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Escrito por:
Socio, Álvaro Castellanos
acastellanos@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

El mes de abril de este año, vio florecer, cual mes primaveral, unas esperadas reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias (LGM).

Las reformas obedecen, esencialmente, al deseo de incentivar un mayor uso de estas garantías, y facilitar así el acceso al crédito comercial y bancario, luego de diez años iniciales de experiencia en el uso de esta especie de garantías, desde la promulgación original de la LGM. (Decreto 51-2007).

La propia consideración de motivos del Decreto 4-2008, que contiene las reformas antes indicadas, entre otras cosas, indica lo siguiente: “Que [dichas reformas] buscan lograr un sistema unitario de garantías reales, así como que el registro correspondiente sea una herramienta eficiente que propicie la transparencia del sistema, y que se incluyan los procedimientos pertinentes para lograr el repago al acreedor, garantizado en forma acorde a la naturaleza de la garantía.”

Dentro de las reformas más importantes, se podrían señalar las siguientes:

  1. La inclusión de los bienes muebles derivados, rotativos o flotantes como objeto de este tipo de garantías; los que se definen como aquellos bienes provenientes de los bienes originalmente gravados, tales como los frutos, valores, nuevos bienes, dinero en efectivo o depósitos en cuentas bancarias que resultaren de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles dados en garantía de la obligación original. En general, se entienden como todos aquellos bienes que ingresan al patrimonio del deudor, sustituyendo o complementando los originalmente gravados.
  2. La mayor flexibilización en cuanto a las formas en que puede celebrarse una garantía mobiliaria, ya sea como acuerdo, contrato, pacto, convenio o cláusula, y que todas ellas no requieren de formalidad o solemnidad alguna, por lo que queda expresamente reconocido que pueden documentarse por cualquier medio, inclusive comunicaciones electrónicas.
  • El expreso reconocimiento que una garantía mobiliaria no exime la responsabilidad por saldo insoluto, salvo pacto en contrario entre sujetos contractuales;
  1. La afirmación que una garantía mobiliaria posesoria inclusive puede no estar contenida en forma escrita o cualquier otro medio que deje constancia del consentimiento de las partes, ya que la posesión misma puede demostrar la existencia de dicha obligación, la cual, además, exime de la obligatoriedad de registro;
  2. El inédito reconocimiento, en la legislación guatemalteca, del pacto de adjudicación en pago, si es acordado por las partes. El pacto comisorio, en todas las otras formas de garantías reales tradicionales hasta antes de la promulgación de la LGM, estaba expresamente prohibido.
  3. Y finalmente, aparte de otros ajustes y ampliaciones importantes, la mayor claridad en cuanto a temas de “reposesión” de bienes dados en garantía; así como sobre los procedimientos de ejecución voluntarios (extrajudiciales) que pueden pactarse en el acuerdo, contrato, pacto, convenio o cláusula respectiva. Hoy se recogen con mayor precisión y contundencia las figuras de subasta, venta directa, adjudicación y ejecución de garantías.

En suma, se espera que estas reformas incidan realmente en un mayor y mejor uso de estos medios de garantía, mucho más flexibles y eficientes, al haberse eliminado ciertas inconsistencias o lagunas del Decreto 51-2007, y haberse reforzado ciertos conceptos, características y particularidades de las garantías mobiliarias conforme el derecho comparado.

Se espera entonces, que el segundo considerando del Decreto reformatorio, pase de ser un anhelo a una realidad: “[Que] la Ley de Garantías Mobiliarias busca que los pequeños y medianos empresarios tengan acceso al crédito, dentro de un marco de seguridad jurídica, por lo cual es imprescindible realizar reformas al Decreto Número 51-2007 del Congreso de la República, a fin de aclarar y propiciar que el régimen de Guatemala sea acorde a los principios rectores del régimen de garantías mobiliarias.”

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