Artículo escrito por Jese Jimenez, abogado Consortium Legal - Honduras

El estatus de protección temporal, mejor conocido por sus siglas en inglés como TPS (Temporary Protection Status), surgió como una respuesta de parte del congreso bicameral de los Estados Unidos de América en la década de los ’90 para establecer un sistema uniforme de protección de migrantes, mismos que por motivos de convulsión social, como ser guerras civiles o enfrentamientos armados, e incluso por motivos de catástrofes naturales, se han visto en la difícil situación de no poder retornar a sus países bajo condiciones de seguridad suficiente. Uno de los primeros países centroamericanos en haber sido incluidos como beneficiarios de este régimen fue La República de El Salvador (1991), nación que se vio azotada por la guerra civil que se extendió por más de 10 años entre las Fuerzas Armadas de dicho País, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Honduras, por su parte, fue incorporado a este régimen a partir del año de 1999, seguido de la catástrofe causada por el Huracán Mitch, fenómeno natural que en su momento representó al país la pérdida de miles de ciudadanos y millones en daños materiales. A la entrada en vigor de dicho acuerdo, se estimó una cantidad aproximada de cien mil hondureños que se vieron directamente beneficiados por la inamovilidad migratoria ofrecida por dicho régimen. Esta misma protección también fue otorgada a ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, quienes igualmente se vieron afectados -aunque en menor medida - por dicho fenómeno natural. Actualmente, se estima que el número de hondureños que gozan de este beneficio se ha reducido en un 40%, dejando como resultado un total de -aproximadamente- 60 mil hondureños adscritos al régimen.

En los últimos meses, el país se ha visto envuelto en un intenso intercambio de opiniones públicas y posturas gubernamentales en torno a la continuidad -o no- del país como beneficiario del régimen. Aún más, las autoridades gubernamentales han demostrado una profunda preocupación por el número de nacionales que, en caso de poner fin al acuerdo, deberán retornar al país. Ante esta posibilidad, nos encontramos con un número de potenciales implicaciones en el ámbito migratorio, laboral, económico y social que son imposibles de obviar. En ése mismo orden surge el primer escenario, representado a través de un fenómeno migratorio que significaría el retorno de un considerable número de hondureños, quienes a su vez deberán afrontar por su propia cuenta las implicaciones personales -e incluso familiares- de establecerse nuevamente en el país. Ello representaría un particular apuro para aquellos ciudadanos que durante la vigencia del acuerdo han establecido sus familias en el exterior, ya sea con residentes legales o nacionales del país norteamericano, como también con los conciudadanos que se encontraren gozando de los beneficios del régimen. Si bien la ciudadanía estadounidense es explícitamente considerada como un fruto inaccesible a los adscritos al régimen, todo infante de padres hondureños nacido en dicho país es considerado bajo las leyes del mismo como ciudadano norteamericano. Ello traería consigo una difícil encrucijada que muchos padres hondureños deberán enfrentar como resultado de una posible terminación del régimen, exponiéndose al riesgo de poder ser expulsados del país norteamericano una vez terminado el acuerdo como resultado de la modificación del estatus migratorio del que serían objeto éstos 60 mil hondureños, al pasar a ser categorizados como “inmigrantes indocumentados”.

Como otra de las implicaciones que se verían materializadas ante la posibilidad de una terminación del régimen, nos encontraríamos con el inevitable resultado de una inminente descompensación de la economía nacional por motivo de la adición de miles de hondureños a la fuerza laboral pasiva del país, un escenario que merecería de un profundo y exhaustivo análisis por parte de las autoridades gubernamentales no sólo en términos de contrarrestar éste desequilibrio, sino también en términos de cumplimiento de aquellas metas y objetivos que las mismas autoridades previamente han diseñado para éste sector de la economía nacional, mismas que deberán replantearse en vista de estas alteraciones.

Por otra parte, los estudios económicos de país practicados periódicamente por medio de las instituciones nacionales a cargo de dicha tarea como ser el Banco Central de Honduras, así como por otros entes regionales e internacionales, como ser el Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo Monetario Internacional, entre otros, demuestran que uno de los grandes impulsores de la economía nacional cuyo peso se ha reafirmado con mayor preponderancia año con año ha sido el ingreso de remesas al país, factor que a su vez ha representado -y lo sigue haciendo- el principal generador de divisas al país.

Ante la innegable importancia que representan estas remittances para la sostenibilidad de la economía nacional, habrá que idear los mecanismos que permitan mantener y continuar el aprovechamiento de estos ingresos en caso que el acuerdo sea revocado, derivando en una virtual suspensión -o terminación- de la “importación” de éstos recursos. En consideración de lo anterior y bajo un esquema propositivo encaminado a un fortalecimiento de inversión en el país, sería prudente considerar la implementación de un sistema que colabore a la captación de estos recursos, en primera instancia, por medio de la creación de programas especiales de naturaleza fiscal que ofrezcan a los beneficiarios del acuerdo la “importación” de sus reservas al país, libres del pago de impuestos con el fin de incentivar proyectos de emprendimiento, mismos que a su vez pudieren derivar en la generación de oportunidades de empleo y últimamente significaren un medio alternativo para controlar la eventual descompensación que en términos de crecimiento económico representaría una terminación del acuerdo. Derivado de esto último, valdría la pena recalcar que nuestra legislación fiscal rige la recaudación de impuestos en base al principio de renta territorial, supuesto bajo el que teóricamente los hondureños repatriados podrían gozar de una exención en el pago de impuestos por la “importación” de los recursos generados en la nación norteamericana. Por otro lado, contribuiría oportunamente la ideación de mecanismos accesorios por parte del órgano legislativo hondureño que ofrezcan incentivos fiscales adicionales, llámense éstos programas, proyectos o regímenes fiscales especiales, o ratifique los ya existentes en beneficio particular de aquellos hondureños que retornarían al país como resultado de una terminación del acuerdo, medidas que fortalecerían en términos de seguridad jurídica la captación de estos recursos.

Ciertamente, las repercusiones de una terminación del acuerdo no solamente trascenderían a nivel gubernamental, esto en términos de alteración de los componentes migratorios, económicos, laborales y sociales, sino que ello también exigirá una participación activa y propositiva por parte del sector privado como principal actor y generador en términos de creación de oportunidades, por lo que la tarea de mitigar estas implicaciones requerirá de una labor conjunta entre el Estado y los grupos económicos que conforman dicho sector.

Por ahora, el país pende de la decisión última que adopte el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. El acuerdo ha sido extendido para los hondureños residentes en dicho país hasta enero de 2018, quienes se encuentran expectantes de una renovación del acuerdo. En caso de no concretarse este escenario, sí lo deberán las medidas de adaptación necesarias para miles de hondureños cuyos futuros enfrentarían la incertidumbre, medidas que más temprano que tarde deberán materializarse en vías de mantener, y eventualmente optimizar, el funcionamiento común del país.

Para más información jjimenez@consortiumlegal.com