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Escrito por:
Asociada Paulina Rodríguez
prodriguez@consortiumlegal.com.gt
Consortium Legal – Guatemala

 

Introducción: La selección de la sede del arbitraje va más allá de ser un elemento territorial, puesto que dicha selección determinará cuál es la lex arbitri. La lex arbitri, siendo esta la ley procedimental, indicará, entre otros aspectos relevantes, cuál es el alcance que tienen los jueces para apoyar a los árbitros en su labor de resolver la controversia.

Las partes al momento de pactar en sus contratos una cláusula arbitral pueden adaptarla a sus necesidades contractuales con la finalidad que el mecanismo de resolución de conflictos pactado se acomode a dichas necesidades.

Uno de los elementos que pueden las partes pactar en la cláusula arbitral es la sede del arbitraje. No son pocas las cláusulas arbitrales en las cuales se omite mencionar la sede del arbitraje o bien se incluye la sede sin tomar en cuenta las implicaciones de la selección de la misma. Cuando las partes escogen la sede del arbitraje, están escogiendo la ley procesal aplicable, la cual es conocida como lex loci arbitri o lex arbitri.

La elección de la sede del arbitraje no implica que todas las actuaciones arbitrales vayan a desarrollarse en dicho lugar, ya que el tribunal arbitral podrá desarrollar el proceso arbitral en otros lugares ya sea porque las partes lo soliciten o bien por la conveniencia del proceso. A modo de ejemplo, el tribunal arbitral puede determinar que se desarrollen en un lugar distinto al lugar de la sede: reuniones o audiencias en caso las partes se encuentren domiciliadas en distintos países, recibir las declaraciones testimoniales, inspeccionar mercaderías, bienes o documentos, etc.

Si bien es cierto que el arbitraje es un método de resolución de conflictos a través del cual las partes deciden otorgarle la facultad a los árbitros para resolver sus controversias, existen ciertas actuaciones que los árbitros no pueden desarrollar puesto que le corresponden con exclusividad a los tribunales judiciales (esencialmente, relacionadas con el ejercicio de ius imperium frente a terceros ajenos al arbitraje). Al estar limitadas las facultades de los árbitros, ya sea por voluntad de las partes o por normas imperativas, es necesario contar con el apoyo y auxilio de los tribunales judiciales, del lugar de la sede del arbitraje, para desarrollar dichas actuaciones.

Las partes al elegir la sede del arbitraje aspiran a que los tribunales judiciales contribuyan al impulso del proceso arbitral y no a la obstaculización del mismo. Para lograr lo anterior, es necesario una relación de cooperación entre la justicia estatal y el arbitraje.

Es recomendable que, al momento de elegir la sede del arbitraje, las partes revisen la jurisprudencia nacional respecto a temas arbitrales, con el propósito de determinar si existe una tendencia o actitud a favor o en contra de hacer efectivo el apoyo o asistencia judicial hacia el arbitraje, conforme la lex arbitri elegida. La elección de una sede que no respete la institución del arbitraje puede retrasar el proceso arbitral, aumentar el riesgo de procesos judiciales paralelos o que los jueces entren a conocer sobre el fondo de la controversia al momento de solicitar su asistencia.

Guatemala como sede de arbitraje

El Congreso de la República de Guatemala, en el año 1995, promulgó la Ley de Arbitraje, Decreto 67-95, en adelante denominada “Ley de Arbitraje de Guatemala”. Dicha ley sustituyó el régimen legal aplicable en Guatemala al arbitraje, ya que anteriormente se encontraba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. El Congreso de la República de Guatemala, en los considerandos de la Ley de Arbitraje de Guatemala, reconoció que la regulación contenida en el Código Procesal Civil y Mercantil ya no representaba los avances más recientes en materia de arbitraje, lo cual era un obstáculo para que las partes pudieran usar efectivamente el arbitraje.

Para incorporar los avances en materia de arbitraje al ordenamiento jurídico guatemalteco, se promulgó la Ley de Arbitraje de Guatemala inspirada en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en adelante “Ley Modelo”. La Ley Modelo fue creada con el fin que los Estados la incorporaran a su ordenamiento jurídico para promover la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades de la práctica arbitral. Es decir, que al día de hoy Guatemala cuenta con una ley de arbitraje moderna y reconocida internacionalmente.

El artículo 8 de la Ley de Arbitraje de Guatemala establece: “En los asuntos que se rigen por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos en que esta ley así lo disponga.” Por lo tanto, la injerencia de los tribunales judiciales se encuentra limitada y procede únicamente cuando la propia lex arbitri lo permita.

La Ley de Arbitraje de Guatemala permite la asistencia judicial por los siguientes motivos:

  1. Nombramiento de un árbitro, si una de las partes se niega a hacerlo
  2. En caso de desacuerdo con la decisión relacionada con el impedimento de un árbitro para ejercer sus funciones
  3. Revisión de la decisión tomada con relación a la competencia del tribunal arbitral
  4. Decretar o levantar providencias cautelares que deban ser cumplidas por terceros
  5. Obligar a una de las partes a cumplir con una providencia cautelar decretada
  6. Práctica de pruebas
  7. Recurso de revisión (conocido, como “recurso de anulación” en la Ley Modelo)
  8. Reconocimiento y ejecución de laudos

Contrario a los jueces, quienes tienen la facultad de hacer cumplir de forma forzosa sus decisiones, los árbitros carecen de imperium para garantizar el cumplimiento de sus decisiones. Es por ello, que ya sea durante el procedimiento arbitral o al momento de la ejecución del laudo, es necesaria la asistencia judicial de los tribunales de Guatemala para lograr ejecutar las resoluciones de los árbitros.

El artículo 35 (2) de la Ley de Arbitraje de Guatemala establece que el tribunal jurisdiccional competente se limitará a cumplir con la solicitud de asistencia judicial, a menos que la medida probatoria o ejecutoria sea manifiestamente contraria al orden público o a las leyes prohibitivas expresas. Es decir que el tribunal jurisdiccional competente deberá prestar su asistencia sin entrar a juzgar acerca de su procedencia y sin admitir oposición o recurso alguno.

En la Ley de Arbitraje de Guatemala el tribunal encargado de ejercer las funciones de asistencia judicial es el Juez de Primera Instancia de lo Civil y Mercantil del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje, o el del lugar de celebración del acuerdo de arbitraje, el del lugar donde deba dictarse el laudo, el del domicilio de cualquiera de los demandados o, en cualquiera de los anteriores lugares sí coinciden todas o algunas de las circunstancias anteriores. Únicamente para el caso de conocer el recurso de revisión conoce la Sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiere dictado el laudo. Las partes al pactar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, de forma implícita desearon no hacer uso de la justicia estatal.  Pero no por el hecho que las partes hayan pactado el arbitraje ello implica que los jueces no puedan llegar a tener relación con el proceso arbitral.

¿Qué necesita Guatemala para ser una sede atractiva para el arbitraje? No basta con tener en su ordenamiento jurídico una ley de arbitraje moderna, ya que la mayoría de los países han utilizado como base la Ley Modelo para regular el arbitraje en su país. Lo que se necesita es un sistema judicial que esté dispuesto apoyar al proceso arbitral, que logre comprender la celeridad del proceso con el fin que emitan decisiones judiciales en tiempos razonables para lograr la continuación del proceso arbitral. El juez y el árbitro no compiten, sino cooperan el uno con el otro. Para ello es necesario que cada uno actúe de conformidad con las facultades que las partes les otorguen o la lex arbitri les permita. El árbitro tiene la obligación de resolver la controversia, correspondiéndole al juez cooperar con dicha misión. Promover la cooperación entre los tribunales judiciales y los árbitros permitirá que Guatemala pueda ser una sede atractiva para el arbitraje.

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