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La inclusión financiera es un fenómeno que busca promover el bienestar socio económico y social a individuos integrados en la sociedad; el Banco Mundial, la define como el acceso para personas físicas y empresas, a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible, siendo de esta forma la inclusión clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.
El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana de familias y las empresas, por ello y desde el año 2010, más de 55 países se han asumido el compromiso de implementar la inclusión financiera, y más de 30 de ellos han pusieron en marcha o una estrategia nacional conforme la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios Financieros en el año 2020 (UFA2020) del Grupo Banco Mundial (GBM). Son muchos los países que han logrado más avances con miras a la inclusión financiera y que han creado un entorno normativo y reglamentario propicio, y han fomentado la competencia permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros.
En el caso en particular de El Salvador y a partir del 15 de marzo de 2021 el Gobierno lanzó la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es definir directrices generales para promover un sistema financiero inclusivo, en el cual las personas puedan acceder y utilizar productos y servicios financieros en mejores condiciones de seguridad, eficacia y transparencia. A partir de la misma se dio como punto de partida el plan de acción que busca mejorar las condiciones de acceso para las personas de menores ingresos, mujeres, las micro y pequeñas empresas (MYPES) a través de cuatro pilares estratégicos:

Con ello El Salvador ha emprendido uno de los retos más importantes para favorecer la inclusión financiera en su población. Según la base de datos global de inclusión financiera (Global Findex) del Banco Mundial, solo el 30.4% de los adultos mayores de 15 años poseían una cuenta en una institución financiera formal, el 24.4% de las mujeres mayores de 15 años poseían una cuenta y alrededor del 10,9% de los adultos ahorró en una institución financiera formal en el último año.
Las Fintech juegan un papel relevante en las economías y son las grandes protagonistas desde el sector privado para generar inclusión financiera; la introducción de pagos digitales, incorporación de plataformas digitales, incorporación de plataformas de pagos móviles, entre otros, han contribuido a dinamizar la economía para atender las necesidades de la población, integrando sectores, modificando esquemas y diseñando productos a la medida a través de nuevas tecnologías; sin lugar a dudas, la pandemia por COVID-19 impulsó la mayor digitalización de productos financiero y programas de apoyo del gobierno a sectores de la población han facilitado la innovación en el sistema financiero.
Ampliar el conocimiento sobre metodologías y herramientas que faciliten la inclusión financiera como bien público para responder a las necesidades diferenciadas de las personas, continuarán siendo un reto, dado a que las mismas no solo contribuirán a la creación de sinergias entre actores claves que faciliten el acceso a servicios financieros innovadores; sino que además promoverán el diálogo entre instituciones bancarias y reguladoras del sistema financiero para consolidar espacios de intercambio y reflexión sobre inclusión financiera con impacto social y un enfoque en especial de género, en la cual deberán participar tanto el gobierno, el sector privado, organismos internacionales y regionales e instituciones del ecosistema financiero y empresas, vinculados a la inclusión financiera y a la promoción de servicios para promover la inclusión y el acceso a capital de empresas y emprendimientos liderados por mujeres, ante la falta de autonomía económica y financiera que limitan su poder de decisión sobre la administración de los recursos económicos y financieros.