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Escrito por:
Socio Elias Arriaza
earriaza@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

En los conflictos con la administración pública es importante hacer el señalamiento de inconstitucionalidad en el expediente administrativo, para no perder el derecho a esa defensa, según la doctrina actual de la Corte de Constitucionalidad.

 Introducción al tema. En los conflictos con la administración pública es importante hacer el señalamiento de inconstitucionalidad cuando en la defensa se visualice que será necesario pedir la inaplicación de una norma por violar los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala; en caso contrario, según la actual jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, es posible que esa defensa ya no podrá ser invocada.

Es por ello que, como empresario, asesor legal interno y en general como cliente, es primordial tener una comunicación fluida con el abogado a quien se la ha confiado la defensa del asunto, a efecto de evaluar si la inconstitucionalidad será utilizada y de esa forma asegurar que se realizarán los pasos necesarios para que sea conocida en su oportunidad.

Origen de la controversia. Las disputas con la autoridad administrativa pueden tener orígenes muy variados: ajustes formulados por la Administración Tributaria -SAT-, controversias con la Municipalidad, multas o peticiones denegadas por cualquier Ministerio, en fin, cualquier resolución desfavorable dictada en contra de un administrado.

El camino de defensa. La defensa de dichos casos tiene dos etapas claramente diferenciadas. La primera, llamada etapa administrativa, se lleva a cabo ante el mismo órgano administrativo que resolvió; algunas dependencias tienen un trámite especial, como el caso de la SAT, en el que existe una audiencia, prueba y confirmación del ajuste y/o multa, pero en general esta etapa comprende un recurso administrativo de revocatoria o reposición que será conocido por la autoridad superior competente del organismo (el Concejo Municipal, el ministro, etc.).

La segunda etapa es la jurisdiccional. Nuestro ordenamiento jurídico dispone, como control inter-órganos, que los administrados tendrán el derecho de que los tribunales (poder judicial) revisen lo resuelto por la administración pública. A este proceso se le denomina contencioso administrativo y es conocido por una de las 6 Salas conformadas cada una por 3 magistrados, todas ubicadas en la ciudad de Guatemala. Este proceso es de única instancia, es decir, no está habilitado el recurso de apelación; sin embargo, sí es procedente el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, en el que se deberán invocar los errores en los que haya incurrido la Sala.

Casos en los que es relevante el señalamiento de inconstitucionalidad. La defensa puede ser: a. una cuestión de hecho en la que por ende lo esencial sea la prueba; b. discusión sobre la interpretación de normas legales; c. la equivocada aplicación de ciertas normas, dejando de aplicar la correcta al caso en discusión; d. la inconstitucionalidad de las normas que se pretenden aplicar.

Interesa para el tema de este artículo, el último supuesto, es decir, cuando se sostiene que un artículo, ya sea de un reglamento o ley, o bien cualquier disposición de aplicación general (por ejemplo, una circular), aun cuando regula el asunto que se está discutiendo, no debe ser aplicado al caso concreto por violar preceptos constitucionales. Debe distinguirse el mencionado señalamiento a la defensa en la que no se pide inaplicar una norma, sino que simplemente se apoya en derechos contenidos en la Constitución para fundamentar la improcedencia de la decisión de la autoridad; esos casos, no entrañan una inconstitucionalidad normativa, sino una interpretación constitucional.

Lo que dispone la ley en cuanto a la inconstitucionalidad en caso concreto dentro de controversias administrativas. El artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad dispone que cuando en casos concretos se apliquen leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas, “el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente”. Asimismo, establece que la inconstitucionalidad, que es la acción a través de la cual se confronta la norma impugnada con el precepto constitucional que se estima violado, “deberá” plantearse en lo contencioso-administrativo dentro de los 30 días a que el órgano administrativo dictó la resolución o bien, podrá plantearse en el recurso de casación.

La interpretación de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad interpreta el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en el sentido que el señalamiento de la inconstitucionalidad en el expediente administrativo es un requisito, carga procesal o presupuesto que debe cumplirse para que luego la inconstitucionalidad pueda ser conocida ya sea en el proceso contencioso administrativo o en el recurso de casación.

Es por ello, la importación de que ese señalamiento se haga en el expediente administrativo, pues en caso contrario, la inconstitucionalidad ya no será conocida.

Comentario sobre la interpretación de la Corte de Constitucionalidad. La interpretación de la Corte es sumamente restrictiva, aun cuando por ser la inconstitucionalidad una garantía constitucional, debería aplicarse el principio de la interpretación extensiva contenida en el artículo 2 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

En efecto, cuando la ley dice que el administrado se limitará a señalar la inconstitucionalidad en el proceso administrativo, realmente no impone una carga procesal, de lo contrario usaría un lenguaje distinto: debe señalarlo, es un requisito, es imprescindible, es un presupuesto, no podrá conocerse de no señalarse, etc. El sentido de la ley es que el administrativo, en esta etapa procesal, no podrá aún pedir que se conozca la inconstitucionalidad por el órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que no pueda ser aplicada por el órgano administrativo, sino que debe únicamente dejar señalada esa inconstitucionalidad para hacerlo valer más adelante (en la etapa de defensa jurisdiccional), si la controversia continúa.

Al darle la interpretación de la Corte, resultan complicaciones, por ejemplo, que la norma sea invocada hasta que se resuelva en definitiva por el órgano administrativo y que, de esa cuenta, el administrativo no tenga oportunidad para dejar señalada la inconstitucionalidad en la fase administrativa previo a acudir a la judicial. De igual forma, en la fase administrativa no se requiere el auxilio profesional, por lo que sería incongruente que a un administrado sin instrucción jurídica se le imponga la carga de hacer un señalamiento de inconstitucionalidad, y que, al no haberlo hecho, pierda la oportunidad cuando ya cuente con una asesoría jurídica en la etapa judicial.

Sin embargo, mientras no cambie la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que la inconstitucionalidad DEBE señalarse en la etapa administrativa.

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