Con el objetivo de reducir los efectos del cambio climático y garantizar el acceso a energía en diversas latitudes, se ha desarrollado la figura de las Comunidades Energéticas. Estas son organizaciones legales constituidas por una variedad de socios que pueden incluir individuos, asociaciones, pequeñas y medianas empresas, entidades gubernamentales, entre otros.
El cambio climático es una amenaza existencial real que requiere de acciones concretas y decisivas. Los Estados, las empresas y comunidades se están movilizando para crear tecnologías e innovaciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar carbono de la atmosfera.
Tras cinco decenios de debate, iniciado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible ha sido reconocido por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Este derecho está íntimamente relacionado con los derechos a la vida y a la integridad personal.
Los Estados tienen la ardua labor y obligación de mitigar el cambio climático y de prevenir sus efectos negativos sobre los derechos humanos, por esto, han tomado medidas para reducir las emisiones manera rápida, y de ser posible, de forma inmediata. En los últimos años se han propuesto diversas tecnologías de mitigación del cambio climático. Las energías renovables, como la solar, la eólica, la producida a partir de desechos y la geotérmica, podrían generar el 90% de la energía mundial para el 2050, según el estudio de las Naciones Unidas “Renewable enery-powering a safer future”. El hidrogeno verde producido a partir de fuentes renovables podría evitar hasta 830 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. La bioenergía moderna que incluye biocombustibles líquidos procedentes del bagazo (el residuo fibroso seco que queda de la extracción del jugo de la caña de azúcar) y de otras plantas, el biogás producido mediante digestión anaeróbica de residuos y los sistemas de calefacción con “pellets” de madera, tiene el potencial de complementar las fuentes de energía sin carbono.
Las diversas estrategias que se están implementando se encuentran enfocadas en una transición justa hacia un sistema climático seguro que requiere soluciones integradas para tratar de resolver una crisis ambiental y de derechos humanos. Una de estas estrategias es la implementación, en áreas vulnerables, de las llamadas “comunidades energéticas” las cuales abordaremos en este articulo dentro de una serie de publicaciones que iremos desarrollando en nuestra área de practica legal de energía e infraestructura.
En este contexto, por ejemplo, en España, las hoy comunidades energéticas tienen sus registros de existencia desde el siglo XIX. El hecho de que algunos ciudadanos que residían alejados de los núcleos urbanos no tenían acceso a la energía eléctrica, motivó la construcción de cooperativas, en donde los habitantes se coordinaban para generar su propia energía.
Con el paso de los años, estas cooperativas han evolucionado hacía comunidades energéticas de todo tipo.
En este contexto, este término de comunidades energéticas, que a nivel mundial ha tomado dinamismo en el proceso de la transición energética y el acceso a la energía en la ruta de cumplimiento de los ODS para el año 2030, se entiende como una estructura organizativa con gran potencial de réplica en las diversas latitudes latinoamericanas y que está jugando un papel clave dotando a la ciudadanía de un instrumento para canalizar y organizar acciones colectivas, tomando así, un papel activo y central en el proceso de transición energética y reducción de la brecha de acceso a la energía y los efectos del cambio climático.
Podríamos consensuar, de las diversas reglamentaciones, una definición común o concepto integral: “Una comunidad energética es una entidad jurídica, construida democráticamente y formada por agrupaciones vecinales, entidades públicas o privadas y pequeñas o medianas empresas que deseen, de forma voluntaria, cooperar para beneficiarse de fuentes de energía renovables producidas en su territorio.”
Estos grupos de personas, organizaciones sociales, empresas o instituciones han surgido como una respuesta para generar, consumir y compartir energía renovable de manera local y sostenible. Además, han surgido para construir una transición hacia sistemas de energía más sostenibles y justos en el mundo. En Alemania, Dinamarca y España las comunidades energéticas han sido ampliamente desarrolladas con resultados positivos.
La principal característica de las comunidades energéticas, en jurisdicciones como en Colombia que sería un referente más inmediato a nuestras latitudes centroamericanas, es que se encuentran reguladas y con la visión de que se construyen sobre el concepto del autoconsumo energético local, lo que implica la generación de energía para uso propio, individual o colectivo y en el mismo lugar en el que se genera, lo que puede hacerse, por ejemplo, a través de la instalación de paneles solares.
Los proyectos de comunidades energéticas tienen la capacidad de disminuir los costos de desarrollo y operación al convertirse en proyectos de gran magnitud. Asimismo, las propuestas de energía cooperativa generan un efecto positivo en la comunidad local, creando empleos y dinamizando la economía local.
El principal objetivo de las comunidades energéticas no sólo es alcanzar un beneficio económico, sino el aprovechamiento de los recursos renovables disponibles en nuestra localidad para alcanzar un beneficio social y medioambiental.
A pesar de las múltiples ventajas que las comunidades energéticas tienen, existen desafíos significativos que obstaculizan la concreción de sus proyectos:
- Las barreras técnicas y financieras de las cooperativas u organizaciones comunitarias;
- La falta de capacitación y conocimiento en energías renovables;
- La necesidad de una regulación clara y consistente que apoye la transición hacia una energía más sostenible y comunitaria;
- Los potenciales conflictos de intereses que se pueden dar con empresas generadoras de energías tradicionales.
Este modelo implica fortalecer aspectos fiscales, regulatorios, jurídicos, ambientales, tecnológicos y de participación ciudadana. El tema de la participación es uno de los asuntos más resaltados en este camino de transición energética para lograr un acceso a la energía justa y sostenible. Mediante una combinación de incentivos económicos, marcos normativos y campañas de educación pública, los países que han desarrollado esta modalidad y/o figura asociativa han creado un entorno propicio para el crecimiento y el éxito de las comunidades energéticas.
Los incentivos económicos, como exenciones fiscales, subvenciones y ayudas, han sido fundamentales para fomentar el desarrollo de proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica.
También se ha generado la sinergia necesaria con organizaciones internacionales y entidades no gubernamentales para proporcionar apoyo técnico y capacitación a las comunidades energéticas formadas y en formación.
Además, los gobiernos de los países en los cuales la figura se ha desarrollado han puesto en marcha marcos normativos para garantizar que las comunidades energéticas tengan un acceso justo a la red energética nacional, y ha agilizado el proceso de concesión de licencias y permisos para los proyectos energéticos.
Es de vital importancia la divulgación para concienciar y educar al público sobre las ventajas de las comunidades energéticas. La divulgación de historias de éxito en comunidades de extrema pobreza o vulnerables ha mostrado las repercusiones sociales, económicas y medioambientales positivas de las iniciativas energéticas.
Esto no sólo anima a más comunidades a adoptar las energías renovables, sino que también fomenta un sentimiento de propiedad y orgullo comunitario. Las comunidades energéticas representan una oportunidad única para abordar los retos del cambio climático y el acceso a la energía. A través de iniciativas locales y el apoyo de organizaciones comprometidas, estas comunidades están mostrando el camino hacia un futuro energético más sostenible y equitativo.
Este modelo o estructura de comunidades energéticas impulsa una economía circular y un consumo de cercanía. La generación de infraestructuras y nuevos proyectos renovables promueve la creación de empleo local, además de incentivar la economía local, se prioriza el consumo local y de proximidad.
En igual medida contribuye al desarrollo de las energías renovables como medio de consumo, promoviendo el aprovechamiento de los recursos naturales de cada localidad.
La creación de comunidades energéticas locales permite un acceso justo y fácil a los ciudadanos, pudiendo beneficiarse de los recursos y servicios energéticos o de movilidad gracias a las energías renovables.