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Escrito por:
Asociada, Daniela Díaz P.
ddiaz@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Costa Rica

En diciembre de 2016 se publicó la Ley No. 9416 para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, la cual incorpora en su capítulo II el tema de la trasparencia y beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Dicha ley establece la obligación a las personas jurídicas (sociedades, administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, fideicomisos privados y organizaciones sin fines de lucro) de suministrar a través de sus representantes legales cómo se encuentra distribuido su capital social e identificar quienes son los beneficiarios finales. En abril de 2018 se publicó el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales el cual determina que será obligación de la Dirección General de Tributación y del Instituto Costarricense sobre Drogas establecer en una resolución los requerimientos y el procedimiento de la información que debe ser suministrada al Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución establece que a partir del 1 de septiembre de 2019 se deberá suministrar toda la información que permita identificar quienes son los accionistas de una sociedad y a las personas que ejercen control de los sujetos obligados.  Este suministro de información deberá de realizarse de manera anual y dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha de la modificación de la composición accionaria.

Es requisito indispensable que el representante legal o apoderado especial, cuyo poder debe otorgarse en escritura pública, cuente con un certificado válido de firma digital para poder aportar dicha información en la plataforma de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales que se habilitará en la página web del Banco Central.

La información que se deberá brindar corresponde a la identificación de la persona jurídica obligada, resumen de la composición social del obligado, detalle individualizado por participante en la composición del capital social y datos de la persona que suministra la información. Los datos declarados tendrán efectos legales de declaración jurada. Y es deber del obligado custodiar dicha información.

Para las declaraciones ordinarias del período 2019 que corresponde al primer año de suministro de información, se va a realizar de manera paulatina de acuerdo al último digito de la cédula jurídica:

Último dígito de la cédula jurídica Mes en que debe realizar la declaración
0 y 1 Setiembre 2019
2 y 3 Octubre 2019
4 y 5 Noviembre 2019
6 y 7 Diciembre 2019
8 y 9 Enero 2020

Se tendrán por posibles incumplidores los sujetos obligados que al 31 de enero de 2020 no hayan realizado la respectiva declaración. Una vez definida la lista de incumplidores se pondrá a disposición de las autoridades respectivas, y mediante esto no se podrá presentar documentos inscribibles al Registro Nacional de la Propiedad y quedan sometidos a multas equivalente a un salario base.

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