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Escrito por:
Socio, Alfredo Rodríguez M.
arodriguez@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

El pasado 5 de febrero la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso presentó en sesión plenaria una propuesta de ley para la creación del registro de beneficiarios finales. La propuesta incluye un registro de beneficiarios de las personas jurídicas, fideicomisos y entes o patrimonios nacionales o extranjeros residentes y no residentes.

En la propuesta se incluyó la obligación de identificar e informar sobre los individuos que constituyen beneficiarios últimos, la facultad de requerir información, así como sanciones en el caso del incumplimiento.

La iniciativa de ley aún no ha sido redactada, pero el Ministro de Finanzas propuso que se instalara una mesa técnica para crear y redactar la iniciativa de ley.

En la presentación se indica que la propuesta se realizó por recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las razones principales presentadas fueron las siguientes:

  1. Cumplimiento de compromisos multinacionales adquiridos en materia de intercambio de información en materia fiscal (transparencia fiscal).
  2. Estándares internacionales y tendencia en acciones encaminadas a combatir la defraudación y evasión fiscal y el lavado de dinero y otros activos.

Razones del concepto y registro de los beneficiarios finales

La opinión pública respecto de las entidades fuera de plaza (offshore) en muchas ocasiones ha sido que estas son utilizadas para la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Se ha hecho creer que la falta de conocimiento de los beneficiarios finales (personas individuales que reciben los beneficios de estructuras societarias), permite que se cometa defraudación tributaria o se puedan incurrir en lavado de dinero y de otros activos.

El registro o revelación de beneficiario último cobra relevancia especialmente en los temas de lavado de dinero.  En la normativa de lavado de dinero en Guatemala se menciona que las personas obligadas (principalmente entidades financieras) deben adoptar las medidas necesarias para obtener, verificar y conservar la información acerca de la identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleva a cabo una transacción.

El concepto de beneficiario último puede variar dependiendo de las distintas jurisdicciones. En algunas se considera un beneficiario último a una persona que tiene un interés en una compañía igual o mayor al 5%, en otras el umbral es más alto y puede variar entre 10% y 25%[1].

La obligación de declarar los beneficiarios de las entidades y personas jurídicas ha sido impulsada por organizaciones como la Unión Europea, OCDE y GAFI.

Dentro de las normas aplicables a todos los miembros de la Unión Europea (Directiva EU 2015/849) se obliga a los países miembros a crear un registro central de beneficiarios últimos de todas las sociedades incorporadas dentro de la UE[2].

Estándares globales de transparencia

Se ha argumentado que el uso de compañías fuera de plaza por corporaciones multinacionales ha ocasionado que se creen estructuras complejas que eviten el pago de impuestos. En abril del 2009 el G20 anunció el fin del secreto bancario e impulsó un nuevo estándar de transparencia fiscal. La revelación de los beneficiarios últimos también se encuentra dentro de la lista.

El Reino Unido fue de las primeras jurisdicciones que estableció un registro público de beneficiarios últimos[3]. Esta jurisdicción incluso dispuso que los territorios británicos de ultramar (Anguila, Bermudas, BVI, Islas Caimán), debían implementar un registro público de beneficiarios últimos[4].

Dentro de los requisitos de transparencia establecido por la OCDE se estableció que las jurisdicciones, debían cumplir con el estándar del requisito de intercambio de información por requerimiento. Posteriormente, se creó un estándar de intercambio automático de información[5].

Estos estándares se han creado para que las administraciones tributarias trabajen para asegurarse que los contribuyentes paguen lo que les corresponde de impuestos. Estos estándares buscan que las administraciones intercambien información sobre los contribuyentes residentes de sus jurisdicciones.

Los intercambios de información se basan en la Convención Multilateral de Asistencia Mutua Administrativa en materia fiscal. Esta convención fue firmada y ratificada por Guatemala en el año 2017. Sin embargo, para el cumplimiento del intercambio de información de forma automática es necesario que la jurisdicción ratifique un convenio de administraciones tributarias que reglamente la forma de intercambio de información.[6]

[1] https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/11/tnf-eu-ultimate-beneficial-ownership-registers.html

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/62d48198-f722-48f0-80fc-172e68649bdd/Focus-14.pdf?MOD=AJPERES

[4] https://eiti.org/news/uks-overseas-territories-to-have-beneficial-ownership-registers

[5] http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-Implementation-Report-2018.pdf

[6] http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

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