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Escrito por:
Asociado, Alejandro Sánchez
asanchez@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) establece en el artículo 24 que se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), prohíben la injerencia arbitraria en la vida privada y correspondencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) has sostenido que, aunque las conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en la CADH, se trata de una forma de comunicación incluida dentro del ámbito de protección de la vida privada. Por lo que se debe proteger la privacidad de las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla.

De ese modo, la protección a la vida privada abarca a las conversaciones telefónicas, independientemente de su contenido e incluso puede comprender cualquier otro elemento del proceso comunicativo en sí mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas.

Desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos, el objetivo de la inviolabilidad al secreto de las comunicaciones consiste en establecer límites al actuar del poder público y con ello evitar la injerencia arbitraria e ilegítima al área privada de las personas. La cual comprende las relaciones personales y familiares, afectivas y de filiación, las creencias y preferencias religiosas, convicciones personales, inclinaciones políticas, el contenido de correspondencia y comunicaciones, entre otras.

De esta forma, las conversaciones telefónicas forman parte del ámbito de protección de lo que se conoce como el Derecho a la Intimidad y Vida Privada, siendo el Derecho al Secreto de las Comunicaciones una variante. Dicha prerrogativa se concreta en que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos propios del proceso de comunicación. Lo anterior, debido a que el área privada de todo ser humano, al no estar destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa y por no ser una actividad de índole pública, debe —en principio— mantenerse libre de cualquier tipo de intromisión.

La doctrina y jurisprudencia han ampliado el alcance de protección de los derechos humanos, por lo que el Derecho a la Intimidad y Vida Privada no solo es oponible ante el poder público (entendido como los órganos y funcionarios del Estado), sino también frente particulares que —de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC)— realicen actos que reúnan las características para ser considerados como actos de autoridad.

Por otra parte, la CPRG también establece que el deber del Estado de Guatemala —entre otros— es garantizar a sus habitantes la seguridad y justicia, además de indicar que el fin supremo es la realización del bien común.

De esa cuenta, la legislación guatemalteca —de forma implícita— reconoce que el Derecho a la Secreto de las Comunicaciones no es un derecho absoluto, puesto que regula los supuestos en los cuales se considera legítima la injerencia o intromisión al área de privacidad de las personas con la finalidad de privilegiar la seguridad y justicia de la colectividad. Ejemplo de ello es la posibilidad de interceptación temporal de las comunicaciones, por parte de las fuerzas de seguridad y con autorización judicial, que regula la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil (LDGIC) y la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO). El objeto de esas interceptaciones es la prevención e investigación de delitos de alta relevancia en la sociedad.

La Corte de Constitucionalidad, al analizar la interceptación de comunicaciones permitida por las leyes antes citadas, indicó que existe un conflicto de derechos fundamentales entre la garantía del secreto de las comunicaciones contenido en el artículo 24 de la CPRG, frente a la seguridad y justicia estipuladas como deber del Estado en el artículo 2º constitucional. Al respecto, concluyó que los valores constitucionales en un Estado social de derecho no deben interpretarse de forma tal que solo se privilegie a la individualidad del sujeto, sino optar por una interpretación que permita armonizar las libertades e inviolabilidades individuales con el orden, la moralidad pública, el bien común, el desarrollo social y la optimización de los derechos de la colectividad.

Por lo antes expuesto, en Guatemala el Derecho al Secreto de las Comunicaciones se considera un derecho fundamental no absoluto, por lo que admite limitaciones razonables que tienen por objeto la seguridad de las personas, la justicia y el bien común como parte de los deberes del Estado de Guatemala. En ese sentido, en determinadas circunstancias y con autorización judicial, se permite a las fuerzas de seguridad del Estado interceptar las conversaciones telefónicas y utilizarlas como prueba en un proceso judicial.

En el caso de relaciones entre particulares, existen diversas posturas respecto a la legalidad de grabación de conversaciones en ámbitos privados de la persona y la legalidad de la utilización de estas como prueba en un proceso judicial.

Por ejemplo, en España se ha convalidado que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad o espacio reservado de la persona, ya que el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto y es responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conversación. Es decir que las conversaciones en las que una persona interviene sí pueden ser grabadas, en tanto se participe en la misma, pero las conversaciones ajenas no pueden ser grabadas porque eso implicaría una invasión ilegitima a la privacidad de los interlocutores.

De forma similar la Corte Suprema de Chile, en un caso de índole laboral en contra de una institución bancaria por prácticas antisindicales y desleales en proceso de negociación colectiva, declaró válido el uso de una grabación oculta como medio de prueba con base en los parámetros de la expectation of privacy (expectativa razonable de privacidad). Esta teoría proviene de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que la utiliza para evaluar la legitimidad de las injerencias al ámbito privado de las personas y se basa en que es razonable todo aquello que la sociedad usualmente esté dispuesta a aceptar como tal, de forma que la tutela jurídica del derecho solo abarca situaciones que la sociedad ofrece un mínimo de protección.

Sin embargo, también existe la postura contraria y restrictiva, que sostiene la Corte Constitucional de Colombia al considerar que constituye una violación del derecho a la intimidad personal si la grabación de las conversaciones no ha sido autorizada directamente por el titular del derecho. Por lo que el resultado de la recolección de la voz sin la debida autorización del titular implica el quebrantamiento de su órbita de privacidad, imposibilitando que la grabación pueda presentarse como prueba válida en el proceso judicial.

En Guatemala, como se indicó anteriormente, el secreto de las comunicaciones no es un derecho absoluto y existen supuestos en los que se considera legítima la injerencia o intromisión en las conversaciones telefónicas, con la finalidad de privilegiar la seguridad y justicia de la colectividad. Esto para el caso de prevención e investigación de delitos de alta relevancia social.

En casos entre particulares, la grabación de una conversación telefónica puede ser presentada como prueba en un proceso judicial en caso exista autorización de dicha grabación. A falta de dicha autorización, la ponderación entre privilegiar la justicia o el derecho a la vida privada de una de las partes corresponderá al juez que conozca el asunto según las circunstancias particulares del caso, quien podrá optar por cualquiera de las posturas respecto a la valoración como prueba de la grabación de conversaciones en ámbitos privados de la persona.

Sin embargo, no debe olvidarse que los tribunales de justica deben hacer uso de todos los elementos que se encuentran a su disposición para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, conforme a la normas jurídicas aplicables e interpretación de las mismas, pero principalmente con apego a los principios generales del derecho, dentro de los cuales se encuentra la justicia, que a su vez constituye uno de los deberes más importantes del Estado de Guatemala según lo indicado anteriormente.

De esa cuenta, si utilizar como prueba una conversación o comunicación telefónica, que no ha sido autorizada por alguna de las partes ni por autoridad judicial, ayuda a la obtención de la verdad de los hechos del caso y de una resolución judicial justa dentro de la controversia existente entre esas mismas partes particulares, dicha prueba debe admitirse en el proceso judicial, ya que con ello se está privilegiado la justicia y –de forma indirecta–, se contribuye con el bien común al que se aspira con la CPRG.

 

Fuentes:

  • Constitución Política de la República de Guatemala
  • Declaración Universal de Derechos Humanos
  • Convención Americana Sobre Derechos Humanos
  • Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil
  • Ley Contra la Delincuencia Organizada
  • Corte de Constitucionalidad (Guatemala). Expediente 2837-2006. Sentencia de fecha 15 de enero de 2008.
  • Corte de Constitucionalidad (Guatemala). Expediente 12-86. Sentencia de fecha 17 de septiembre de 1986.
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009.
  • Corte Constitucional (Colombia). Sentencia T-233/07, de fecha 29 de marzo de 2007
  • Tribunal Supremo (España). Sentencias 883/1994, 178/1996, 914/1996, 702/1997 y 286/1998
  • Tribunal Constitucional (España). Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre de 1984.
  • Corte Suprema (Chile). Cuarta Sala. Fallo 35.159-2017. 12 de abril de 2018
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