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Escrito por:
Asociada, Cristina Sandoval
csandoval@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

Introducción: El próximo 16 de mayo del 2020 vence el plazo para que las personas individuales o jurídicas cumplan con la implementación del Sistema Limitador de Velocidad en las Unidades de Transporte colectivo de pasajeros y de carga, esto, en virtud que el sector del transporte es uno de los más vulnerables, en cuanto accidentes, en la República de Guatemala, siendo los percances vehiculares en las carreteras una de las causas principales de muertes en el país. Es por ello que existe una serie de normativa específica para este sector, comprendida, entre otras, por la Ley y Reglamento de Tránsito y la Ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial y su reglamento, cuyo objeto es implementar y controlar aspectos relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga, con la finalidad de reducir considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país.

Los patronos y trabajadores están obligados a cumplir con la normativa referente a salud y seguridad ocupacional, la cual comprende velar que en los lugares de trabajo exista una ausencia de afecciones o enfermedades causadas por el trabajo, así como rodearse de un ambiente laboral ausente de riesgo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades, accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo, mientras que la seguridad ocupacional es el conjunto de medidas o acciones para identificar los riesgos de sufrir accidentes a que se encuentran expuestos los trabajadores con el fin de prevenirlos y eliminarlos.

Desde el enfoque ocupacional, el Estado de Guatemala, como principal actor y garante de la protección a la vida humana, su integridad y seguridad, a través del Organismo Legislativo, crea normativa que regula los estándares mínimos de cuidado a la vida humana que tanto el patrono, como el trabajador deben cumplir; entre esta normativa se encuentra el Código de Trabajo, el Código de Salud, la normativa que crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus acuerdos, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Ley de creación del Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional -CONASSO-, Ley de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres -CONRED-,  Manual de Constitución, Organización y Funcionamientos de Comités Bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional, entre otras. Sin embargo, además de la normativa general, se crean lineamientos específicos para distintos sectores de trabajo, en donde la salud y seguridad de los empleados se torna más vulnerable, como el sector de la construcción, minería, trabajo en alturas, transportistas, entre otros.

El sector del transporte es uno de los más expuestos a riesgos en la República de Guatemala, siendo los percances vehiculares en las carreteras una de las causas principales de muertes o accidentes en el país; incluso la OMS ha estipulado que 20 de cada 100 muertes en el mundo, se derivan de hechos de tránsito, específicamente por sobrepasar los límites de velocidad. Es por ello que existe una serie de normas específicas para este sector, entre las cuales se encuentran la Ley y Reglamento de Tránsito y la Ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial y su reglamento, cuyo objeto es implementar y controlar aspectos relativos a la regulación de la velocidad de todo tipo de transporte colectivo de pasajeros y de carga, con la finalidad de reducir considerablemente los hechos de tránsito que se registran en el país.

La citada Ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial y su reglamento, Decreto Número 45-2016 del Congreso de la República y Acuerdo Gubernativo Número 38-2019 del Presidente de la República, respectivamente, presentan gran importancia para el sector empleador pues a pesar que no regula una obligación expresa a los patronos, sí  estipula la obligación de implementar una modificación mecánica en la bomba de inyección de los vehículos automotores que se dedican al transporte colectivo de pasajeros y de carga, ya sean accionados por mecanismos mecánicos y/o electrónicos, para que los mismos desarrollen un límite máximo de velocidad de hasta ochenta (80) kilómetros por hora. De esa cuenta se señalan a continuación los puntos relevantes de la citada normativa:

  • Además de contar con esos mecanismos de límite de velocidad, deberán contar con el certificado de inspección extendido por el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en donde conste la modificación realizada a los vehículos automotores.
  • Se establece la obligación que el control de revoluciones por minuto del motor (tacómetro) y el control de velocidad del vehículo (aspirómetro), se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.
  • Las personas individuales o jurídicas que deseen implementar estos sistemas deben estar autorizadas previamente por PROVIAL, debiendo cumplir una serie de requisitos para el efecto.
  • Dentro de los treinta días calendario de haber sido emitido el certificado en donde conste que el servicio de transporte ya cuenta con la implementación de seguridad, este deberá ser presentado al Departamento de Tránsito para su refrendo. El certificado tendrá vigencia de 5 años.

Se debe considerar que esta normativa entra en vigor el próximo 16 de mayo de 2020 y en caso de incumplimiento se incurriría en una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales vigentes, así como en la suspensión del servicio automotor por seis meses con la obligación de implementar el Sistema Limitador de Velocidad y en caso de reincidencia, la Dirección General de Transporte procederá a la suspensión por cinco años de la licencia que hubiere sido autorizada.  Asimismo, se procederá con la suspensión parcial de la licencia de operación de transporte colectivo de pasajeros o de carga. No está demás indicar que estas sanciones son independientes a las sanciones que se derivan de un incumplimiento en las normas laborales referentes a que todo patrono está obligado a adoptar y poner en práctica las medidas de salud y seguridad ocupacional para proteger la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores, específicamente en las operaciones y procesos de trabajo y en la colocación y mantenimiento de resguardos, protecciones y sistemas de emergencia a máquinas y equipos, considerándose este sistema limitador de velocidad como un factor que reduce riesgos laborales.

De igual modo se debe enfatizar que la salud y la seguridad ocupacional no debe sujetarse únicamente a los lineamientos legales, sino que debe ir más allá de estos estándares, promoviendo que los lugares de trabajo y actividades que se derivan de este, sean lo menos riesgosas posibles, por lo que se recomienda a este sector, además de lo ya expresado, contar con políticas globales de seguridad para sus conductores, programas de mejora a la salud y bienestar físico de sus empleados, evaluaciones sobre la capacidad para conducir por medio de exámenes físicos periódicos, capacitaciones, entre otros, que permitan un mayor control sobre el rendimiento de los empleados, pues se requiere que los trabajadores también observen ciertos estándares que permitan que estas obligaciones legales y programas, se cumplan de forma consciente y efectiva.

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