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Escrito por:
Asociada Orietta Benavides
obenavides@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Nicaragua

 

Las nuevas legislaciones, advierten cada vez más sobre la necesidad que tienen las empresas de fomentar en sus relaciones comerciales, la implementación de políticas adecuadas que permitan prevenir, identificar y mitigar riesgos que impliquen consecuencias legales, económicas y que afecten su prestigio.

Esta sanidad y transparencia en las empresas debe ser una constante entre socios, sus clientes y el Estado. Consecuentes con esta exigencia, Nicaragua ha aprobado un conjunto de normas que cumplen tanto una función preventiva como sancionadora.

La Ley No. 641 “Código Penal de la República de Nicaragua” regula y sanciona los delitos de Lavado de Activos, Bienes y Activos provenientes de actividades ilícitas, Cohecho o Tráfico de Influencias, contra la Libre Competencia y los Consumidores, contra el Sistema Bancario y Financiero y contra la Hacienda Pública entre otros, los cuales son castigados en su mayoría con penas de prisión, multas e inhabilitación especial para ejercer la profesión, oficio, industria o comercio; además de acarrear para la persona jurídica, la imposición de consecuencias accesorias que van desde la Intervención de la Empresa, Clausura de Locales o Establecimientos, hasta la Disolución de la Sociedad. La Ley No. 793 “Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero”, cuya función principal es la prevención del Lavado de Dinero, Bienes y Activos provenientes de Actividades Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, de igual forma impone tanto a los sujetos obligados como instituciones bancarias, microfinancieras, cooperativas financieras y otras, como a cualquier persona natural o jurídica; prevenir e implementar acciones consideradas como “operaciones sospechosas” que puedan culminar en responsabilidades civiles y penales.

Por ello, es indispensable que el gobierno corporativo asuma la obligación de garantizar la aplicación de estas leyes, diseñando, formulando y ejecutando procedimientos y controles apropiados en las empresas, lo que redundará en su beneficio al atenuar o excluir la responsabilidad penal.

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