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Escrito por:
Asociado, Javier Santizo
jsantizo@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

El 7 de marzo del presente año fue publicado el Decreto 4-2018 que contempla las reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias. Dicha reforma busca modernizar el régimen de garantías mobiliarias, así como simplificar su ejecución en la búsqueda de promover la utilización de la garantía mobiliaria como una verdadera herramienta de acceso al crédito y crecimiento económico. Dentro de las modificaciones más relevantes introducidas por la ley, se encuentra la simplificación de los procesos de ejecución de garantías mobiliarias, particularmente cuando dicha ejecución se refiere a la ejecución de títulos valores.

En el caso de las inversiones en valores, la reforma modificó el artículo 35 de la ley, en el cual se contempla la constitución de la garantía mobiliaria sobre depósitos de dinero en cuentas bancarias, inversiones o valores. Mientras la ley anterior no contemplaba el tratamiento a los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, la reforma indica que, en este caso, para que la garantía se entienda constituida mediante el ejercicio del control, el deudor garante deberá solicitarle al emisor de los valores que anote la constitución, autorizaciones, condiciones o instrucciones correspondientes, mediante el asiento respectivo en los libros del emisor.

Esta nueva forma de constitución de garantía mobiliaria sobre valores también resulta interesante al tenor de las reformas contenidas en materia de ejecución de dicha garantía. Anteriormente, si bien la ley permitía tanto ejecuciones judiciales como ejecuciones voluntarias, también lo es que limitaba mucho la libertad de las partes al requerirles inscribir dichas ejecuciones voluntarias y sus procesos en el Registro. Por lo tanto, la ley establecía requisitos mínimos e información específica que se debía mencionar para inscribir dicha ejecución. Adicionalmente, la ley anterior no contemplaba la ejecución de títulos valores mediante la venta directa de bienes, sino únicamente a través de una subasta pública.

La venta directa de bienes contemplada en la reforma establece que no será necesaria una subasta pública ni la intervención de un notario, en el caso de ciertos bienes, salvo que el acreedor garantizado así lo eligiere. Dentro de los bienes que pueden ser objeto de venta directa, se encuentran los títulos públicos cotizables, las acciones de sociedades anónimas, valores u otros documentos de comercio negociables en bolsas o mercados públicos. En la venta directa sin intervención judicial, la reforma no menciona ningún procedimiento, más que indicar que el acreedor puede proceder a vender los bienes por medio de un agente o corredor al precio de cotización al día siguiente del vencimiento de la obligación o al que resulte al momento de la venta. Como “defensa” para el deudor, la ley únicamente establece que el deudor garante tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios que se deriven del abuso de derecho por parte del acreedor garantizado, en la ejecución de dicha garantía.

La flexibilidad e inmediatez contemplada por la reforma, para el caso de la venta directa libremente acordada por las partes, abre la discusión con respecto a si dicha modalidad de venta directa para la ejecución de valores, atenta directamente contra el derecho de defensa del deudor garante.

El derecho de defensa tiene asidero en el artículo 23 de la Constitución Política de la República y establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y que nadie puede ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Si bien es cierto, estamos frente a una ejecución extrajudicial, que además es libremente acordada por las partes, también lo es que el artículo constitucional citado sigue aplicando en todos aquellos casos en que el derecho de una persona pueda ser violado.

Por lo tanto, la ley debiese considerar al menos una defensa o excepción aplicable para el deudor, de forma similar a otros procedimientos de ejecución en donde se le otorgan, al menos, excepciones como las de prescripción o pago. Esto, debido a que, de conformidad con la reforma, el deudor puede verse despojado sin siquiera ser notificado de dicha ejecución e inclusive, cuando haya pagado la deuda garantizada.

Por último, cabe agregar que la solución presentada en la reforma, en cuanto a una acción posterior por parte del deudor de reclamar daños y perjuicios derivados de abuso no es idónea. En primer lugar, dicha solución implica un despojo del derecho del deudor garante como propietario del valor dado en garantía. Adicionalmente, la propuesta conlleva necesariamente una reversión en la carga de la prueba en la que el deudor debe demostrar no solo la existencia de daños y perjuicios sino también el abuso por parte del acreedor al realizar la venta directa. Por tales motivos, es necesario sopesar las eminentes ventajas presentadas con una ejecución más expedita de garantías mobiliarias, en las que las partes pueden imponer sus reglas y dispensarse de intervención judicial, con los riesgos de atentar contra un derecho fundamental como viene siendo el derecho de defensa.

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