), se regulan en la Ley Forestal nº 7575, su reglamento nº 25721 y el Manual de Procedimiento de Pago por Servicios Ambientales (PSA). La institución encargada de administrarlos es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, conocido por sus siglas como FONAFIFO.

Esta institución pública, la cual pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía, se crea con el objetivo de que beneficie, por medio de financiamientos, a los pequeños y medianos productores, utilizando la figura de los créditos y demás mecanismos que fomenten la reforestación y recuperación de áreas que perdieron la cobertura boscosa. A nivel legal se le encomienda ser captador de financiamiento para el Programa de Pago por Servicios Forestales, mejor conocido como PSA, el cual está íntimamente ligado con los certificados de Carbono. Dicha institución, es la encargada de emitir los criterios técnicos que son base para entregar los certificados forestales.

Estos bonos o certificados utilizan como garantía las propiedades de los particulares que contienen recursos forestales, árboles en pie, que se traducen en captación de carbono. Dicho cálculo es realizado por FONAFIFO basándose en lo establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde cada crédito de carbono es equivalente a una unidad de dióxido de carbono secuestrado, y cuyo precio se ha fijado en $7.5 dólares americanos por unidad.

Según la Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales del Departamento de Propuestas de FONAFIFO, en el documento descriptivo del proyecto forestal de créditos de carbono para compensar emisiones de gases de efecto invernadero (2022), la cantidad de estos créditos se calculan de la siguiente manera:

“La cantidad de créditos de carbono disponibles anualmente para la venta en el mercado doméstico se denomina Beneficio Neto (BN). Este se compone de las remociones descontando las emisiones, las remociones en el escenario de referencia, además de las fugas, si fuera el caso. Así, las remociones netas son la cantidad de CO2 equivalente capturado en un período de tiempo determinado en el área del proyecto, restando las pérdidas por mortalidad y raleos, además de otras emisiones.”

La institución se vale entonces de la venta de estos créditos, y otros medios, para financiar el Programa de Pago por Servicios Ambientales, el cual brinda a los dueños de propiedades privadas una compensación económica por mantener el bosque y no intervenirlo. Gracias a esto, el país pasa de un sistema económico en donde mantener el bosque no era económicamente rentable (por lo que se talaba para la creación de terreno de pasto para ganado), a uno en donde se le paga al propietario por mantener y proteger zonas que brindan servicios ambientales.

No está de más decir que gracias a este sistema, el país ha logrado hacer una recuperación bastante visible de las zonas boscosas, las cuales no solo son valiosas desde la individualidad, sino también en conjunto. Desde hace varios años Costa Rica ha impulsado variedad de políticas ambientales, entre las que está la de los corredores biológicos (decreto nº 40043-MINAE), los cuales brindan protección jurídica a los parches de bosque que se van conectando conforme nacen zonas “ciudadanamente” protegidas.

Los Créditos de Carbono en Costa Rica se caracterizan por pertenecer a un mercado de carbono totalmente voluntario, por lo que los beneficios que existen para las empresas que los adquieren se centran más que todo en una diferenciación comercial o de marca, en donde se utilizan como medio para balancear la huella de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero ya producidas.

Estos créditos se pueden adquirir directamente por medio de la página web de FONAFIFO, por lo que su compra es de acceso libre.