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Escrito por:
Asociada, Diana de Mata
ddemata@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

El 12 de febrero de 2018 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia dentro de la acción de Inconstitucionalidad General Parcial promovida contra el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, referente al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

El párrafo impugnado establece textualmente lo siguiente:

“se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”.

El accionante indicó en su argumentación que, para las conductas contenidas en el segundo párrafo antes citado, el legislador omitió consignar la pena, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica (artículo 2 de la Constitución Política de la República) y el de legalidad en materia penal (artículo 17 de la Constitución Política de la República), pues será el juzgador quien, por analogía, deberá imponer la pena cuando el delito de Financiamiento Electoral Ilícito se cometa por la comisión de las conductas previstas en el párrafo relacionado.

Al resolver el planteamiento de inconstitucionalidad relacionado, la Corte de Constitucionalidad estableció que no es cierto que para la aplicación de la pena para la comisión de las conductas delictivas contenidas en el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, el juez deba acudir a la analogía ya que, si bien es cierto que en dicho apartado de la norma no se encuentra en forma expresa la sanción que corresponde a las conductas ahí previstas, el legislador ubicó dichas conductas en la tipificación del delito de “Financiamiento Electoral Ilícito” y, por tanto, les corresponde la sanción de prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales prevista en el párrafo primero del artículo, circunstancia que no constituye analogía y, por tanto, no transgrede los artículos 2 y 17 de la Constitución Política de la República, razón por la cual la inconstitucionalidad denunciada debe declararse sin lugar.

No obstante lo anterior, la Corte de Constitucionalidad advierte en la parte considerativa de su sentencia que, al haber agregado el legislador el segundo párrafo impugnado y contemplar en el mismo otras conductas que constituyen el mismo delito con la misma pena, no obstante que se trata de conductas con distinto grado de valor subjetivo y objetivo de la acción, podría existir no solo una vulneración a los principios de razonabilidad y congruencia que exigen la estructuración de las normas dentro de un ordenamiento jurídico, sino además, al principio de proporcionalidad de las penas del Derecho Penal, en virtud del cual éstas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido.

En ese sentido y en aplicación del principio In Dubio Pro Legislatoris –en virtud del cual toda norma jurídica goza de una presunción de constitucionalidad la cual solo puede ser destruida en virtud de una declaratoria de inconstitucionalidad dentro de un proceso de impugnación formal de la norma-, la Corte señala que, cuando frente a alguna disposición normativa se tengan serías reservas, como en el presente caso, se debe optar por buscar las soluciones interpretativas que permitan la conservación de la disposición legal en cuestión y, más aún, en aquellos casos en los que una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, lejos de proveer protección a derechos fundamentales, podría agravar los problemas sociales que la misma norma penal está intentando resolver o atenuar.

En ese orden de ideas, la Corte establece que, en este caso, pese a no declarar la inconstitucionalidad denunciada por el accionante, sí debe orientar la aplicación racional, proporcionada y justa de la norma, tanto en la ubicación de los actos en el tipo penal, como en la pena a imponer, ya que resulta trascendental la función interpretativa-aplicativa debidamente razonada que efectúe el juez al momento de realizar el juicio valorativo respecto de la tipicidad del injusto penal acaecido, así como el grado de responsabilidad y culpabilidad del autor del delito de financiamiento electoral ilícito, en aras de observar y conservar uno de los principios básicos del Derecho Penal, el principio de proporcionalidad de las penas.

En el primer supuesto del artículo 407 “N” del Código Penal se incluyen tres verbos rectores específicos: “aportar”, “recibir” o “autorizar recibir” recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas y, en los tres casos, se necesita que el sujeto activo actúe con el conocimiento previo de la ilicitud de los aportes, es decir, que los mismos se originan del crimen organizado, del lavado de dinero o de cualquier otra actividad delictiva.

Una situación totalmente distinta acaece en las circunstancias que establece el segundo párrafo del artículo relacionado, en el cual la ilicitud de las conductas ahí contempladas deriva de actitudes pasivas por parte del sujeto activo (recepción de contribuciones anónimas o no registrar en el libro contable las contribuciones) que no implican un conocimiento previo del sujeto activo respecto del origen licito o ilícito de los aportes.  De ahí que la responsabilidad de los actores resulta ser diferente en cuanto a la gravedad del hecho delictivo contemplado en el primer párrafo, respecto al contemplado en el segundo párrafo y, por tanto, el juzgador deberá determinar la pena advirtiendo el nivel de valoración del bien jurídico tutelado que suponen los dos supuestos contenidos en la norma en cuestión para no producir una violación al principio de proporcionalidad de las penas.

Sin perjuicio de lo referente a la proporcionalidad de las penas, la Corte de Constitucionalidad establece que los órganos jurisdiccionales también deben realizar un análisis para la distinción de conductas, a efectos de determinar si éstas encuadran en un marco administrativo o penal. En ese sentido, el hecho de no registrar una contribución o aportación en el libro contable que debe llevar una organización política podría no ajustarse al elemento cognoscitivo del dolo que exige y regula el primer párrafo del artículo relacionado, caso en el cual se estaría castigando severamente una mera omisión que, incluso, pudiera ser administrativa, tal y como lo contempla el artículo 21 literales g) y k) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En ese orden de ideas, para superar el carácter de ultima ratio del Derecho Penal, no basta con una antijuricidad formal (que la conducta este descrita en la norma) sino se requiere, además, de una antijuricidad material (que la conducta represente realmente un daño social o una afectación al bien jurídico tutelado).

La Corte de Constitucionalidad finaliza sus consideraciones exhortando: i) al Organismo Judicial, a encuadrar los supuestos previstos en el segundo párrafo de la norma cuestionada tomando en cuenta los presupuestos convencionales, constitucionales y legales esbozados en la sentencia; y, ii) al Organismo Legislativo y a sus diputados, luego del estudio de la sentencia y de dar participación a diferentes sectores de la sociedad, a producir el proceso legislativo correspondiente que conlleve la reforma del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, conforme a las consideraciones establecidas en la sentencia, no solo tomando en cuenta los principios de proporcionalidad, racionalidad y justicia, sino además, estableciendo los elementos diferenciadores de la conducta administrativa contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del tipo penal.

El 4 de abril de 2018, en observancia de la exhortación que hace la Corte de Constitucionalidad en su fallo, la Comisión Extraordinaria del Congreso de la República recibe para su consideración, la exposición de motivos y los primeros proyectos de iniciativa de ley para reformar el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, presentados por los diputados Oliverio García Rodas y Enrique Álvarez.

En la exposición de motivos de dichos proyectos, además de hacer referencia a los distintos considerandos del fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad, se hace una breve referencia a los conceptos de: principio de proporcionalidad, dolo, principio de racionalidad y principio de justicia penal.

Un proyecto plantea la reforma del segundo párrafo del artículo relacionado, de la siguiente forma:

la persona individual o jurídica, que tenga la responsabilidad de administrar los fondos, aportaciones o contribuciones o registros de ello, de cualquier organización política y no registre las mismas teniendo conocimiento, sean dinerarias o no, recibidas por la organización política o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campaña o eventos electorales, comete el delito de Financiamiento Electoral Ilícito y será sancionado con prisión de tres a cinco años y multa de veinte mil a cincuenta mil quetzales e inhabilitación especial para optar y ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años

La persona individual o jurídica que aporte o contribuya en forma dineraria o no a las organizaciones políticas o sus candidatos, para actividades permanentes, de campaña electoral o eventos electorales, y no diere aviso al Tribunal Supremo Electoral y a la Organización política, será sancionada con prisión de dos a tres años y multa de Diez mil a Veinticinco mil Quetzales e inhabilitación especial para ser contratista del Estado de Guatemala, por un periodo de cinco años.

El segundo proyecto propone derogar el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal y adicionar al Código Penal los artículos 407 “O” y 407 “P” siguientes:

Artículo 407 “O” Financiamiento Electoral No Registrado.

Quien reciba de forma directa aportación dineraria o no dineraria, para la realización de actividades electorales o permanente de las organizaciones políticas y no las reporte para su respectivo registro contable a la Organización, será sancionado por el delito de Financiamiento Electoral No Registrado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de veinte mil a cuatrocientos mil quetzales.

Artículo 407 “P” Financiamiento Electoral Anónimo.

Quien realice aportación dineraria o no dineraria con el objeto de financiar actividades electorales o permanente de las organizaciones políticas o sus candidatos y no contare con el respectivo comprobante de donación legalmente emitido por Organización Política, será sancionado por el delito de Financiamiento Electoral Anónimo, con prisión de seis meses a cuatro años, y multa de veinte mil a cuatrocientos mil quetzales.

El 22 de mayo de 2018 se presentó a la Dirección Legislativa del Congreso de la República el dictamen favorable para otro proyecto de reforma del artículo 407 “N” del Código Penal. Este es el más reciente y el que va más avanzado dentro del proceso legislativo en el Congreso. Este proyecto reforma el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal de la siguiente forma:

“Quien consienta o reciba aportaciones como motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con dos a cinco años de prisión y una multa de veinte mil a cien mil quetzales e inhabilitación para optar a cargos públicos hasta por cinco años.

Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las organizaciones políticas o a sus candidatos, para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad, según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de dos hasta cinco años y multa el cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratistas o proveedor del Estado de Guatemala, hasta por cinco años.

La sanción que se refiere al párrafo primero del presente artículo se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, a quien además de la pena impuesta se le inhabilitará para optar a cargos públicos en el tiempo que dure la pena”.”

No obstante que en los tres proyectos de reforma se establece la diferencia entre la responsabilidad del sujeto que “recibe” los aportes, de quien “entrega” los mismos, en ninguno de los tres se puntualiza que la responsabilidad penal de quien no registre un aporte dentro de la organización política estando obligado a hacerlo, únicamente existirá cuando ésta conozca el carácter ilícito de dichos aportes. Como lo estableció la Corte de Constitucionalidad, castigar penalmente a una persona que haya omitido el registro contable de un aporte licito o ignorando su ilicitud, sería excesivo ya que se trataría de una omisión que bien pudiera ser castigada solamente en el ámbito administrativo con una multa, tal y como lo contempla la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por carecer esta conducta de un dolo que aporte el desvalor subjetivo necesario que la haga materialmente antijuridica y, por tanto, justifique el carácter de ultima ratio del Derecho Penal.

De conformidad con el artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos, en aras de preservar el orden constitucional y efectivizar los alcances de los derechos fundamentales. En ese sentido, el Congreso de la República deberá acatar la exhortación que le hizo la Corte de Constitucionalidad en este fallo y reformar el segundo párrafo del artículo 407 “N” tomando en cuenta sus consideraciones, de no ser así, los diputados del Congreso de la República podrían en algún momento dado incurrir en el delito de desobediencia. Respecto a la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, ésta estableció, en la sentencia dictada el 24 de enero de 2017 dentro de los expedientes acumulados número 3584-2016 y 3655-2016, lo siguiente: “(…) En ese sentido, el sistema jurídico contempla mecanismos que garantizan el cumplimiento de lo decidido por los jueces y, para el caso que nos ocupa, la debida ejecución de lo resuelto cobra mayor relevancia, en razón de que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad “vinculan al poder público y órganos del Estado y tienen plenos efectos frente a todos” y así lo sostuvo este tribunal en resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez, emitida dentro del expediente 4255-2009, en la que se puntualizó: “para un tribunal como la Corte de Constitucionalidad, es de interés superlativo que sus decisiones y resoluciones sean totalmente acatadas, para que éstas no se tomen en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna, y pueda con ello, evidenciarse la sujeción que los ciudadanos y los funcionarios públicos tienen al ordenamiento jurídico del país y a las decisiones que se adopten en la jurisdicción constitucional, no sólo al juzgar sino al posibilitar la ejecución de lo juzgado”.”

 

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