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Escrito por:
Alberto Laclé: Asistente Corporativo junto a Juan Manuel Godoy: Socio 
jmgodoy@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Costa Rica

 

En días pasados el Ministerio de Hacienda publicó los primeros lineamientos de la metodología que se implementará para que las sociedades cumplan con su obligación de reportar al llamado registro de accionistas a quienes sean los beneficiarios finales de su capital social. En dicha publicación se exhortó a los “representantes legales” de las sociedades a obtener su firma digital pues será un requisito para presentar el reporte.

Como se sabe la Ley 9416 para mejorar la lucha del fraude fiscal establece que, a través de su representante todas las sociedades inscritas en el registro público (salvo las supervisadas por autoridad diferente a SUTEL y SUGESE) y no exentas de la obligación, fideicomisos y organizaciones sin ánimo de lucro deberán reportar al registro de accionistas los beneficiarios finales de al menos el 15% del capital social. El medio empleado para cumplir dicha obligación es una plataforma tecnológica desarrollada por el Banco Central de Costa Rica.

La exigencia de presentación de la información únicamente con firma digital, hasta donde se sabe, puede generar retos logísticos para aquellas sociedades cuyos directores no tienen presencia en Costa Rica en términos comparables a los engorrosos procedimientos que la misma autoridad tributaria ha establecido para acceder a la Administración Tributaria Virtual en los que ha establecido criterios muy restrictivos para interpretar el alcance de “representante legal”.

Como se sabe, la firma digital se otorga solo a costarricenses o a extranjeros con su respectivo DIMEX. Si el cumplimiento de las obligaciones de reporte al registro de accionistas, al igual que al ATV va a ser responsabilidad de un director con facultades ilimitadas de representación, el requisito puede ser de difícil cumplimiento a las no pocas sociedades que tienen en su Junta Directiva solo extranjeros sin presencia en Costa Rica.

Por parte del Banco Central se ha indicado que bajo la definición de “representante legal”, en sentido amplio, podrán incluirse mandatarios especiales que acrediten su condición lo cual resulta sin duda una gran contribución para facilitar a las sociedades el cumplimiento de sus obligaciones.

Habrá entonces que dar seguimiento a la consulta pública que se anuncia para los próximos meses en la que el  Banco Central y el Instituto Costarricense de Drogas buscarán definir de manera cierta la logística con la que trabajará la plataforma desarrollada para alimentar el registro de accionistas el cual como se sabe busca crear herramientas para perseguir la legitimación de capitales y el fraude fiscal bajo la actividad de la Administración Tributaria y el Instituto Costarricense de Drogas siendo ese su único uso permitido.

Juan Manuel Godoy Pérez- Departamento Corporativo

Alberto Laclé- Departamento Corporativo.

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