Representación legal ante la Dirección General de Ingresos (DGI) en Nicaragua

De conformidad con el Art 82 de la Ley No. 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua” (CTr) y sus reformas, en toda gestión ante la Administración Tributaria, el contribuyente podrá actuar personalmente o por medio de un representante legal debidamente acreditado con poder suficiente.

En este sentido, el art 103 determina que será obligación de todo contribuyente inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria, y proporcionar los datos que sean requeridos en apego a la ley, debiendo mantenerlos actualizados en tiempo y forma. Dentro de estos datos se encuentran:

    • El domicilio legal;
    • Composición accionaria;
    • Junta directiva;
    • Actividad económica;
    • Datos del representante legal vigente.

Lo antes expuesto implica que todo contribuyente debe tener a su representante legal debidamente inscrito ante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Dirección General de Ingresos (DGI), así como actualizar dicho registro en caso de que haya un cambio o renovación de la representación legal. Para tales efectos es importante tomar en consideración los siguientes elementos:

    1. El representante legal debe contar como mínimo con poder general de administración vigente y debe estar debidamente inscrito en Registro Público Mercantil.
    2. El representante legal debe estar debidamente inscrito como representante de la sociedad ante el Registro Público Mercantil.
    3. Debe ser nicaragüense o tener cédula de residencia vigente mientras ejerza la representación legal de la sociedad en Nicaragua.
    4. En caso de cambio de representante legal, la Administración Tributaria solicita la revocación del poder del representante actualmente inscrito.

Es importante destacar que algunas Administraciones de Rentas de la DGI exigen que el poder general de administración otorgado a favor del representante legal haya sido autorizado por la composición accionaria vigente (mediante junta general de accionistas) e inscrita ante la Administración Tributaria, por lo que, si la composición accionaria vigente difiere de la inscrita ante la DGI, el trámite de inscripción o actualización de representante legal es suspendido hasta que se proceda con la actualización de información correspondiente.

En virtud de lo anterior, es evidente la importancia de que todas las empresas cumplan con su obligación de actualizar su información de contribuyente como mínimo cada dos años o siempre que se produzca un cambio significativo.

Adicionalmente, el art 82 también se refiere a aquellos apoderados especiales autorizados para la realización de gestiones especificas ante la autoridad tributaria, para lo cual deben contar con un poder especial otorgado por la junta general extraordinaria de accionistas o el representante legal – en caso de tener facultades suficientes – y autorizado ante un Notario Público.

En este sentido, resulta de suma importancia que el representante legal de la sociedad cuente con un poder general de administración con facultades suficientes para otorgar poderes a favor de terceros en nombre de la sociedad o bien y que goce de facultades de apoderado generalísimo. Caso contrario, la empresa puede encontrarse en una situación en la cual no cuente con ninguna persona dentro del territorio nacional con facultades suficientes para la realización de gestiones, comparecencia a audiencias o presentación de recursos administrativos y/o judiciales, etc; especialmente, cuando el representante legal se encuentra fuera del país.

En este último supuesto, la empresa debe recurrir al otorgamiento del poder mediante otras vías legales más complejas, las cuales se deben analizar según el caso concreto. Por lo antes mencionado, resulta indispensable contar con una asesoría corporativa completa que permita a la empresa prever estas situaciones y asegurar que siempre se cuenten con los recursos necesarios para cumplir con algún requerimiento o ejercer acciones ante la Administración Tributaria, siendo indispensable regular de forma apropiada las facultades del representante para garantizar la posibilidad de otorgar poderes especiales o generales en caso de que estos fuesen requeridos para alguna circunstancia concreta ante la Administración Tributaria.