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El día 26 de octubre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo número 380 de la Fiscalía General de la República mismo que contenía el nuevo Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos. Dicho instructivo entrará en vigor el día 6 de junio de 2022 de cara a una prorroga otorgada con el objetivo que los sujetos obligados se adecuen a las nuevas exigencias de dicho instructivo. Para algunos, el nuevo instructivo representa una carga regulatoria adicional, para otros, grandes oportunidades de obtener seguridad jurídica en su operación del negocio, esto último en especial para las Fintech.
El nuevo instructivo integra las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para cumplir con los estándares internacionales sobre gestión de riesgos y mejores prácticas en la materia, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, la de diseñar un esquema de cumplimiento basado en riesgos y el uso de nuevas tecnologías. El primero implica centrar el modelo de cumplimiento en los riesgos a los cuales una empresa o un sector especifico puede estar expuesto en virtud de su actividad económica; y el segundo implica, por un lado, el reconocimiento de productos y prácticas comerciales 100% digitales (los cuales conllevan naturalmente sus riesgos inherentes) y la evaluación previa del riesgo antes de lanzar nuevos productos, especialmente cuando lleven implícito el uso de nuevas tecnologías.
Dicha integración de las recomendaciones ha permitido al instructivo el incluir la posibilidad de contrataciones 100% digitales, enfocando de esa forma sus políticas y procedimientos a estos canales virtuales, incluyendo el monitoreo transaccional, el respaldo de documentos y la debida diligencia que debe realizarse a los clientes o KYC por sus siglas en inglés. Esto último permite a los actores del ecosistema Fintech operar su negocio bajo un esquema de seguridad jurídica en cuanto a la regulación a cumplir.
Si bien es cierto una de las mayores preocupaciones para cualquier empresa es (o debería ser) el regulatorio, en las Fintech considerando su naturaleza y los medios por los cuales se desarrolla el negocio esta preocupación debe intensificarse. Algunos de estos actores podrán estar en un ambiente sin regulación o con una regulación baja (en cuanto a regulación financiera se refiere), no obstante, siempre estarán obligados en El Salvador al cumplimiento normativo de la Ley Contra el Lavado de Activos, lo cual implica un claro reto en salvaguardar la experiencia de usuario sin perder de vista el cumplimiento regulatorio.
Las adecuaciones al reglamento permiten a estos actores el dar cumplimiento a estos parámetros, adecuando sus flujos al cumplimiento normativo mediante la utilización de nuevas tecnologías que les permitan garantizar un cumplimiento normativo integral; herramientas como inteligencia artificial aplicado al monitoreo transaccional, reconocimientos biométricos, pruebas de vida mediante fotografías o videos, soluciones de KYC en blockchain, entre otras, pueden integrarse al enfoque basado en riesgos de la Fintech por medio de sus canales electrónicos sin perder la experiencia de usuarios. Lo anterior garantiza la explotación del modelo de negocios y el cumplimiento del marco regulatorio.