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Escrito por:
Socio David Erales
derales@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Guatemala

 

Históricamente el proceso contencioso administrativo surge de la necesidad de los gobernados de contar con un medio de defensa objetivo ante las actuaciones y decisiones de la administración pública. Como lo indica el autor Jorge Mario Castillo González: <<La jurisdicción contencioso-administrativa persigue una finalidad muy concreta: lograr un equilibrio entre la efectividad de la acción administrativa y la debida protección a los particulares, en contra de la arbitrariedad de la administración pública.>> Lo anterior se debe a que no es viable que la propia Administración Pública actúe como juez y parte al resolver determinado asunto, dado que estaría inclinada a favorecer sus propios intereses.

La finalidad anterior ha sido plasmada en la parte considerativa de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en la que se indica: <<Que es necesario actualizar la legislación en materia de contencioso administrativo, con el objeto de estructurar un proceso que a la vez que garantice los derechos de los administrados, asegure la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la juridicidad de todos los actos de la administración pública, asegurando el derecho de defensa del particular frente a la administración, desarrollando los principios constitucionales y reconociendo que el control de la juridicidad de los actos administrativos no debe estar subordinado a la satisfacción de los intereses particulares.>> —El resaltado es propio— El fundamento constitucional del contencioso administrativo lo encontramos regulado en el artículo 221 de la Carta Magna, en cuya parte conducente preceptúa: <<Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública (…)>>.

La función CONSTITUCIONAL del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es ser EL “CONTRALOR” de la JURIDICIDAD de los actos administrativos, es decir, controlar si el acto reclamado o resolución controvertida se ajusta a las leyes y al derecho. El Tribunal debe velar que los asuntos sometidos a su conocimiento, no solo que se resuelvan conforme a la ley, además debe velar porque dicho acto o resolución sea acorde a la Constitución y a los principios generales del derecho, garantizando de esa manera los derechos de los gobernados. Si el acto o resolución no cumple con las exigencias de juridicidad el acto debe ser revocado, modificado o anulado.

De lo anterior es válido decir que el legislador brinda una herramienta esencial, cuya finalidad es evitar abusos de la autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, y que, a través de la misma, garantiza la defensa de los derechos de los gobernados. Es a través de esa finalidad que se aprecia la nobleza de dicha institución jurídica, que precisamente otorga una herramienta que como bien lo invoca la ley, busca garantizar el derecho de defensa de los gobernados ante los abusos del gobierno.

En los últimos años, refiriéndome específicamente a las disputas en materia tributaria, pareciera que la finalidad de dicho proceso, por algunos juzgadores (salvo contadas excepciones) ha sido olvidada por completo. Es de recordar que la propia ley establece que el control de la juridicidad no debe estar subordinado a la satisfacción de los intereses de ningún tipo y, sin embargo, de las estadísticas recientes —basta con leer la última publicación de sentencias del periodo  1 de mayo al 31 de octubre de 2017, realizada por SAT—en la mayoría de las disputas se favorece al fisco, incluso en dicho periodo el porcentaje de las disputas que se resolvió a favor del fisco fue del 89.83%. Incluso ahora vivimos el fenómeno en que, la gran mayoría de recursos extraordinarios de casación planteados por SAT en contra de las pocas sentencias de lo contencioso administrativo que favorecen al contribuyente, son revertidas, y los recursos extraordinarios promovidos por los contribuyentes, desestimados. Lo mismo sucede con los amparos de única instancia planteados ante la Corte de Constitucionalidad.

Las causas de lo anterior para algunos son, entre otras, la falta de conocimientos profundos en materia tributaria de los juzgadores (incluso cuando la ley da la pauta que deben ser de preferencia expertos en la materia), la constante rotación de personal idóneo, el temor a represalias por parte del fisco y sus aliados (ser cuestionado de favorecer a los contribuyentes), para otros pareciera atender a una agenda política que se busca favorecer la recaudación y así brindarle fondos al Estado para poder cumplir con sus funciones esenciales. Lo anterior, aunque a primera vista pareciera ser loable, dista en mucho de ser justo y legal. No podemos permitir que se avale el cobro ilegitimo de impuestos. Formas legítimas para obtener una mayor recaudación existen, por lo que no es viable pretender ignorar los derechos de los contribuyentes para la obtención de más fondos. Aclaro, pagar impuestos es una obligación constitucional que tenemos todos los ciudadanos, pero su pago, o en su caso, su cobro, deben hacerse dentro del marco legal.

Si un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones legales como corresponde, la finalidad del Tribunal de lo Contencioso es precisamente garantizar el derecho de defensa del contribuyente ante las pretensiones ilegítimas de la Administración, analizando en forma objetiva el caso y resolviendo en forma apegada a derecho, pero si lejos de ello se resuelve en atención a otros intereses, prácticamente vuelven ilusorios los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Es importante que los Tribunales de Justicia reconozcan la finalidad que tiene el proceso contencioso administrativo en Guatemala, ya que a través del mismo no se resuelve “sólo una disputa” entre un contribuyente y el fisco, su función va más allá, es en esencia el control que el Organismo Judicial debe ejercer sobre el Ejecutivo y sus distintas dependencias, incluyendo las autoridades descentralizadas y autónomas, para garantizar a los ciudadanos la libertad y protección de sus derechos. De mantenerse la tendencia actual, no se logrará incrementar la recaudación como erróneamente algunos piensan, todo lo contrario, las grandes empresas migrarán ante el evidente acoso del fisco y el absoluto abandono en que se está dejando a los contribuyentes, provocándose así una potencial salida de la inversión existente (no digamos desincentivar la nueva inversión) lo cual incluso traerá repercusiones negativas a la economía del país, ya lo vimos recientemente en la caída de las calificaciones internacionales como el Doing Business debido a la falta de seguridad y certeza jurídica, que en gran parte ha sido provocada por los propios Tribunales de Justicia.

Nos queda la esperanza en un cambio en el actuar de los Tribunales, para que la justicia sea impartida en forma objetiva, apegada a la ley y a derecho, en la que, en forma justa, se condene al culpable, pero también se exima al inocente. Como bien dice el refrán <<No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante>>. Veremos cuál de las dos cosas pasa primero.

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