El Banco Mundial indica que la inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades —transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros— y que se prestan de manera responsable y sostenible.
Se considera que la inclusión financiera es un elemento que facilita la consecución de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2015. La Ley No. 769 “Ley de Fomento y Regulación e Microfinanzas”, aprobada el 9 de junio de 2011, señala que las actividades de microfinanzas estimulan el desarrollo económico de los sectores de bajos ingresos del país. Aquí es donde las microfinanzas y la inclusión financiera convergen, teniendo la primera un papel importante para lograr los objetivos que persigue la segunda.
En Nicaragua, las microfinancieras han tenido un auge importante desde antes que la ley que los rige fuese publicada en el 2011, considerando que atienden un porcentaje relevante de la población nicaragüense no bancarizado. El Informe Anual del Banco Central de Nicaragua (BCN) ,del período 2022, señala que las microfinancieras se han reposicionado como un proveedor de financiamiento relevante para el mercado de créditos nacionales al incrementar sus emisiones de cartera de crédito y atender a una cantidad significativa de la población, pues estas mostraron una evolución positiva desde 2020 que ha continuado mejorando en 2022, lo que se había visto afectado por la desaceleración económica producida a partir de los eventos de 2018 y la pandemia del COVID-19.
Según los datos de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), ente regulador de las instituciones de Microfinanzas en Nicaragua, reflejados en el Informe del BCN, el sector de las microfinanzas es de menor tamaño en relación al sistema bancario, sin embargo, al cierre de 2022, la cartera bruta de las microfinancieras equivalía a un 8.3 por ciento de la del Sistema Bancario y Financiero (SBF), siendo que el número de créditos de las microfinancieras totalizó 541,093 créditos, representando un 43% del total otorgados por el SBF.
Al 2023, la CONAMI tiene en su registro un total de 61 instituciones financieras intermediarias de microfinanzas, de las cuales, 37 son instituciones de microfinanzas de registro obligatorio y 24 son instituciones financieras intermediarias de microfinanzas que optaron por regularse voluntariamente. Según el informe anual de gestión de la CONAMI del 2022, las instituciones reguladas por la CONAMI tienen presencia a nivel nacional, cuentan con 315 sucursales, de las cuales el 20% se encuentran operando en Managua. Al cierre del año 2022, generaron la cantidad de 3,421 empleos directos a nivel nacional y registran 453,480 clientes atendidos, con un saldo de C$13,289.22 millones de córdobas, para un saldo de crédito promedio de C$27,206.46, equivalente a $750.29 dólares americanos.
Desde la perspectiva legal y regulatoria, el informe del BCN también señala que la industria de los microcréditos posee pocas barreras de entrada en comparación con la banca, lo que podría ser un factor positivo por considerar en el marco de una inversión en el Sistema Bancario y Financiero en el país.
Sin perjuicio de lo anterior, las microfinancieras se encuentran reguladas por la Ley No. 769 y la CONAMI funge como órgano regulador y supervisor de las instituciones de microfinanzas, sin dejar de un lado el componente de fomento.
En tal sentido, es importante considerar que el registro de una institución de microfinanzas será obligatorio en caso de cumplir con dos criterios:
- Que el capital social sea superior a C$7,700,000.00:
- Que el valor bruto de su cartera de microcréditos represente al menos el 50% de su activo total.
Sin perjuicio de esto, también existe la posibilidad de registrarse de forma voluntaria si la institución de microfinanzas no cumple con estos requerimientos.
Entre los beneficios del Registro se encuentran:
- La libertad de pactar tasas de interés;
- El acceso a la Central de Riesgos y a estudios de la CONAMI;
- Capacitaciones.
Además de adquirir un estatus de transparencia y cumplidora de la Ley, lo que permitirá acceder con mayor facilidad a fondos o financiamientos de origen nacional o extranjero.
El proceso de registro tiene sus requerimientos y etapas que toda institución, obligada o voluntaria, deberá agotar para obtener su estatus, para ello, la asesoría y el acompañamiento legal será clave para lograr el objetivo.