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Escrito por:
Socio, Rodrigo Taboada y Asociada Senior, Julia Cuadra
rtaboada@consortiumlegal.com
jcuadra@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Nicaragua

 

En el mes de septiembre del año 2012, a través de la Ley número 793, fue creada la “Unidad de Análisis Financiero”, entidad pública autónoma, con el propósito de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo (LD/FT), cumpliendo así con lineamientos internacionales acordados por Nicaragua como es el caso del “Acta de Entendimiento entre los Gobiernos Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe” (GAFIC). Posteriormente, en julio de 2018, entró en vigencia la Ley número 976, “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” con la finalidad de regular la organización, atribuciones, facultades y funcionamiento de esta institución. Esta Ley 976 deroga la anterior Ley número 793, debiendo sin embargo interpretarse que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha existido sin solución de continuidad desde septiembre de 2012.

Recientemente con fecha 19 de agosto de 2019, en “La Gaceta”, Diario Oficial No. 157, fue publicada la Ley Número 1000 “Ley de Reformas y Adición a la Ley número 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Según se dispone en el artículo primero de esta Ley, se reforma el artículo 9 numeral 4 de la Ley número 977, el que se refiere a:

Artículo 9. Sujetos Obligados. Son sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades bajo la forma de las siguientes Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones No Financieras: …4. Contadores Públicos Autorizados, colegiados, a través del Colegio de Contadores Públicos y los Abogados y Notarios Públicos autorizados e incorporados, a través del Poder Judicial”, adicionando como novedad a los Abogados y Notarios Públicos, sujetando a los fedatarios públicos a la Ley número 976 “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” publicada en la Gaceta No. 138 del 20 de julio de 2018.

De lo anterior deriva que los Sujetos Obligados deben reportar Operaciones calificadas como Sospechosas. En el caso de los Abogados y Notarios, según lo dispone la reforma, el Supervisor correspondiente será el Poder Judicial. El Articulo 30 según esta nueva Ley, ya reformado, se leerá de la siguiente manera: “Articulo 30. Supervisores… e) el Poder Judicial con respecto a los Abogados y Notarios Públicos a través de las instancias correspondientes”.

Por su parte, se debe tomar en cuenta que la ley de la UAF define Operaciones Sospechosas como “Todo acto, operación o transacción, aislada, reiterada, simultanea o serial, sin importar el monto de la misma, realizada o intentada por cualquier persona natural o jurídica, que de acuerdo con las regulaciones vigentes, los usos o costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.

Por la naturaleza particular de la relación abogado-cliente y habiéndose siempre basado en el principio de confidencialidad, se presenta un reto para los Abogados y Notarios Públicos, ya que el artículo 8 “Obligación de reportar Actividades Sospechosas” de la ley de la UAF, en su numeral 7 dispone que “para cumplir con los numerales anteriores [Reportes de Actividades Sospechosas], las personas naturales, entidades públicas y privadas y Sujetos Obligados quedarán relevados de su deber de sigilo, independientemente que este haya sido establecido mediante leyes o contratos, incluyendo, sin que la enumeración sea taxativa, el sigilo bancario, la reserva de las operaciones de Microfinanzas, el sigilo tributario y el secreto profesional”.

La ley de la UAF impone, “en el caso de los Sujetos Obligados que tengan otro Supervisor (como en el caso de Abogados y Notarios es la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la Republica de Nicaragua), la UAF le informará sobre las conductas infractoras de las que tenga conocimiento, con el fin de que éste imponga las sanciones (multas) que correspondan conforme a sus facultades y demás disposiciones legales y normativas”.

El Reglamento de la Ley de la UAF (Decreto No. 14-2018 publicado en La Gaceta No. 190 del 3 de octubre de 2018) expresamente contempla (literal d del numeral 8 del Artículo 3) el Registro de Abogados y Notarios del Poder Judicial como un mecanismo de “acceso directo a la información resguardada por Instituciones Públicas”, pareciendo sugerir que ésta sería la división de la Corte Suprema de Justicia a la que se deben reportar actividades sospechosas por parte de los Abogados y Notarios Públicos.

Permanecen aún sin ser determinados expresamente la instancia de la Corte Suprema de Justicia a la que deban reportarse las actividades que los Abogados y Notarios consideren Sospechosas, el procedimiento para dicho informe o los parámetros de la Debida Diligencia del Cliente (DDC) aplicables concretamente a transacciones legales.

La vigencia de esta nueva Ley inició a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, lo que representa el cumplimiento de las recomendaciones número 22 y 23 de la cuarta ronda de evaluaciones del grupo GAFILAT, ya que estándares internacionales incluyen otras profesiones (como es el caso de Abogados y Notarios) dentro del esfuerzo contra las actividades LA/FT/FP.

Los vacíos planteados anteriormente, podrían ser subsanados a través de su posterior Reglamentación.

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