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Escrito por:
Cristina Sansonetti, Socia
csansonetti@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Costa Rica

 

Costa Rica atraviesa por una coyuntura fiscal especial. Desde el año 2010 el déficit fiscal ha superado el 5% del Producto Interno Bruto de manera constante. De conformidad con el Programa Macroeconómico 2018-2019 del Banco Central, el 2017 cerró como el año con el déficit fiscal más alto en la historia, al alcanzar 6,2% del PIB. Según el Banco, esa cifra se debió a un mayor crecimiento del gasto total (9,1%) respecto al de la recaudación tributaria (5,3%).

Medidas para solucionar crisis.  Para combatir la crisis económica desde el año 2010 han “desfilado” por la Asamblea Legislativa distintos proyectos de reforma fiscal, los cuales no han contado con el apoyo político necesario. Como medida para combatir la situación fiscal, a finales del año pasado, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Expediente N. 20.580″ (en adelante el “Proyecto”) mediante el cual promueve la aprobación de una muy limitada reforma fiscal. El pasado 28 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó tramitar este Proyecto por la vía rápida, lo cual implica la reducción de los plazos para su discusión.

Este Proyecto procura 2 medidas fundamentales mediante 4 reformas:

  1. Obtención de fuentes de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fiscal:
    1. Modificación hacia el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y;
    2. Tratamiento sobre el impuesto de renta y ganancias de capital (Renta)
  1. Medidas de contención del gasto (muy ligera) en relación con:
    1. Régimen actual de los salarios públicos y;
    2. Adopción de una regla fiscal.

Según manifestaciones del Ejecutivo, este Proyecto generaría una reducción del déficit fiscal únicamente en un 1.9%; preliminarmente se infiere una reforma insuficiente.  Idealmente debería ser desechado para permitirle al nuevo Gobierno presentar un Proyecto de Ley integral que procure una reducción del déficit fiscal de, al menos, un 3%. Sin embargo, el panorama orienta en continuar con el actual Proyecto de Ley presentado pero, para garantizar seguridad jurídica e impedir la desaceleración de determinadas actividades económicas, se deberá corregir errores técnicos y contradicciones contenidas en el texto presentado tanto en IVA como en Renta principalmente.

IVA y Renta. Enfocándonos en el punto 1 sobre IVA y Renta, la reforma plantea:

  1. Derogar la Ley del Impuesto General sobre las Ventas para migrar hacia un IVA, el cual presupone un aumento de la base imponible al gravar los servicios (i.e. Servicios legales).
  1. En Renta, la propuesta incluye una norma “anti-elusión” a fin de no permitir la deducibilidad del impuesto sobre la renta respecto de los de pagos realizados a favor de jurisdicciones que sean consideradas como regímenes de baja tributación o paraísos fiscales; incluir un Capítulo IX a fin de gravar las a) ganancias de capital y b) rentas mobiliarias e inmobiliarias con una tarifa general de 15%.

Sobre el IVA. Este impuesto recaería no solo en mercancías sino también sobre la prestación de servicios. Solo se exonera mediante el mecanismo de devolución el pago de servicios médicos de consulta cuando hubiera mediado un medio de pago electrónico. En relación con los demás servicios, algunos estarán afectos a tarifa reducida del 4% (agricultura, educación entre otros), o bien, como servicios se les aplicará tarifa escalonada en un periodo de 4 años (servicios turísticos y servicios relacionados con la construcción).

El concepto de servicio contempla los intangibles y los financiamientos, respecto de este último se incorpora exoneración únicamente sobre los pagos por intereses y otros costos asociados a créditos y; ii) financiamientos siempre que sea suscrito con entidades financieras reguladas. Además, se establece la obligatoriedad de cancelar el IVA en pagos por servicios brindados a favor de contribuyentes domiciliados en Costa Rica por no domiciliados, lo cual implicaría que financiamientos brindados desde el exterior se encuentren sujetos al pago dicho impuesto. Esta y otras inconsistencias deben aclararse dentro del Proyecto para evitar generar el encarecimiento del acceso al crédito que se traduzca en un efecto adverso en la economía.

Sobre la Renta. El fin de la reforma recae en lograr una mayor progresividad.  Sin embargo, no hay congruencia filosófica entre la exposición de motivos del proyecto que exige progresividad y ciertos artículos que abren a debate la posible existencia de derogaciones tácitas o no de la ley actual, entre otros casos: i) rentas de capital mobiliario (dividendos e inversiones) y; ii) Rentas derivadas del desarrollo de una actividad inmobiliaria. No deroga ni modifica de manera expresa los artículos sobre los ejemplos anteriores, por lo que, de llegarse a aprobar el proyecto en la forma planteada, se genera incertidumbre sobre su interpretación y tratamiento. ¿La nueva normativa deriva en una derogatoria tácita del régimen anterior?. Debe entenderse derogada la exoneración aplicable al pago de dividendos entre sociedades costarricenses. Se sabe el debate; sin embargo, no sería consistente con la filosofía del proyecto.

Con base en todo lo expuesto, el texto presentado requiere serias modificaciones, a fin de no generar inseguridad jurídica con múltiples interpretaciones.

El presente artículo fue preparado con base en el Proyecto tramitado bajo el expediente No.20580, por lo que el análisis y conclusiones expuestas podrían variar según sean las mociones que se presenten y aprueben en el proceso legislativo.

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