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Escrito por:
Asociada, Astrid Dominguez
adominguez@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

El día doce de febrero del dos mil dieciocho, la Corte de Constitucionalidad dictó resolución en relación al planteamiento de una acción de Inconstitucionalidad General Parcial en contra del párrafo segundo del artículo 407 “N” del Código Penal, el cual regula conductas tipificadas como Financiamiento Electoral Ilícito de la siguiente manera: “Se considera así mismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política”. De acuerdo con el interponente de la acción, este párrafo contraviene el deber del Estado de garantizar la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, ya que la acción descrita, al no llevar aparejada la imposición de una pena, carece de certeza jurídica, incumpliéndose con ello la exigencia de precisión en la definición de la pena. Se agrega que, al no fijar una pena, se faculta al Juzgador a aplicar, por analogía, la misma sanción que establece el delito en el primer párrafo del artículo 407 “N”.

La Corte de Constitucionalidad, en su resolución, declaró sin lugar esta inconstitucionalidad con base en la aplicación de la integración de las normas, pues se hace evidente para la Corte que la sanción establecida en el artículo 407 “N”, en su primer párrafo es aplicable al delito en general de “financiamiento electoral ilícito”, indicando el segundo párrafo que “se considera así mismo, financiamiento electoral ilícito…”. En ese orden de ideas se entiende que la norma está compuesta por un hecho jurídico y una consecuencia jurídica que será aplicable a la totalidad del delito de “financiamiento electoral ilícito”. Agrega la Corte que, al analizar el artículo en conjunto y en forma aislada, no es posible el poder argumentar que el párrafo impugnado atente contra la certeza jurídica de los habitantes, pues en ningún momento se está sometiendo a estos a decisiones arbitrarias por parte de la autoridad jurisdiccional. La acción prohibida conlleva en forma expresa la consecuencia jurídica, o sanción que será impuesta al sujeto que la cometa, por lo que el órgano jurisdiccional tiene establecidos los parámetros sobre los cuales puede dictar su resolución, ya que tanto las acciones del primer párrafo, como las del segundo párrafo fueron tipificadas por el legislador como “financiamiento electoral ilícito”.

Sin embargo, en la misma resolución referida, la Corte de Constitucionalidad indica que en el apartado denunciado como inconstitucional sí pudiese existir una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que actualmente la forma en la cual se encuentra el artículo redactado, el legislador previó distintos niveles de afectación al bien jurídico tutelado, pero en cada una de las conductas típicas se estableció la misma pena, lo cual entra en conflicto con el principio de proporcionalidad que rige el derecho penal guatemalteco, el cual en el Derecho Penal, implica que no pueden existir normas que tipifiquen delitos sin fundamento alguno, ni penas excesivas que resulten innecesarias y que el legislador tiene la tarea de fijar los parámetros de una sanción con relación a la conducta prohibida. Además, la Corte hizo énfasis en el principio de la ultima ratio que rige el Derecho Penal guatemalteco, pues reconoce que el Estado debe recurrir al Derecho Penal como mecanismo último para la protección de los derechos fundamentales, de tal forma que, si existe un procedimiento administrativo, no es válido omitir el mismo y llevar el proceso penal. Por tal razón se exhorta al Organismo Legislativo a que establezcan los elementos diferenciadores de la conducta administrativa contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el tipo penal contenido en el artículo 407 N, del Código Penal. En atención a las consideraciones indicadas, la Corte de Constitucionalidad exhorta al Organismo Legislativo a que: a) Produzca el proceso legislativo que pueda conllevar a la reforma del segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, refiriéndose a establecer una pena distinta a las acciones descritas en el primer párrafo respecto a las descritas en el segundo párrafo; y b) Establecer los elementos diferenciadores de la conducta administrativa contenida en la Ley Electoral y del Partidos Políticos y el tipo penal contenido en el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal.

Esta resolución, en sus distintos apartados considerativos, merece una evaluación crítica de la función y facultades de la Corte de Constitucionalidad. Como un primer punto es posible apreciar que la Corte de Constitucionalidad omite su función de defensa del orden constitucional. Esta función de defensa se traduce en el resguardo de los derechos de todo habitante de la República frente a cualquier amenaza administrativa, legislativa o judicial, que en este caso se trata de límites a la libertad de acción a través de normativa que no guarda proporcionalidad en cuanto a sanciones, ni respeta los límites del poder punitivo del Estado. Por lo tanto, la Corte de Constitucionalidad, al advertir que la norma impugnada no respetaba el principio de proporcionalidad ni el de la naturaleza del derecho penal de ser la ultima ratio, debió actuar como entidad garante de la constitucionalidad de las leyes y en consecuencia declarar inconstitucional la norma de carácter general que limita, en forma contraria a principios del derecho, la esfera de acción de los individuos.

Como segundo punto es importante revisar las exhortaciones que recientemente realiza la Corte de Constitucionalidad al Organismo Legislativo, ya que éstas sobrepasan el ámbito de las facultades de la Corte, pues pretende a través de resoluciones “exhortativas” abrogarse facultades de iniciativa de ley que no le corresponden de conformidad al artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En virtud de esta resolución, en la cual se aprecia la confusión en el entendimiento de la función y facultades otorgadas a la Corte de Constitucionalidad, lamentablemente aún nos encontramos todos los habitantes de la República de Guatemala, sujetos a la amenaza de ser perseguidos penalmente por actos que deberían ser solventados por la vía administrativa, así como de ser sancionados con penas de prisión no proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos.

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