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Escrito por:
Christian Betancourt
Director Consortium – INOVA
cbetancourt@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Honduras

En primer lugar, debemos conceptualizar lo que entendemos por robo-advisors o robo-asesores. Son programas/aplicaciones o plataformas digitales que proporcionan servicios de planificación financiera automatizados y basados en algoritmos con poca o ninguna supervisión humana, especialmente en lo que respecta a las inversiones y las operaciones del mercado de valores. Los robo-asesores pueden tomar en cuenta cuánto riesgo está dispuesto a asumir el usuario, el nivel de retornos esperado y cuándo necesita el dinero para estar disponible.

Hasta donde sabemos, el uso de equivalentes de robo-asesores en Honduras ha sido principalmente para el análisis de la viabilidad del crédito en relación con préstamos, garantías y servicios relacionados, sin dedicarse realmente a las actividades del mercado de valores. Esto está legalmente permitido, si cumplen con la regulación financiera relativa a los burós de crédito y la gestión de las carteras de crédito.

En el caso de que una eventual entidad local con un robo-asesor comience a realizar actividades de inversión en el mercado de valores en representación de fondos mutuos o de inversión, tendría que cumplir con la regulación sobre Administradores de Fondos incluida en la Ley del Mercado de Valores. Su artículo 82 establece que «Las Sociedades Administradoras de Fondos son sociedades anónimas que tienen como objeto social exclusivo la administración de uno o más fondos mutuos y/o Fondos de Inversión» debiendo ser autorizadas por el Banco Central de Honduras, previo dictamen favorable de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Deberán inscribirse en un registro especial para este tipo de entidades. La entidad deberá tener un capital mínimo de L 1,000,000.00 y dicho capital no podrá ser inferior al 2% de los activos globales administrados en los Fondos Mutuos, e incluir un 1% adicional de los activos globales administrados en los Fondos de Inversión, según sea el caso.

El Artículo 89 establece que todo Administrador de Fondos debe tener por lo menos tres personas que integren un Comité de Inversiones, el cual se encargará de decidir las inversiones que se lleven a cabo. Por el momento no está claro cómo se interpretará esta disposición en lo que respecta a los robo-asesores, siendo muy probable que el Comité siga siendo necesario, siguiendo el consejo del robo-asesor.

Cabe mencionar que el mercado de valores hondureño es limitado, ya que la mayoría de las operaciones se realizan en relación con la colocación de bonos públicos, siendo la mayoría de los actores inversionistas institucionales. Sin embargo, se está elaborando una nueva Ley de Mercado de Valores, a través de la cual se espera que el mercado cobre un nuevo impulso.

Los interesados deben tener en cuenta que la Bolsa de Valores de Centroamérica es el único mercado bursátil autorizado para las ofertas públicas de valores. Además, cabe señalar que el Banco Central de Honduras realiza subastas de divisas así como subastas de bonos del Estado.

Las consideraciones previas son un extracto desarrollado de la Guía de Práctica acerca del mercado Fintech y su legislación aplicable, publicado por Chambers and Partners, el cual puede ser encontrado siguiendo este enlace: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/fintech-2020/honduras

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