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Escrito por:
Socio, David Reuben
dreuben@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Costa Rica

 

 

El 29 de agosto de 2019 se aprobó en forma definitiva la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia. Esta nueva ley, que regirá a partir de su publicación, genera cambios relevantes a las normas de competencia y las autoridades a cargo de su fiscalización.

Uno de los aspectos principales es la transformación de la autoridad de competencia con la finalidad de otorgarle mayor independencia, la cual estará a cargo de un órgano colegiado de 3 miembros que estén dedicados a tiempo completo a dicha labor, de forma tal que sea un órgano compuesto de miembros profesionales, independientes y quienes no se encuentren en posiciones que pudieran implicar conflictos de interés debido a otras labores que desempeñen en el ámbito privado.

Por otra parte, uno de los aspectos que sufrió modificaciones sustanciales es el control de concentraciones, cuyas variaciones relevantes incluyen:

  • El procedimiento se modifica para contar ahora con dos etapas que pudiera hacer más expedito el trámite de concentraciones simples que no generen efectos anticompetitivos. En la primera fase, la autoridad de competencia tendrá un plazo de 30 días naturales para emitir una resolución en la que podrá: i) autorizar la concentración; ii) subordinar su autorización al cumplimiento de compromisos propuestos por los notificantes; o iii) acordar el inicio de la segunda fase. De acordarse el inicio de la segunda fase, la autoridad de competencia tendrá un plazo de hasta 90 días naturales para emitir una resolución en la que podrá: i) autorizar la concentración o sujetarla a compromisos propuestos por los notificantes; ii) determinar que la concentración tiene efectos anticompetitivos previsibles y solicitar que los notificantes presenten una propuesta de compromisos; o iii) prohibir la concentración si considera que sus efectos negativos en el mercado no podrán ser contrarrestados con los compromisos que pudieran ofrecer los solicitantes.
  • El umbral para concentraciones que deben ser notificadas será fijado por la autoridad de competencia en un rango entre 30,000 a 60,000 salarios base (actualmente aproximadamente US$23.6 millones a US$47.3 millones). En caso de que las ventas brutas o activos productivos conjuntos de los agentes económicos sean igual o superior al umbral fijado, la concentración deberá ser notificada.
  • Se establece un criterio adicional en la definición de concentraciones que deben ser notificadas, en virtud de la cual por lo menos dos de las partes involucradas deben tener ventas o activos productivos iguales o superiores al umbral que será fijado por la autoridad de competencia entre 1,500 a 9,000 salarios base (actualmente aproximadamente US$1.2 millones a US$7 millones). Esto implicará que concentraciones entre dos agentes económicos en los que uno de ellos es relativamente menor y no cumpla con el umbral individual no tendrán que ser notificados a la autoridad de competencia.
  • Se incorpora el concepto de concentraciones ilícitas, las cuales además de incluir aquellas que dañan la competencia, incluyen también aquellas que no han sido notificadas a la autoridad de competencia o fueron notificadas posterior a su ejecución. Este ajuste determina en forma clara que el control de concentraciones es sin duda previo, por lo que las partes deben esperar una resolución de la autoridad de competencia antes a materializar la concentración.
  • Las partes ahora tendrán que pagar por la notificación de concentración según las tarifas que la autoridad de competencia determine bajo el principio de servicio al costo.

Por otra parte, la nueva ley ajusta y amplía las infracciones, y establece un incremento importante en el monto y forma de determinación de las multas, la cuales establece en un porcentaje de 0.1% a 10% de los ingresos de la empresa sancionada, dependiendo de la gravedad de la infracción. Otro aspecto novedoso que se incorpora es la posibilidad de inmunidad o reducción de multas para quienes reconozcan cometer una infracción a la ley y colaboren con la investigación.

La ley también presenta, entro otros aspectos, un nuevo procedimiento para la investigación de infracciones, otorga potestades de abogacía de la competencia en virtud de las cuales fomentará e impulsará mejoras en el proceso de competencia y eliminar distorsiones o barreras de entrada y presenta la posibilidad de que agentes económicos puedan suscribir programas de cumplimiento voluntario en materia de competencia.

Dentro de un plazo de 12 meses el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley y, una vez conformado el nuevo órgano colegiado de la autoridad de competencia, éste tendrá también un plazo de 12 meses para emitir las guías técnicas sobre análisis de prácticas anticompetitivas, y concentraciones, procedimientos sancionatorios y programas de cumplimiento.

Considerando que la ley entrará a regir a partir de su publicación, pero el nuevo órgano colegiado se constituirá posteriormente y la reglamentación debe ser igualmente emitida, el mercado deberá esperar alguna guía de parte de las autoridades en cuanto a la continuidad de los procedimientos.

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