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Escrito por:
Asociado, Sergio Escobar 
sescobar@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Nicaragua

 

El gobierno nicaragüense en los últimos años ha realizado importantes reformas orientadas a crear un clima competitivo para fomentar la inversión extranjera, las cuales han contribuido al crecimiento constante de la economía nacional; en este contexto, recientemente se adoptó la decisión de eliminar las acciones al portador de las sociedades anónimas, con el objetivo de incrementar el control y la transparencia de la información de los destinatarios finales de los beneficios de las sociedades y fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos en Nicaragua.

Con el ánimo de alcanzar estos objetivos, se dictó la Ley 977 “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, “Ley 977”, la cual entró en vigencia el pasado veinte de julio y tiene por objeto implementar medidas tendientes a proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero.

Para materializar estos fines, desde el punto de vista mercantil, la Ley 977 es relevante por adoptar las siguientes decisiones: 1.- Prohibición de emisión de acciones al portador y 2.- Prohibición de conversión de las acciones nominativas a acciones al portador.

Estas medidas tendrán implicancia para aquellas sociedades que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 977, tenían en circulación o su Pacto Social les permitía la emisión o conversión de acciones al portador, ya que según la Ley 977, tales sociedades deberán convertir estas acciones en nominativas en un término no mayor a 12 meses, de manera que la fecha máxima para ejecutar esta conversión es el 19 de Julio del año 2019.

Además de la conversión de las acciones al portador a nominativas, es necesario realizar una reforma en aquellos Pactos Sociales que permiten la emisión o conversión de acciones al portador.

En caso contrario, la Ley 977 establece como mecanismo coercitivo que no podrá disponerse de las acciones en actos o contratos una vez transcurrido el plazo para realizar la conversión, es decir, que no se podrán ejercer los derechos societarios hasta que no se realice la efectiva conversión de acciones y la reforma al Pacto Social sea inscrita en el Registro Público competente, por lo que se recomienda que las modificaciones se ejecuten a la brevedad para evitar futuros obstáculos en la celebración de sus negocios.

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