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El pasado 21 de marzo de 2020 entró a regir la Ley Nro. 129 del 17 de marzo de 2020, misma que fue promulgada y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 28985-C de la República de Panamá el día 20 de marzo de 2020.  Esta ley crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. Sistema que tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la creación del “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de la República de Panamá (Sistema Único)” cuya finalidad es facilitar el acceso a beneficiarios finales de personas jurídicas. Información que será recabada por los abogados o firmas de abogados que provean servicios de agentes residentes, para asistir a las autoridades competentes en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá

Las autoridades competentes y afines con esta Ley son: la Superintendencia de Sujetos no Financieros, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá y cualesquier otra institución o dependencia del Gobierno de la República de Panamá a la que se le atribuya competencia en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la Ley se establece que todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas constituidas o registradas en la República de Panamá, debe registrarse y mantener vigente su registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la cual asignará a cada agente residente un Código Único de Registro (CUR), no transferible, el cual le dará acceso al Sistema Único.

A su vez, la Ley define al Beneficiario Final como aquella persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios o la persona natural, en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. La ley también contempla criterios para determinar cuándo una persona o personas naturales ejercen la posesión, control o influencia.

Por otra parte, la Ley contempla que aquellas personas jurídicas cuyo agente residente no se encuentre debidamente registrado, le serán suspendidos los derechos corporativos brindados por el Registro Público de Panamá hasta que no se subsane dicha condición, a excepción de aquellas gestiones tendientes al cambio de agente residente por uno debidamente registrado. Este cambio no acarreará para la persona jurídica el pago de ningún derecho de registro o calificación por la inscripción en el Registro Público de Panamá.

En cuanto al acceso al Sistema Único, el mismo queda estrictamente limitado al agente residente de la persona o personas jurídicas a los cuales preste sus servicios como tal y a dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, a quiénes con base en un análisis de riesgo, se les asignará el tipo de acceso y sus respectivos roles. Es importante recalcar que los funcionarios en cuestión podrán acceder al Sistema Único para fines exclusivos de poner a disposición de la autoridad competente la información requerida, conforme a lo establecido en la Ley 23 de 2015, sus modificación y reglamentación en materia de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes, de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá, así como cumplir obligaciones de cooperación internacional establecidos en los Tratados o Convenios ratificados por Panamá, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en éstos.

El Sistema Único requerirá que el agente residente suministre una serie de información de cada persona jurídica para la cual preste sus servicios. Esta información corresponderá a información respecto a la persona jurídica objeto de registro, así como del beneficiario final. En aquellos casos en los que el beneficiario final de la persona jurídica sujeto al registro sea una empresa con acciones comunes listada en una bolsa de valores local o internacional, o de propiedad de una entidad estatal o multilateral, o incluso de un Estado, la Ley enumera una lista de requerimientos específicos, según la condición en que se encuentre dicha persona jurídica objeto de registro.

El registro de los datos de la persona jurídica y del beneficiario final por parte de los agentes residentes deberá perfeccionarse dentro de un término máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de constitución o inscripción de la persona jurídica o de la designación de un nuevo agente residente ante el Registro Público de Panamá. La información brindada por el agente residente permanecerá en el Sistema Único durante la vigencia de la persona jurídica y por no menos de cinco años después de la inscripción de la disolución de esta en el Registro Público de Panamá.

A partir de la creación del Sistema Único por parte de la Superintendencia de Sujetos No financieros, lo cual debe ocurrir en un período no mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de promulgación de la Ley, los agentes residentes deberán proceder con su registro en calidad de sujetos registrantes, así como con la captura de la información detallada para cada persona jurídica constituida o registrada vigente a las que preste sus servicios, y de sus beneficiarios finales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación efectuado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros en medios de circulación nacional.

Cabe mencionar que el Sistema Único será gratuito, privado y de acceso limitado con los debidos controles de seguridad y protección tecnológica, asegurando la integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática de los datos custodiados, bajo los estándares internacionales más altos sobre manejo de protección de datos personales. Sin embargo, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, en su calidad de custodio y administrador de la información contenida en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales, no responderá por la veracidad ni exactitud de a información que cada agente residente aporte; por tanto, no podrá ser demandada ni objeto de secuestros, embargos ni acciones o medidas cautelares en relación con los datos contenidos en el Sistema Único. De igual forma, cualquier acción judicial, administrativa o de otra naturaleza para tener acceso a la información del Sistema Único por personas distintas a las autorizadas por la Ley será improcedente legalmente.

En el caso del agente residente, este debe realizar las debidas diligencias para el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, pero no será responsable por la veracidad ni exactitud de la información que se le proporcione, siempre que medie constancia de la debida diligencia.  Igualmente, la Ley permite al agente residente renunciar a dicha condición respecto a una persona o personas jurídicas ante el Registro Público, y esta no devengará costo alguno ni derecho de inscripción. En caso de renuncia del agente residente, éste debe notificar a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, dentro de un término máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la renuncia ante el Registro Público de Panamá, a fin de ser desvinculado de la respectiva persona jurídica y, consecuentemente, bloqueado su acceso a la información provista, ello sin perjuicio que la información permanezca en el Sistema Único para acceso de la autoridad competente.

En caso de que el agente residente no pueda actualizar la información del beneficiario final de la persona jurídica para la cual brinda su servicio como tal, deberá renunciar como agente residente de la persona jurídica. De no presentar su renuncia expresa ante el Registro Público de Panamá como agente residente, será objeto a la imposición de sanciones prevista en la Ley.

Publicación GACETA OFICIAL

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