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Escrito por:
Asociada, Paulina Rodríguez
prodriguez@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

Introducción: Es usual encontrar en contratos comerciales cláusulas arbitrales en las cuales las partes pactan que el laudo arbitral será inimpugnable. En el presente artículo se discutirá la validez de la renuncia a priori a la impugnación del laudo, así como un análisis de derecho comparado sobre dicha renuncia en otros países.

En Guatemala, el arbitraje como método de resolución de disputas se encuentra regulado en el Decreto número 67-95 del Congreso de la República, decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1995, siendo a partir de dicho momento en que Guatemala cuenta con una Ley de Arbitraje propia aplicable tanto para arbitrajes nacionales como internacionales.

La regulación del proceso arbitral recogida en la Ley de Arbitraje de Guatemala se encuentra inspirada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional -en adelante Ley Modelo-. Aun cuando Guatemala adoptó en su gran mayoría las disposiciones de la Ley Modelo, existe un artículo del cual el legislador guatemalteco se apartó del contenido de la Ley Modelo. Dicho artículo es el 43, el cual regula el recurso de revisión como único recurso en contra del laudo arbitral, artículo que es de importancia para el análisis del presente artículo.

Como es conocido en la doctrina arbitral, el único recurso que cabe en contra de un laudo arbitral es el recurso de anulación de laudo. Sin embargo, Guatemala se ha separado de dicha terminología al emplear el recurso de “revisión” de laudo como sinónimo de un recurso de “anulación” de laudo.

El artículo 43 (1) de la Ley de Arbitraje establece que la Sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere dictado el laudo conocerá sobre el recurso de revisión. La resolución de dicho recurso deberá confirmar, revocar o modificar el laudo arbitral, siendo el caso que, para la revocación o modificación, se deberá de hacer el pronunciamiento correspondiente.

Si bien es cierto que el juez en un recurso de anulación no puede analizar ni reevaluar el fondo del laudo, ni hacer una revisión acerca de los hechos o la aplicación del Derecho que motiva el sentido de la resolución contenida en el laudo, el legislador guatemalteco sí le dio dicha facultad a la Sala de la Corte de Apelaciones al permitir que a través del recurso de revisión se modifique el laudo arbitral.

Derivado de los motivos anteriormente expuestos, cobra importancia el análisis sobre si es válida la renuncia a impugnar un laudo arbitral al momento de celebrar una cláusula arbitral, puesto que, dentro de las facultades del tribunal competente para conocer sobre el recurso de revisión, se le permite modificar el laudo arbitral y es posible que las partes deseen evitar esa posibilidad. Para efectos del presente artículo, se tratará de forma indistinta al recurso de revisión de laudo y recurso de anulación de laudo.

Tomando en consideración que el arbitraje comercial versa esencialmente sobre intereses de particulares, es válido renunciar al recurso de anulación de laudo como único recurso en contra del laudo arbitral.

Para realizar dicha afirmación, es imperativo analizar el artículo 19 de Ley del Organismo Judicial que establece: “Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes.”

 El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de México se ha pronunciado con relación a la renuncia de derechos indicando lo siguiente:

En ese sentido, el derecho procesal, por el hecho de referirse a una de las funciones esenciales del Estado, es un derecho público con todas las consecuencias que esto engendra, es decir, sus normas son, en principio, generalmente de orden o interés público que, independientemente de su significado, funciona como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos jurídicos válidos que tengan efectos dentro de un orden jurídico específico y, por tanto, no pueden, por regla general, derogarse, alterarse, modificarse o renunciarse por acuerdo entre las partes interesadas; son generalmente absolutas y de imperativo cumplimiento. Empero, como el legislador no puede olvidar que las leyes del procedimiento son establecidas para proteger el derecho de las partes en litigios, así como el objeto mediato del proceso es el actuar del derecho objetivo que regula intereses privados y que es precisamente lo que las partes pretenden en la sentencia, en ocasiones teniendo en cuenta el interés privado de las partes, al regular las formas del procedimiento les permite, en ciertos casos, sin violar la naturaleza jurídica del procedimiento y alterar el orden público, renunciar a ellas o modificarlas, celebrando convenciones al respecto, en los que se aparten de la instancia judicial para someterse a la decisión de árbitros; convenir una circunscripción determinada; dejar de interponer recursos o desistir de ellos; o renunciar a ciertos trámites del juicio, como a dimitir de una prueba en caso de que no la haya hecho suya la parte contraria al que desiste, de un embargo, renunciar a un traslado o a cobrar las costas, los perjuicios y los honorarios de los auxiliares de la justicia, que son derechos claramente de orden privado y de interés particular. Sobre esas premisas es posible afirmar que la circunstancia de que el derecho procesal forme parte del derecho público, porque regula una función del Estado como es la jurisdicción, no significa que todas las normas procesales sean irrenunciables y, por tanto, que las partes carezcan en absoluto de la facultad para influir en el proceso e, incluso, apartarse de él como sucede en el arbitraje, dado que la intervención del Estado es de carácter subsidiario, de tal modo que si por su esencia constituye una función pública, ella está puesta al servicio del derecho privado para hacer efectivas sus instituciones.”

Por lo tanto, tomando en consideración la jurisprudencia anteriormente citada, las normas procesales -como lo es el recurso de anulación de laudo- a pesar de que por regla general son de orden público, pueden renunciarse o ser materia de disposición por los particulares cuando se trate de materias de interés privado.

Es de importancia destacar que en Guatemala la renuncia al derecho de anulación de laudo no se encuentra prohibida por la ley de la materia, puesto que la Ley de Arbitraje no lo prohíbe, así como tampoco lo prohíben los reglamentos institucionales, que si bien es cierto no son ley en sentido estricto, se convierte ley entre las partes al momento de celebrar una cláusula arbitral.

El artículo 24 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG- establece que todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Arbitral conforme a dicho reglamento serán inimpugnables, salvo la impugnación de laudo regulada conforme a la ley arbitral aplicable. Es decir, que dicho reglamento no prohíbe la renuncia a la impugnación del laudo arbitral.

Por su parte, el artículo 62 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala -CENAC- establece el laudo se emitirá por escrito y será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes, salvo al impugnarse mediante recurso de revisión, cuando éste proceda. Nuevamente vemos que no se prohíbe la renuncia a dicho derecho.

A modo de ejemplo, existen legislaciones como lo es la Ley de Arbitraje de Perú cuyo artículo 63.8 permite de forma expresa una renuncia al recurso de anulación o a la limitación de dicho recurso, indicando lo siguiente:

«Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Si las partes han hecho renuncia al recurso de anulación y el laudo se pretende ejecutar en territorio peruano, será de aplicación lo previsto en el título VIII».

 Renunciar a la impugnación de un laudo permite un impulso hacia la ejecutabilidad del laudo, adelantándose a dicha etapa procesal, siendo dicha etapa la que cobra mayor relevancia al momento de obtener un laudo a favor. Por los motivos antes expuestos, es válida la renuncia al derecho de impugnar un laudo arbitral al momento de celebrar una cláusula arbitral puesto que las partes están disponiendo sobre derechos e intereses particulares y están dirigiendo el proceso arbitral de acuerdo con dichos intereses.

Bibliografía

  • Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la República (Guatemala)
  • Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República (Guatemala)
  • Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071 (Perú)
  • Amparo en revisión 1543/2003, 20 de marzo de 2003, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de México unanimidad de votos, ponente: Armando Cortés Galván, secretaria: José Álvaro Vargas Ornelas.
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