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Escrito por:
Asociado, Federico Zelada
fzelada@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

En Guatemala mediante el decreto 78-89 se creó la figura de la Bonificación Incentivo, como una parte variable del salario que buscaba propiciar la productividad y eficiencia de los trabajadores. La redacción original de la norma establecía la obligación de los patronos de pagar a sus trabajadores una “Bonificación Incentivo” por hora efectiva de trabajo, conforme a un mínimo salarial establecido por la Ley (mínimo por hora efectiva trabajada adicional al salario) y además establecía la posibilidad de que patronos y trabajadores pudieran convenir una “Bonificación por Productividad y Eficiencia”, conforme a los sistemas de evaluación que de forma global fueran pactados entre las partes de la relación de trabajo. Es decir que el decreto 78-89 establecía, en criterio de quien escribe, dos bonificaciones distintas, por un lado, la Bonificación Incentivo, creada por el artículo 7 de la ley y por otro, la Bonificación por Productividad y Eficiencia, creada por el artículo 2 del Decreto 78-89, teniendo ambas figuras una naturaleza muy distinta. En el primero de los casos lo que se remuneraba era el tiempo efectivo de trabajo, mientras que en el segundo se remuneraba la productividad y eficiencia conforme a parámetros pactados entre patrono y trabajadores, aunque en la práctica guatemalteca ambas bonificaciones fueron entendidas como una misma prestación, hecho que de alguna manera propicio la problemática que se describe dentro del presente artículo.

Esa confusión en cuanto a las figuras mencionadas propicio a que en la práctica tanto autoridades como patronos aplicaran de forma indiscriminada los beneficios contenidos en el artículo 2 del Decreto 78-89, cuando desde una interpretación literal de la norma los beneficios indicados deberían haberse aplicado únicamente a la “Bonificación por Productividad y Eficiencia”, pactada conforme a la citada norma legal. No obstante, en la práctica se acordó tanto por parte de patronos, organizaciones de trabajadores y autoridades, aceptar hacer extensivos la exención de ISR, cuotas al IGSS y la no afectación al pago de prestaciones laborales a ambas prestaciones, sin siquiera distinguir una de la otra, lo que se recalca que no era técnicamente correcto y que además sirvió de epitafio a una prestación que desde una perspectiva económico-social favorecía a las relaciones laborales en Guatemala.

Siguiendo con la evolución histórica de la llamada Bonificación Incentivo en el año 2,000 se produjo una reforma al Decreto 78-89, específicamente al artículo 7 de la Ley, esa reforma modificó el salario mínimo a ser pagado por hora efectiva de trabajo pero no alteró fundamentalmente la naturaleza de la prestación; sin embargo en el año 2001 se produce una nueva reforma en la que, como seguramente sabe el lector, se modificó la prestación en el sentido de que la Bonificación Incentivo sería un pago fijo mensual de Q.250.00, eliminando la idea original de la prestación, de ser un incentivo al tiempo efectivamente trabajado. Esa reforma en la naturaleza de la prestación propició a que el sector patronal aprovechara la figura de esa bonificación incentivo para logra ahorro en el pago de prestaciones laborales y cuotas pagadas al seguro social, en el sentido de que literalmente partió el salario base de los trabajadores en dos, una parte pagada bajo el concepto de bonificación incentivo y otra como salario propiamente dicho. Esa práctica a todas luces contraria al espíritu de la ley y sobre todo como se ha explicado sin ningún fundamento legal pretendía asentarse principalmente en dos cuestiones: la primera, que la bonificación incentivo de Q.250.00 era un monto mínimo susceptible de ser superado por la contratación individual y la segunda, que esa bonificación no era parte integrante del salario.

Esa aplicación arbitraria provocó a que, en un sinnúmero de casos, los trabajadores al finalizar su relación laboral reclamarán el reajuste de prestaciones, pues para calcular las mismas únicamente se incluía lo pagado “formalmente” como salario y no así lo registrado bajo el concepto de bono incentivo. Estos reclamos provocaron al ser conocidos por la Corte de Constitucionalidad en amparo, a que dicha autoridad declarara la inaplicación del artículo 2 de la Ley de Bonificación Incentivo en cuanto a que dicho bono debía incluirse como parte integrante del salario para efectos de calculo de las prestaciones laborales e indemnización, criterio que al día de hoy tiene carácter de doctrina legal. Ese criterio de la Corte de Constitucionalidad se sustenta principalmente en el hecho de que la bonificación incentivo tiene una naturaleza salarial conforme al artículo 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y por consiguiente, el citado artículo 2 del decreto 78-89 restringía derechos de los trabajadores al generar la exención de lo pagado, al amparo de esa norma, del calculo de prestaciones laborales e indemnización por tiempo servido, toda vez que la legislación previo a la emisión de esa normativa ya contemplaba que los beneficios mencionados debían calcularse sobre la totalidad del salario, claro está que el criterio ameritaría una explicación un tanto más profunda, pero la realizada se estima suficiente para poner al lector en contexto de las inconsistencias de la referida doctrina legal.

Teniendo en mente la doctrina anterior y contrastándola con la practica patronal ya expuesta, a primera vista podría entenderse que la Corte de Constitucionalidad vía amparo tomó una decisión justa, pues evidentemente a los trabajadores les correspondía percibir como parte de su salario lo correspondiente a la bonificación incentivo; sin embargo la primera critica que se realiza a esa doctrina legal es que la Corte al fallar en la forma en que lo hizo, declaro inaplicable una norma legal, positiva y vigente por medio del amparo, siendo que esa facultad corresponde al Tribunal Constitucional únicamente cuando se trata de conocer una acción de inconstitucionalidad general o en caso concreto. Pero esa falencia no es el único aspecto cuestionable pues al declarar la inaplicabilidad del artículo 2 por una práctica concreta, la simulación de salario base como bono incentivo, y que como se ha dicho es notoriamente ilegal y arbitraria, también afectó aquellos sistemas de retribución por productividad y eficiencia que fueron generados con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 78-89 y respecto de los cuales no podían argumentarse la existencia de derechos adquiridos, pues eran salarios nuevos generados bajo una situación especial contenida en la ley y que además era congruente con el principio de realidad que impera en el derecho laboral. En todo caso, cualquier pronunciamiento respecto a esa práctica cuestionable desde todo punto de vista debió haberse realizado precisamente con fundamento primero en la interpretación literal de la norma expuesta al principio de este artículo y en todo caso con base en el propio principio de realidad y objetividad, pues la ley es clara en que estaban exentas las bonificaciones pagadas por productividad y eficiencia y creadas al amparo del decreto 78-89 y no así otros pagos.

Es así como al día de hoy una figura que realmente propiciaba una mejora sustancial en la contratación laboral y que beneficiaba tanto a patronos y trabajadores quedó truncada por una mala práctica patronal y un peor criterio judicial que sólo ha generado un estado de inseguridad jurídica tanto para patronos como trabajadores.

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