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Escrito por:
Socio, Osvaldo Madriz R.
omadriz@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Costa Rica

 

El denominado Plan Fiscal ya pasó su primera prueba de fuego, y la mayoría de Los Diputados decidieron aprobarlo, con lo que se comienza a enrumbar a puerto (por lo menos hasta el momento) una de las situaciones sociales más complejas que ha vivido nuestro país en su historia reciente. El tema, sin embargo, no está cerrado aún, pues quedan todavía consultas, discusiones y nuevas votaciones por realizarse, para conocer el final de esta historia.

Y dentro de los aspectos paralelos que deben ser considerados mientras se decide el futuro definitivo de los impuestos en Costa Rica, se encuentra precisamente el de las calificaciones que el Poder Judicial hace respecto de la huelga. Los primeros análisis de jueces de instancia nos dejan un recuento (hasta este 10 de octubre) de 17 huelgas ilegales y 2 legales, quedando aún más de 15 procesos pendientes de resolver.

Sin embargo, estas declaratorias ya resueltas aún no pueden ser consideradas como definitivas, pues nuestra legislación da la posibilidad de recurrir las decisiones de los Juzgados de Trabajo ante los Tribunales de Apelación, quienes serán los que, luego de analizar los elementos de cada apelación, decidan de manera final la calificación del movimiento para cada institución; y en este orden de ideas, las sentencias de primera instancia podrían ser (en resumen) confirmadas o revocadas.

Pero: ¿qué pasa si finalmente la huelga es ilegal? La principal consecuencia es que sus efectos deben finalizar, y los empleados que la apoyaban deben presentarse a laborar dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la ilegalidad en cuestión. Si esto no ocurre, el patrono tiene la facultad de dar por finalizada la relación laboral sin responsabilidad patronal (artículo 385 del Código de Trabajo). Acá es importante indicar que, al ser una facultad patronal, este decide si ejecuta o no el despido, bajo el entendido que, de no hacerlo, podría valorar la aplicación de otras acciones disciplinarias menos gravosas.

Ahora bien, si los empleados se presentan a laborar dentro del periodo dicho, el artículo 379 del Código de Trabajo faculta (como se dijo antes, no obliga) al patrono a no pagar los salarios de los trabajadores durante el periodo en que estos se encontraban en huelga (recalcando que es ese periodo el que no se debe pagar, pues es en el que el servicio dejó de brindarse de manera injustificada). Sin embargo, esta acción (al igual que las mencionadas en el párrafo anterior) solo se pueden ejercer luego de la declaratoria de ilegalidad, de modo tal que, el rebajo salarial se daría posterior a la realización del movimiento huelguístico.

Es decir, que durante la huelga los empleados deben continuar percibiendo su salario, pero que una vez esta sea depuesta por ilegal, si aquellos se reincorporan a laborar, se les debe continuar pagando también su salario (pues volvieron a sus labores). ¿Entonces? ¿Cómo se rebaja algo que ya se pagó si, cuando regresan, debo seguir pagándoles por sus labores?

Bien, la solución se encuentra prevista en el artículo 173 del Código de Trabajo, que define que el pago hecho en exceso (como sería el caso de los salarios cancelados de más a los huelguistas) deben deducirse o amortizarse en un mínimo de cuatro tractos (pueden ser más) y sin que devengue intereses, siguiendo los procedimientos internos que el patrono haya definido para tales efectos. Esta deducción es unilateral (no ocupa el permiso o la aprobación del trabajador), siempre y cuando se justifique en una sentencia definitiva que declare ilegal la huelga. Sin embargo, esto no impide que se puedan pactar acuerdos donde el empleado, voluntariamente, acepte la devolución de los dineros cancelados en exceso en condiciones diferentes a las señaladas.

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